La nueva Formación Profesional: Una oportunidad para reducir las desigualdades
Parece que ha pasado mucho tiempo desde la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (FP), pero justo ahora se cumplen nueve meses de su publicación en marzo.
La campaña institucional de información y consulta previa con los agentes del ecosistema de FP ha sido intensa y larga, empezó con la aprobación del Plan de Modernización en el 2020 y, aunque nos dé la impresión de que hayamos avanzado mucho por las inversiones millonarias en el sistema de FP, lo más difícil está por hacer: su desarrollo normativo.
Si tenemos en cuenta que la anterior ley de FP es del año 2002 y se ha ido desplegando hasta escasos meses antes de la aprobación de la nueva ley, podemos decir que de momento el desarrollo va a un buen ritmo.
El compromiso y la apuesta por la FP del Gobierno de coalición es indudable y muy ambiciosa, con un presupuesto histórico para esta etapa que nunca antes había recibido tanto dinero de fondos propios y europeos; tampoco nunca antes había superado el millón de alumnos ni había tanta demanda.
Mediante un real decreto previo a la ley se reestructuraron las competencias ministeriales y Educación asumió gran parte de la competencia y de la cuota para la formación que tenía el Ministerio de Trabajo y la responsabilidad de desarrollar esta ley que integre la Formación Profesional inicial y a lo largo de la vida y que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de formación de la ciudadanía y del sector productivo.
Novedades de la nueva ley
Las principales novedades de la nueva ley y los retos que presenta su desarrollo no son pocos y su éxito dependerá del presupuesto destinado por todas las Administraciones, del desarrollo normativo y del compromiso del sector privado que asume una parte importante de la formación. A continuación se detallan algunas de ellas:
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Política Educativa de Federación de Enseñanza de CCOO