Los sindicatos advierten que “los derechos de la gente no pueden ser rehenes de intereses partidistas”

Los sindicatos advierten que “los derechos de la gente no pueden ser rehenes de intereses partidistas”
Los sindicatos CCOO y UGT han convocado movilizaciones en toda España para el próximo domingo, 2 de febrero, con el lema: “Con los derechos de la gente no se juega”.

Estas convocatorias denuncian el uso oportunista de los derechos sociales y la protección de la mayoría social, especialmente de los más vulnerables. Según el manifiesto conjunto, “las personas y sus derechos no pueden ser rehenes de la lucha partidista ni de los intereses inmediatos de algunos partidos políticos”.

La reciente no convalidación del Real Decreto Ley 9/2024 en el Parlamento ha puesto en peligro diversas medidas sociales que afectan a millones de personas. Entre ellas, se encuentran:

  • La revalorización de las pensiones para más de 10 millones de pensionistas.
  • La continuidad del ingreso mínimo vital (IMV) para 2 millones de beneficiarios.
  • El incremento de las pensiones mínimas entre un 6% y un 9%.
  • La moratoria de desahucios para familias vulnerables.
  • Las ayudas para las víctimas de la DANA y el volcán de La Palma.
  • El apoyo al transporte público para más de 20 millones de usuarios.

Los sindicatos afirman que “no podemos permitir que estos derechos sean moneda de cambio en una disputa estéril y artificial”. Destacan que lo importante no es cómo se tramitan las medidas, sino que se aprueben y entren en vigor. La negativa a convalidar este decreto no se debió a su contenido, sino a una estrategia política de castigo al Gobierno. “No importa cómo se tramiten las medidas, lo importante es que se aprueben y entren en vigor”, señalan.

El pasado martes, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 1/2025, que recupera las medidas bloqueadas. Los grupos parlamentarios que rechazaron el primer real decreto, menos la formación ultra de VOX, han anunciado que esta vez sí lo respaldarán.


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Sin embargo, los sindicatos advierten que estas medidas han sido posibles gracias a la movilización social y al desgaste político que supone para quienes votaron en contra. “Los derechos de la gente no pueden ser rehenes de intereses partidistas”, destacan el manifiesto sindical.

Las organizaciones sindicales recuerdan que aún quedan temas pendientes en la agenda sociopolítica como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, un compromiso alcanzado con el Gobierno que debe tramitarse en los próximos meses. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, que afecta a numerosas políticas públicas y dificulta su implementación. La reforma fiscal comprometida en el Plan de Recuperación, necesaria para garantizar el desarrollo de políticas sociales e inversiones. La mejora de la financiación y calidad del empleo y los servicios de atención a la dependencia y una estrategia de cuidados que elimine la sobrecarga de género en el trabajo doméstico y de atención. “Nos movilizamos en todo el país para dejar claro que aún quedan muchos derechos por conquistar y estaremos vigilantes de que ocurra”, destacan.

“La vida y la dignidad de las personas merece respeto”

Según informó Noticias Obreras, el pasado miércoles los líderes sindicales se reunieron en el Centro Pastoral San Carlos Borromeo de Entrevías, Madrid, con diversas organizaciones sociales y eclesiales para dialogar sobre la situación, coincidiendo en que la movilización no solo busca asegurar la aprobación parlamentaria de las medidas sociales en debate, sino también impulsar nuevos avances y reorientar la acción política hacia los problemas reales de la ciudadanía.

Desde la HOAC, Abraham Canales, defendió la importancia de una política orientada a promover la dignidad humana y alertó sobre la creciente polarización del debate público, que convierte a los sectores más desfavorecidos en rehenes de estrategias electorales. Canales denunció que “está dinámica es perversa y no colabora con la construcción del bien común. La vida y la dignidad de las personas merece respeto”.

Las organizaciones participantes coincidieron en que las medidas sociales aprobadas son “paliativas” y en la necesidad de continuar la movilización para asegurar políticas alineadas con los intereses de la mayoría social. Desde la plataforma antidesahucios (PAH), Paco Morote advirtió que el decreto apenas resuelve la emergencia habitacional, mientras que FACUA-Consumidores en Acción reclamó un mayor impulso al bono social energético y una política de vivienda pública más firme.

Por su parte, las entidades ecologistas, como Ecologistas en Acción y Greenpeace, denunciaron la falta de estabilidad de las ayudas al transporte público, que dependen de renovaciones periódicas, y la insuficiente ambición en materia de movilidad sostenible. El representante de la Plataforma de Pensionistas llamó a evitar una confrontación intergeneracional y pidió más recursos para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social. La Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES) insistió en la urgencia de una reforma fiscal progresiva y en el desarrollo de políticas efectivas contra la vulnerabilidad social.

El presidente de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), Francho Gracia, puso el foco en las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda y al empleo, así como en la situación de los jóvenes migrantes, quienes no solo enfrentan campañas de odio, sino que además carecen de una red de apoyo social y de la protección jurídica adecuada.

Los sindicatos exigen que “los grupos parlamentarios cumplan con su palabra y aprueben el nuevo real decreto-ley sin más dilaciones”. Además, instan a que “se ocupen de las necesidades de la gente y no vuelvan a utilizar sus derechos como moneda de cambio”.