Adoración Guamán: “La relación entre empresas transnacionales y derechos humanos se caracteriza por la impunidad y la indefensión”
Adoración Guamán, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, ha participado este 29 de junio en el diálogo #VenyloVerás de Noticias Obreras sobre la Diligencia debida frente a la impunidad de la violación de los derechos laborales y ambientales
El complejo fabril Plaza Rana en Bangladesh, donde se cosía para grandes marcas europeas, se derrumbó en 2013 y 1.134 personas murieron, la mayoría mujeres. En 1984, por culpa de las inexistentes medidas de seguridad de la fábrica de productos químicos Union Carbide en Bhopal (India), casi medio millón de personas quedaron expuestas al gas isocianato de metilo, terriblemente tóxico. Miles de ellas murieron, miles quedaron incapacitadas. H&M, una multinacional de ropa, no tiene en su plantilla a nadie que cosa. Primark vende a 2 euros las camisetas.
La esclavitud moderna prospera a través de las cadenas globales de valor. Empresas transnacionales que externalizan su responsabilidad hacia países que venden barato sus recursos naturales y su mano de obra, con un control sindical y normativo más laxo. “El problema es el sistema”, ha dicho Adoración Guamán, “la propia estructura de las empresas transnacionales, en las que las violaciones de los derechos laborales y ambientales se han convertido en elemento consustancial de las cadenas de valor”. Considera que actualmente, la relación entre empresas transnacionales y derechos humanos se caracteriza por la impunidad y la indefensión. Es necesario, por tanto, que sus actuaciones indebidas, tengan consecuencias.
Para ello renace el concepto de “diligencia debida“, que proviene del derecho romano referido al cálculo de los riesgos que tienen que hacer las empresas, pero en este caso aplicado a los derechos humanos. Hasta el momento se han editado varias guías, como la de la OCDE, que marcan cómo deberían actuar las empresas a la hora de identificar los riesgos laborales y medioambientales, prevenirlos, repararlos y transparentar todo lo que se están haciendo en toda su cadena global de valor.
De momento, hay una ley aprobada en 2017 en Francia gracias a la unión entre ONGD, sindicatos, la academia crítica y una parte de la asamblea legislativa. Fruto de esa norma pudieron obligar a McDonald’s a incluir los riesgos laborales de las trabajadoras y trabajadores de Brasil que cultivaban las naranjas para sus zumos. Esta norma preocupó a la Comisión Europea por si su proliferación en otros Estados llevaba a afectar a la libertad económica y de empresa, así que lanzó una propuesta de directiva para proteger al capital que en estos momentos se está cocinando.
En nuestro país, ha informado, que el Ministerio de Derechos Sociales ha creado una comisión de personas expertas de la que forma parte para redactar un anteproyecto de Ley. El borrador del texto establece el proceso que tiene que desarrollar las empresas para cumplir la “diligencia debida” y obligaciones específicas para las de más de 250 personas en plantilla. “Los derechos protegidos son amplios”, ha adelantado Guamán, “y puede darnos muchas bazas porque prevé un importante papel sindical en los planes de vigilancia y en la supervisión de su aplicación”.
Abraham Canales, director de Noticias Obreras, ha sido el encargado de cerrar el diálogo, destacando que “es evidente que este tema interpela a quienes apuestan por sociedades con mayores dosis de justicia social, más si cabe, cuando las consecuencias de un sistema económico que alienta las malas prácticas transnacionales, provoca que tantas personas, así como la casa común, sean castigadas”.
Un concepto, el de la “diligencia debida”, estrechamente vinculado a la centralidad del trabajo que hoy tanto preocupa a la Iglesia, a los sindicatos, a entidades sociales y militantes que se ocupan de defender el trabajo decente, para todos y todas, y en todo lugar. Por último, ha concluido con unas palabras del papa Francisco que en Fratelli tutti insiste en que “el derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medioambiente, puesto que ‘quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos'”.
Periodista
