Concentración por el uso social de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel

Centenares de vecinos y vecinas de Carabanchel y Aluche participaron en la concentración por el uso social de los antiguos terrenos de la cárcel, el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la creación de un centro de memoria histórica.
En una soleada mañana, activistas, vecinos y viandantes se acercaron para escuchar las reivindicaciones de los colectivos convocantes y charlar alrededor de las mesas informativas donde se exponían los planes de las administraciones y el valor arqueológico y memorístico de la zona.
La coordinadora vecinal por el uso social de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, junto con el sindicato de Inquilinas de Madrid y el sindicato de Vivienda de Carabanchel organizaron un acto reivindicativo en la explanada del metro de Eugenia de Montijo, que incluyó actuaciones musicales y talleres artísticos.
La reivindicación del uso social de los terrenos de la antigua prisión, demolida en 2008, ha vuelto a resurgir a raíz de la cesión del Ministerio del Interior, propietario de parte de los terrenos, a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), gestionada por el Ministerio de Vivienda. La gestión del resto de la superficie está en manos del Ayuntamiento de Madrid.
“El hecho de que el Ministerio del Interior haya cedido los terrenos a la nueva empresa estatal de vivienda no garantiza que en su totalidad vaya a ser pública y en alquiler”, advierten las organizaciones que recuerdan que en el caso de la Operación Campamento en el distrito de Latina se van a construir más de 10.000 pisos viviendas, de las que el 65% tendrán algún tipo de protección oficial y el resto serán libres.
Las entidades reclaman la construcción de vivienda pública en alquiler accesible en los terrenos de la cárcel de Carabanchel, además de dotaciones sociales, entre ellas ,“un hospital, una escuela pública y un centro de mayores”, junto con el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), que se encuentra en el edificio del antiguo Hospital Penitenciario, el único de todo el complejo que se mantuvo en pie, y proponen que se conviertan en un centro de Memoria Histórica.
Los colectivos sociales piden que todo el suelo de uso residencial se destine a construir viviendas públicas de alquiler, cuyo coste no supere el 20% de los ingresos de las unidades familiares y la devolución de la superficie concedida en un principio a la inmobiliaria Pryconsa.
En Madrid, actualmente, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) gestiona 7.570 viviendas, mientras que la Agencia Social de la Vivienda de la Comunidad de Madrid cuenta con 12.507, lo que supone apenas el 1,4% del parque de viviendas de la ciudad. En el distrito de Latina, la situación es aún más crítica, con un porcentaje de vivienda pública en alquiler que no supera el 0,35%.

Redactor jefe de Noticias Obreras