Desidia política en el Sistema de Dependencia
CCOO y UGT han denunciado que el aumento de financiación en Dependencia “no se ha traducido” en una reducción de la lista de espera ni en una mejora de la calidad del empleo en el sector, y han anunciado movilizaciones para los próximos meses.
“Hasta ahora, esta mejora de la financiación no se ha traducido ni en una mejora significativa de la lista de espera, ni tampoco de la calidad del empleo de los servicios profesionales”, subrayan en un comunicado conjunto.
Los sindicatos recuerdan que en enero de 2021 se alcanzó un Acuerdo de diálogo social para la puesta en marcha de un Plan de Choque para reactivar la implantación del Sistema de Dependencia entre 2021 y 2023, que fue suscrito por UGT, CCOO, CEOE, CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales.
Este acuerdo comprometía al Gobierno central a incrementar la financiación estatal del Sistema de Dependencia en 600 millones de euros anuales acumulables en los ejercicios sucesivos, vinculando este incremento de transferencias a las comunidades autónomas (CCAA) al cumplimiento de estándares de calidad en la atención, como la reducción de la lista de espera o la mejora de la calidad del empleo de los profesionales del sector.
Fruto de este acuerdo, según precisan, durante el año 2021 y 2022 se ha incrementado la aportación del Estado al sistema de Dependencia en 1.200 millones de euros adicionales a los que se transfirieron en el año 2020, estando comprometido a alcanzar 1.800 millones de financiación adicional en los PGE 2023.
Si bien, CCOO y UGT advierten de que, “hasta ahora, esta mejora de la financiación no se ha traducido ni en una mejora significativa de la lista de espera, ni tampoco de la calidad del empleo de los servicios profesionales“. En concreto, indican que, tras 15 años de la puesta en marcha del Sistema de Dependencia, una de cada cinco personas en situación de dependencia continúa a la espera de una prestación efectiva.
Continúan los recortes
Además, los sindicatos denuncian que “continúan en vigor los recortes impuestos en 2012” en relación a la intensidad de los servicios y prestaciones, lo que “amenaza gravemente el nivel de suficiencia con el que se atiende a las personas beneficiarias”. Por ejemplo, precisan que el número de horas de atención del servicio de ayuda a domicilio se ha reducido entre el 20% y el 60%, según los niveles de dependencia.
Por ello, reclaman al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 incremente 1.800 millones de euros adicionales a los presupuestados en 2022 para la atención a la Dependencia y establezca unos criterios de reparto con las comunidades autónomas que garanticen la reducción de la lista de espera y la calidad de los servicios.
Asimismo, CCOO y UGT reclaman a las CCAA que también incrementen sus respectivos presupuestos para el año 2023 con el mismo objetivo de calidad, “de manera que no se produzcan situaciones como las que se han dado en años anteriores por las que en algunos territorios el incremento de financiación estatal ha sido ‘amortizado’ en las cuentas autonómicas sin que haya alcanzado a las personas beneficiarias del sistema de dependencia”.
Movilizaciones
Por ello, hacen un llamamiento a la participación ciudadana en las movilizaciones sindicales y sociales en defensa de la calidad del Sistema de Dependencia que promoverán en los próximos meses, coincidiendo con la elaboración y tramitación de los Presupuestos para el año 2023, para exigir el cumplimiento íntegro del Plan de Choque, de modo que se reviertan los recortes, se garantice la atención a la totalidad de las personas que se encuentran en lista de espera y se garantice la atención a la totalidad de las personas que se encuentran en lista de espera y se garantice la calidad del empleo de los profesionales.
También animan a participar en las movilizaciones sociales que diferentes organizaciones están promoviendo con objetivos similares, como la convocada el próximo 17 de septiembre, en Madrid, por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, en defensa de un modelo de atención residencial de calidad.
