El imperativo democrático de acabar con las discriminaciones y la exclusión del pueblo gitano (I)

El pasado 7 de enero de 2025 el Consejo de Ministros aprobó una declaración institucional con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a nuestro país y declaró el 2025 como “Año del Pueblo Gitano en España”. En dicha declaración se señala que este hito supone “una oportunidad histórica para reconocer y celebrar la profunda huella cultural, social y lingüística que el pueblo gitano ha dejado en nuestra nación”, y también para “reconocer las injusticias históricas y actuales a las que se enfrenta el pueblo gitano”, asegurando que este es “un paso ineludible” en el objetivo de “garantizar una vida en igualdad y libertad para ellos y ellas, y para toda la ciudadanía”.
El Ejecutivo reconoce que “estas desigualdades son el resultado de siglos de rechazo, racismo, discriminación y marginación” y recuerda que muchas personas gitanas siguen enfrentándose, todavía hoy, a “importantes barreras” y que “la discriminación estructural y los prejuicios no solo limitan sus oportunidades, sino que perpetúan la exclusión social y económica”.
Pasar de la retórica al logro de lo enunciado
Considero muy oportuna la declaración institucional del Gobierno. Ahora bien, mi amigo el escritor gitano Antonio José Heredia me comenta: “Como gitano, se agradece a este Gobierno la declaración del año 2025 como año del pueblo gitano. Otra cosa es la situación y el estado en que están gran parte de las familias gitanas en España 600 años después, en donde el fracaso escolar, la infravivienda y la ausencia del estado de bienestar sigue en aumento año tras año. Nada que celebrar mientras no haya una ley integral de memoria histórica con el Pueblo gitano”.
En uno de los medios que se hacen eco de esta noticia un lector exclama airado en referencia a las manifestaciones del ministro Pablo Bustinduy: “Que dice este flipao? Esto es una broma? Pero si viven de nosotros de las ayudas la gran mayoría, que vais a montarles una fiesta”.
Estos dos testimonios contrapuestos nos ilustran no solo sobre la persistencia de unas enormes desigualdades, sino también el antigitanismo por el que sectores importantes de la sociedad mayoritaria culpabilizan de su situación a los propios gitanos y gitanas. Por consiguiente, es obvio que el desafío estriba en cómo pasar de la retórica de lo señalado en esta declaración gubernamental al logro de los objetivos enunciados en la misma.
Existe el riesgo de que la conmemoración de esta efeméride de los 600 años de la llegada del “pueblo romaní” a España se quede reducida a una ocasión más desaprovechada, que oscile entre el silenciamiento desdeñoso y la reducción a un paripé –término de origen romanó, por cierto– que se agota en un número acotado de manifestaciones y actos… Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades, si nos aplicamos a ello, puede representar también una oportunidad de reparación histórica y social.
Las asociaciones gitanas llevan insistiendo desde el comienzo de la democracia en la doble necesidad de acabar con la multisecular trayectoria de discriminación y exclusión social de su pueblo y en el reconocimiento político y cultural del mismo, con cuatro principales demandas: el derecho a trabajo y medios de vida dignos; el derecho a la vivienda; el derecho a la educación; y el reconocimiento institucional del pueblo gitano.

Miembro de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, Asociación Presencia Gitana y del Grupo de Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.