El Gobierno lleva la reducción de jornada al Consejo de Ministros, mientras los sindicatos acusan a Junts de “fraude democrático”
El Consejo de Ministros aprobará hoy, tras posponer su validación debido al apagón de la semana pasada, el proyecto de ley de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, para su envío en el Congreso donde podría ser rechazado si el grupo parlamentario catalán Junts no cambia su postura en contra anunciada ayer mismo.
El proyecto que debía haber salido del Consejo de Ministros el martes 29 de abril quedó aplazado por el apagón del día anterior. La reducción de la jornada fue acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT hace ya más de dos meses y aprobada como anteproyecto de ley con los perceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES).
El borrador de la ley se presenta, por tanto, después de la celebración del 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, en la que CCOO y UGT reclamaron la aprobación de la semana laboral máxima de 37,5 horas. Se calcula que unos 12 millones de trabajadores se verán beneficiados de la reducción de jornada cuando ésta entre en vigor.
En concreto, según el Departamento que dirige Yolanda Díaz, los colectivos más beneficiados por esta medida serán los trabajadores no cubiertos por convenios colectivos, que pueden verse sometidos a una jornada laboral similar a la de los últimos más de cuarenta años (40 horas semanales) y que se presentan con mayor intensidad en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.
Sin embargo, la CEOE no ha variado su postura y mantiene su oposición a esta norma, al considerar que la rebaja del tiempo de trabajo tendrá efectos adversos en la economía y el empleo, fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas.
El PP ha justificados su oposición a esta norma por la falta del aval empresarial, por lo que la decisión de Junts, anunciada ayer, de votar en contra y presentar una enmienda a la totalidad ha supuesto un jarro de agua fría a las expectativas de los socios que sostienen al Gobierno.
La portavoz del grupo conservador catalán Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, afeó a los grupos parlamentarios del Ejecutivo la falta de diálogo sobre el proyecto. “Nos hemos encontrado la puerta cerrada ante la posibilidad de poder negociar ni siquiera una coma de este texto, que se ha negociado sólo son los sindicatos españoles. Se ha dado la espalda al tejido productivo y laboral de Catalunya, que es muy diferente del que hay en España”, se lamentaba,
Nogueras avanzó, de paso, la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de ley, que ve como “un ataque frontal a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas” catalanas, con la justificación de que pone en riesgo “la supervivencia y viabilidad de muchas empresas, y en consecuencia, también muchos puestos de trabajo” en Cataluña.
Por contra, el Ministerio de Trabajo quiere que la ley se apruebe en el Congreso lo antes posibles para dar tiempo a las empresas a adaptarse a esta rebaja de la jornada máxima y establecer en los convenios colectivos las 37,5 horas semanales antes de que acabe este año.
Además de la rebaja de jornada el proyecto de ley establece la reformulación del control horario, que se deberá tener lista en seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Este registro horario será digital e interoperable y la Inspección de Trabajo podrá saber en tiempo real qué jornada hace cada trabajador.
Al mismo tiempo, el proyecto de ley que aprobará el Consejo de Ministros incluye el derecho irrenunciable a la desconexión digital, para que ningún trabajador tenga que responder a un correo electrónico o a una llamada cuando estén fuera de su jornada laboral.
El articulado del proyecto de ley prevé multas de hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas.
Así, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
Conscientes de que la tramitación parlamentaria de la norma modificar lo acordado, los sindicatos CCOO y UGT ya han advertido de que “presionarán” a las formaciones políticas para que “no desnaturalicen” lo que pactaron con Trabajo y han anunciado que seguirán movilizándose para lograr que el Parlamento dé el visto bueno a una medida que desea “casi toda la sociedad española”.
“Fraude democrático”
De hecho, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado de “fraude democrático” la enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales anunciada por Junts.
“La movilización sindical está garantizada si los grupos parlamentarios siguen cometiendo este fraude democrático”, ha avisado Sordo.
“Queremos conocer, lógicamente, el contenido de esa enmienda a la totalidad, pero nos parece lamentable que un acuerdo que tiene la legitimidad de la mayoría absoluta de la representación de la clase trabajadora tanto en España como en Cataluña, un grupo como Junts, se permita ni más ni menos que enmendarlo a la totalidad sin tener en cuenta las posiciones de los trabajadores”, ha expuesto.
Así, Sordo ha denunciado el “obstruccionismo” de Junts a una medida que comparte el conjunto de la población catalana “muy mayoritariamente” y ha asegurado que desde CCOO serán muy “beligerantes” con todos aquellos que pretendan cortar “un derecho” de los trabajadores, que es “trabajar menos para vivir mejor” para generar más empleo y mejorar la productividad.
Redactor jefe de Noticias Obreras
