Aprobada la extensión de las autorizaciones a personas migrantes afectadas por la dana
El Consejo de Ministros ha aprobado la extensión por un año de los permisos de residencia y trabajo a personas migrantes afectadas por la dana. La regularización de su situación se realizará bajo el supuesto de “circunstancias excepcionales sobrevenidas”.
Las personas migrantes que figuren en los padrones o tenga cita para empadronarse en los municipios afectados por la gran inundación del pasado mes de octubre podrán solicitar la documentación necesaria, así como sus cónyuges, hijos menores de edad o de sus parejas o hijos adultos con alguna discapacidad que limite su autonomía.
Aquellas que posean autorizaciones de larga duración que caduquen entre el 30 de julio de 2024 y el 1 de abril de 2025 podrán acogerse a la renovación automática. Personas extranjeras estudiantes y voluntarias también podrán solicitar la prórroga. Los familiares extranjeros de víctimas mortales de la dana ya podían recibir las autorizaciones con una vigencia de cinco años.
La Administración central calcula que esta medida permitirá la estancia de forma legal en nuestro país a entre 25.000 personas y 30.000 personas, que podrán acceder a las ayudas contempladas dentro del escudo social desplegado tras la catástrofe ambiental.
Con ello, se pretende evitar que las personas migrantes acaben en la irregularidad por haber dejado de cumplir los requisitos que exige la ley, por ejemplo, al haber perdido el empleo.
Más que una regularización extraordinaria, se trata esta vez de una flexibilización de los supuestos legales para la concesión de los permisos de residencia y trabajo, cuya eficacia va a depender del cumplimiento de los Ayuntamientos de su obligación legal de empadronar a toda persona que viva en sus municipios.
Garantizar derechos y protección social
Entidades sociales, sindicatos y empresarios habían pedido la extensión de los permisos a personas migrantes afectadas por la dana. De hecho la medida, se ha aprobado después de consultar a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración y a la Abogacía del Estado.
“Esta decisión garantizará el acceso a derechos para personas en situación de extrema vulnerabilidad, como es la población migrante que depende de autorizaciones y permisos para mantener su estatus de regularidad administrativa y acceder a la protección social”, expone CCOO en un comunicado.
La organización de trabajadores, a su vez, advierte que “es imprescindible una adecuada dotación de medios humanos y materiales por parte de la Administración para hacerlas efectivas en los plazos previstos”
Entre otras razones, porque estas autorizaciones deben tramitarse, “de manera preferente y con carácter gratuito”, a la ver que “la casuística de regularizaciones ordinarias que prevé el nuevo reglamento de la Ley de extranjería que entrará en vigor el próximo 20 de mayo”.
Aunque UGT celebra este paso, señala el retraso con que se ha tomado la decisión, por lo que propone que se elabore un protocolo para que, en situaciones extraordinarias, se adopten medidas enfocadas a paliar las consecuencias que afectan a las personas migrantes.
Con todo, está pendiente de debate en el Congreso de los Diputados, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes en situación irregular. El Movimiento Regularización sigue defendiendo esta propuesta para acabar con la irregularidad administrativa”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
