Derechos o derecha

Derechos o derecha

El Congreso de los Diputados ha cerrado el paso a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Con los votos de PP, Vox y Junts —178 frente a 170—, las enmiendas a la totalidad han tumbado el proyecto del Gobierno, en medio de las protestas sindicales y sociales que reclamaban abrir este debate largamente esperado por legítimo y por justo en su reconocimiento de derechos. La imagen es clara: tres derechas distintas, pero unidas en el mismo denominador común neoliberal, que vuelve a colocar la economía en el centro de la política.

No es un simple desacuerdo técnico. Es un dilema ético y político: derechos o derecha. De un lado, el sindicalismo confederal —y su acuerdo con el Gobierno en esta materia, fruto de 11 meses de diálogo social con desbandada incluida de la patronal que nunca quiso negociar realmente—, las organizaciones sociales y movimientos eclesiales como la HOAC y la JOC —también en su momento la Conferencia Episcopal y la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente—, junto al propio Gobierno y diversos grupos parlamentarios, han defendido que reducir el tiempo de trabajo es posible en términos económicos y es parte de la dignidad de las personas, una medida que garantiza descanso, vida personal y social, y justicia redistributiva. Del otro, las tres formaciones que, más allá de sus diferencias, han optado por blindar intereses empresariales frente al bien común.

La vicepresidenta Yolanda Díaz interpeló con dureza a estas fuerzas. Recordó que no se trataba de dar “una bofetada al Gobierno”, sino a millones de trabajadores que llevan más de cuatro décadas con la misma jornada máxima legal, mientras aumenta la productividad y se multiplican los abusos de horas extra no pagadas.

En realidad, lo que estaba en juego no era un privilegio, sino el cumplimiento del artículo 40.2 de la Constitución, que manda limitar la jornada y garantizar el descanso necesario; la validez de un acuerdo social fruto de once meses de diálogo con sindicatos; y la posibilidad de dar un paso esencial en justicia redistributiva y dignidad laboral, situando a la persona y al bien común en el centro de la acción política.

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La Hermandad Obrera de Acción Católica lo ha expresado con claridad: la reducción de jornada no es una concesión ideológica, sino un paso en el camino de la justicia social y del respeto a la dignidad de las personas. La Doctrina Social de la Iglesia recuerda que los derechos laborales deben estar siempre al servicio de la persona y no del beneficio económico. Como advertía Juan Pablo II, la economía ha de adaptarse a las necesidades humanas. Además, la experiencia demuestra que los augurios catastrofistas rara vez se cumplen: no ocurrió con la implantación de las 40 horas semanales, ni con las sucesivas subidas del salario mínimo, ni con la última reforma laboral.

El bloqueo de la jornada a 37,5 horas no cierra el debate, sino que lo reabre con más fuerza y le da recorrido. La votación de este miércoles dibuja dos modelos de país: el que sigue confiando en que el mercado regule la vida social y el que reclama que el tiempo de trabajo se reduzca para que la vida personal y comunitaria no sea un lujo, sino un derecho. La mayoría de la ciudadanía apoya esta propuesta que ahora decae: un derecho aplazado que exige seguir empujando hasta que vuelva a la sede de la soberanía popular. El dilema sigue siendo el mismo: derechos o derecha.