Con los derechos de la gente no se juega
Este 2 de febrero, miles de personas saldremos a las calles en toda España para recordar algo esencial: los derechos de las personas no pueden ser moneda de cambio en la táctica partidista. La convocatoria de movilizaciones impulsada por los sindicatos CCOO y UGT surge en un contexto de creciente polarización política, donde derechos básicos que garantizan el bien común han sido utilizados como herramienta de desgaste contra el Gobierno. “Las personas y sus derechos no pueden ser rehenes de la lucha partidista ni de los intereses inmediatos de algunos partidos políticos”, afirman las organizaciones de trabajadoras y trabajadores en su manifiesto.
El episodio más reciente de esta estrategia se dio en la votación de las medidas de revalorización de las pensiones y de diversas medidas de protección social, el llamado escudo social, que fueron eliminadas en el Congreso de los Diputados con los votos de una alianza conformada por PP, VOX y Junts. No fue una oposición basada en el contenido de las medidas –pues días después, los mismos actores, excepto la formación ultra de Abascal que se desentiende de nuevo de los problemas de la gente, aprobaron un nuevo decreto–, sino una maniobra política que lesionó la dignidad de millones de personas. Considero que la posición con la formación catalana respondió, en gran parte, a su necesidad de diferenciarse del resto de formaciones políticas (sobre todo de ERC) y exhibir capacidad de influencia en el Gobierno. Por su parte, el Partido Popular se vio obligado a rectificar y apoyar el nuevo decreto, evidenciando que su rechazo inicial no respondía a una convicción real, sino a una estrategia de confrontación política. Chalaneo político a partes iguales.
Estas prácticas recurrentes en la política parlamentaria debilitan la confianza en las instituciones y generan incertidumbre entre quienes más necesitan respeto y certezas. Es hora de exigir un compromiso real por el bien común, ese principio esencial de la Doctrina Social de la Iglesia, que interpela directamente a la política –también a formaciones de “inspiración católica” o con “alma humanista” –, como recuerda el papa Francisco al afirmar que “es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común” (Evangelii gaudium, 205). Esta afirmación implica asumir que la dignidad de cada persona debe ser el centro de toda acción política.
Ante esta situación, los sindicatos han reaccionado con firmeza, denunciando lo que consideran un “juego” con los derechos de miles de personas trabajadoras y de los colectivos más vulnerables. La convocatoria de movilizaciones no es solo una respuesta a esta maniobra, sino un recordatorio de que la ciudadanía no puede permanecer impasible cuando se ponen en riesgo cuestiones fundamentales que garantizan unas condiciones de vida más justas, sobre todo para una mayoría social y, especialmente, para personas que peor lo están pasando. Más aún cuando sigue pendiente una agenda sociolaboral crucial que incluye debates sobre la reducción de la jornada laboral, la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o la mejora del sistema de protección ante el despido. Estas cuestiones requieren un debate responsable que permita promover el bien común y alcanzar mayores cotas de justicia social.
En esta ocasión, además, la convocatoria trasciende el ámbito sindical, al incorporar a movimientos sociales y eclesiales comprometidas con la justicia social, en la necesidad de dar una respuesta compartida y plural ante la degradación del debate político. Esto va de calidad democrática.
Desde este compromiso con la justicia y la dignidad humana, la HOAC ha participado en el proceso de articulación de la movilización junto con los sindicatos y otros colectivos sociales. En este sentido, hemos expresado nuestro rechazo a estas dinámicas políticas, calificándolas de perversas y contrarias a la construcción del bien común y que la vida y la dignidad de las personas merecen respeto.
“Como Pueblo de Dios comprometido con el mundo del trabajo y en los ambientes populares, reafirmamos nuestra convicción de que una sociedad justa se construye sobre la base de la solidaridad, la equidad y el respeto a la dignidad de cada persona. Es imperativo que las instituciones y actores políticos actúen con responsabilidad y ética, priorizando el bien común y la protección de quienes enfrentan mayores dificultades”, sostiene el comunicado de la HOAC.
Por ello, realizó un llamamiento a las organizaciones eclesiales comprometidas con la justicia social, para que se sumen a estas movilizaciones “en defensa de una sociedad esperanzada y solidaria”.
Hay otro aspecto que apenas ha trascendido y que resulta especialmente grave: el nuevo Real Decreto-Ley ha dejado fuera la ayuda económica de 4,5 millones de euros destinada a Ceuta para sostener los programas de atención a menores no acompañados. Una exigencia de Junts para convalidar el decreto, que implica dejar sin apoyo, para acoger e integrar, a niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad.
Excluir esta ayuda es una decisión que atenta contra los principios básicos de humanidad y solidaridad. No hay justificación ética ni política para desproteger a los menores más frágiles por intereses partidistas en clave catalana. Se trata de una cuestión de justicia elemental: la política está llamada a proteger a los más vulnerables.
Por todo ello, la movilización del 2 de febrero cobra aún más sentido. Se trata de levantar la voz contra una forma de hacer política que pone en peligro la dignidad de las personas. Salir a la calle ese día es un acto de responsabilidad colectiva y un ejercicio de memoria: con los derechos de la gente no se juega.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
