La Iglesia española ve “avances” en el Reglamento de Extranjería pero denuncia “insuficiencias”
Migraciones de la Conferencia Episcopal y Cáritas celebran los “avances” registrados en el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, aunque denuncian “insuficiencias” y “obstáculos”, por lo que piden la aprobación de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria.
El director del departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Redondo, saluda el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería que el Gobierno, aunque lo ven “insuficiente”, ya que deja fuera a “75.000 personas indocumentadas”.
El miembro del equipo de orientación jurídica e incidencia política de Cáritas, Diego Fernández-Maldonado, no ha dudado en calificar como “una gran noticia” la reducción del periodo de permanencia en el país a dos años, pero lamenta que el Gobierno no haya aprovechado la oportunidad de agilizar trámites y resolver obstáculos para la integración de personas migrantes.
Redondo, durante la presentación del proyecto “Hospitalidad Atlántica” este miércoles, ha asegurado que “valoramos y damos la bienvenida a que haya una reforma en el Reglamento de la Ley de Extranjería que pueda agilizar todos los trámites, pero lo vemos insuficiente”.
Así, ha indicado que la Conferencia Episcopal Española va a seguir apoyando que “se apruebe la iniciativa legislativa popular para la regularización de personas migrantes”, dado que “habría un grupo significativo de personas migrantes que no se beneficiarían con esta”, en referencia a las personas indocumentadas.
“Cáritas tiene registradas más de 75.000 personas en esta situación, podemos pensar que hay muchas más”, ha especificado. Precisamente, Fernández-Maldonado, de la principal organización sociocaritativa de la Iglesia, ha mostrado su decepción por la falta de mecanismos ágiles y eficaces para regularizar a “aquellas personas que ya viven y trabajan en el país, pero no cuentan con, ni pueden conseguir la documentación de sus países de origen, porque van a seguir siendo ‘invisibles’ para la Administración”.
Igualmente, critica este experto en derecho de extranjería que la Administración favorezca “la vía digital, en vez de la atención presencial”, para tramitar los expedientes, lo que supone “un obstáculo a las personas migrantes con las que trabajamos desde Cáritas porque no tienen modo de obtener una firma digital”, lo que, unido a la falta de dotación de las oficinas de extranjería, que apenas conceden citas, dificulta mucho el reconocimiento de sus derechos.
La protección internacional
A pesar de que Fernández-Maldonado, reconoce importantes mejoras, critica con especial intensidad una disposición nueva, que no figuraba en el borrador presentado por el Gobierno durante la fase de consulta pública, por lo que las ONG y expertos no han podido pronunciarse.
En concreto, se refiere a la que establece que no se computará como tiempo de permanencia en el país a efectos de reconocer el arraigo el transcurrido desde la solicitud de asilo y refugio, al entender que “desvirtúa el sentido de esta figura jurídica de protección internacional”, pero sobre todo puede llevar a muchas personas a renunciar a este procedimiento para pasar dos años en la irregularidad administrativa más absoluta.
Evidentemente, el jurista celebra la flexibilización de los requisitos para demostrar arraigo por razones familiares, laborales y formativas o la extensión del tiempo de vigencia de los permisos para limitar la irregularidad sobrevenida, aunque encuentro elementos preocupantes que habrá que valorar una vez entre en vigor y se aplique el nuevo reglamento.
En su opinión, el desarrollo legislativo premia las razones laborales sobre las formativas, con lo que muchas personas dejarán de estudiar y especializarse para buscar un contrato. Sin embargo, “los potenciales empleadores de una persona trabajadora migrante no siempre pueden esperar a que la Administración resuelva los permisos, con lo que la intermediación laboral se pierde”, detalla Fernández-Maldonado.
Tampoco se ha tenido en cuenta para resolver la reagrupación familiar la situación de la vivienda en España. “Es lógico que se exija una vivienda digna, más cuando hay menores de por medio, pero tal y como está la vivienda, no parece realista exigir un informe sobre los metros cuadrados y el número de habitaciones. El ladrillo importa, claro, pero también hay otros factores importantes que deberían tenerse en cuenta”, apostilla el técnico de Cáritas.
Falta de medios
Con todo, el gran obstáculo para lograr los permisos de residencia y trabajo sigue estando en la falta de agilidad de la propia administración que dilata las respuestas en unos seis o siete meses, cuando en el caso de las personas extranjeras que se acogen a la ley de Emprendimiento se ha establecido un plazo de 20 días para conceder las autorizaciones y de 24 horas en el de las personas procedentes de Ucrania.
Por ello, desde el equipo de orientación jurídica e incidencia política de Cáritas, seguirán defendiendo la aprobación de la iniciativa legislativa para la regularización de extranjeros, tanto por salud democrática, como para reconocer los derechos de las personas migrantes para las que no se ha abierto tampoco ahora la posibilidad de ver reconocidos sus derechos por la Administración.
El propio director del departamento episcopal de Migraciones, Redondo, se ha mostrado favorable abrir la “posibilidad de regularizarse” a las personas migrantes que llegan a España y ha recordado la situación de los asentamientos de temporeros en la zona de Almería, que viven en “situaciones infrahumanas”.
“En Almería aproveché para conocer de primera mano, acompañado por el Secretariado de inmigración de la Diócesis de Almería, los asentamientos que allí hay”, ha afirmado. “Visité dos que albergan a unas 900 personas, todos ellos trabajan en los invernaderos. No son personas que estén en la calle, no son delincuentes como a veces se dice, son personas que trabajan todo el día en estos invernaderos y están viviendo en situaciones infrahumanas”, ha concluido.
Redactor jefe de Noticias Obreras
