Las grandes empresas españolas reducen su contribución fiscal y apenas avanzan en responsabilidad ambiental
Las grandes empresas españoles mejoran algo en transparencia, pero siguen lejos de contribuir equitativamente a la Hacienda pública y a la mitigación del cambio climático según un informe elaborado por CCOO.
La desigualdad retributiva se sigue siendo abismal. El primer ejecutivo gana 73 veces más que el salario medio de su plantilla, mientras que la alta dirección percibe 20,9 veces más y los consejeros de administración 11 veces más.
A pesar de que la presencia de mujeres en los consejos de administración se encuentra muy cerca de alcanzar el 40% establecido por la normativa y las recomendaciones de buen gobierno, situándose en un 39,9%, en la alta dirección, este porcentaje, aunque crece ligeramente, no acaba de despegar quedándose en el 24,1%.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de las mujeres que llegan a los altos puestos actúan como consejeras independientes. En conjunto, diferencia entre las retribuciones de los hombres y las mujeres fue del 9,83%.
Las empresas del IBEX 35 obtuvieron en 2023 unos beneficios de 51.400 millones de euros un 3,8% más que en el ejercicio anterior, dedicando el 56% de sus beneficios a dividendos.
Menos aportación a la Hacienda española
La contribución fiscal total por impuestos sobre beneficios de las empresas del IBEX 35 en España fue de 6.211,3 millones de euros, más de 750 millones menos que en 2022. Iberdrola, BBVA y Endesa encabezan la lista que más aportaron fiscalmente.
Con todo, su esfuerzo fiscal ha mejorado a nivel global, pero su contribución a la hacienda pública española, en cambio, ha disminuido. Los datos de la Agencia Tributaria reflejan unos ingresos de 339.000 millones de euros, de los que sólo estaban sujetas a tributación 180.000.
El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha explicado que el diferencial entre beneficio contable y base imponible la causa del diferencial entre beneficio contable y base imponible es “la capacidad de planificación y utilización estratégica del entramado de mecanismos fiscales que permiten minorar la contribución fiscal”.
Cumplimiento de la normativa laboral
La suma de personas empleadas llegó a 1.263.000 personas. El 62,7% trabaja fuera de España y el 48% son mujeres. Además, la tasa de temporalidad es del 7% y la de parcialidad del 15%, ambas por debajo de la media nacional.
El estudio también confirma que estas empresas cumplen en mayor medida con la cuota de inclusión de personas con discapacidad, alcanzando el 2,2% con 26.000 personas empleadas en esta categoría.
La negociación colectiva interviene para determinar las condiciones del trabajo del 78% de las personas ocupadas estas compañías, casi dos puntos porcentuales más que en 2022.
En empresas como Acciona, Caixabank, Bankinter y Unicaja la cobertura alcanza al100% de sus empleados, mientras que en Grifols no pasa del 21% y en Amadeus llega al 42%.
Eso sí, el sindicato puntualiza que la información sobre los convenios colectivos confusa y cita a Redeia, que se limita a constar que el 98,8% de sus empleados están representados por sindicatos, pero sin precisar el grado de cobertura efectiva de los convenios colectivos.
Esta práctica, no obstante, no alcanza en igual medida a las plantillas de fuera de nuestro país. El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha destacado que “el informe desvela que las empresas del IBEX35 tienen una buena tasa de cobertura de negociación colectiva en España, pero no en el extranjero.
“Tenemos 21 empresas que tienen actividad en 11 países calificados de nivel cuatro, es decir, con violaciones sistemáticas de los derechos, y en 19 países que tienen nivel cinco, de derechos no garantizado”, según los indicadores de la Confederación Sindical Internacional.
Disparidad de criterios en siniestralidad laboral
La disparidad de criterios se hace más patente todavía al comunicar la frecuencia y gravedad de los accidentes laborales. Algunas compañías, como ACS, incluyen en sus cálculos los accidentes en jornada laboral, mientras que Acciona solo contabiliza aquellos con pérdida de tiempo de trabajo, por ejemplo.
Aunque se han producido avances en la reducción de emisiones, con una apuesta significativa por el uso de energías renovables, en 2023, las emisiones de gases de efecto invernadero directas e indirectas de estas compañías alcanzaron los 75 millones de toneladas de CO₂, una reducción del 8,2% respecto al año anterior.
Eso sí, los sectores de la energía, la construcción y la industria manufacturera continúan siendo los mayores emisores y, aunque algunas empresas, como Iberdrola y Endesa, han reforzado su transición hacia fuentes renovables, y otras, como Repsol y Naturgy, tienen serias dificultades para reducir su huella de carbono.
También el consumo de agua y la generación de residuos siguen siendo problemáticos en industrias intensivas, como la química y la siderúrgica.
La falta de estándares homogéneos y la dependencia de compensaciones de carbono en lugar de reducciones reales plantean para a la investigación dudas sobre la efectividad de las políticas medioambientales, adoptadas por las empresas.
La rendición de cuentas amenazada
El seguimiento sobre buen gobierno de las principales empresas españolas que viene realizando este sindicato desde hace más de una década, anticipándose a la normativa sobre transparencia y responsabilidad corporativa evalúa los avances en la negociación colectiva, la salud laboral, las retribuciones de la alta dirección y su comparativa con los salarios de los trabajadores, así como aspectos relacionados con la contribución fiscal, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental de estas empresas.
“Hay un gran margen de mejora en la información que dan las empresas del IBEX35. Hay mayor transparencia en los informes sobre gobierno corporativo y de remuneración, donde hay unos estándares de la CNMV. Y una menor transparencia en los informes de sostenibilidad y estados de información no financiera, como emisiones de GEI o la salud laboral”, ha explicado uno de los autores del informe financiado por la Fundación 1 de Mayo, Luis de la Fuente,
La directiva 2014/95 obligará a las mayores empresas europeas a facilitar información más completa sobre el impacto social y ambiental de sus actividades, aunque el proyecto ómnibus europeo podría rebajar la calidad de los datos, de ser definitivamente aprobado.
El sindicato ya se ha pronunciado en contra de rebajar las exigencias de transparencia y de responsabilidad corporativa, además de reclamar una mejor información fiscal país por país.
Redactor jefe de Noticias Obreras
