Las nuevas pobrezas tienen responsables

A la pobreza le hemos cambiado tantas veces el nombre que corremos el riesgo de olvidar lo que realmente significa. Hemos desarrollado un lenguaje extraordinariamente sofisticado para describir las desigualdades, suavizar determinadas situaciones y convertir el sufrimiento humano en una sucesión de conceptos aparentemente neutrales. Hablamos de vulnerabilidad, de exclusión residencial, de brecha digital, de inseguridad alimentaria o de pobreza energética. Son expresiones necesarias para estudiar problemas concretos, pero también pueden utilizarse para amortiguar su gravedad y hacer que la injusticia resulte menos incómoda. Podemos modificar las palabras, multiplicar los diagnósticos y perfeccionar las estadísticas, pero seguirá habiendo personas que no pueden alimentarse adecuadamente, familias que carecen de una vivienda digna y trabajadores cuyo salario no alcanza para sostener su existencia. El lenguaje debe ayudarnos a comprender la realidad, nunca a esconderla.

La X Jornada Mundial de los Pobres, que celebraremos el 15 de noviembre, vuelve a situarnos ante esta contradicción. León XIV ha elegido como lema una afirmación del salmista: “El Señor es el refugio del pobre” (Sal 14, 6). La expresión contiene una exigencia social que no deberíamos diluir mediante interpretaciones exclusivamente espirituales. Dios es refugio precisamente cuando tantas personas descubren que las estructuras económicas y sociales no consiguen protegerlas. El Papa introduce además una denuncia especialmente perturbadora: “El grito de justicia de los pobres hoy es acallado mediante múltiples técnicas”. Entre ellas debemos reconocer también las formas de discurso que permiten describir el sufrimiento sin identificar sus causas, reconocer dificultades sin asumir responsabilidades y hablar interminablemente de exclusión mientras quienes la padecen continúan sin encontrar respuestas suficientes.

Porque la pobreza contemporánea presenta una característica particularmente inquietante: ha aprendido a convivir con la aparente normalidad. Se puede tener un contrato laboral y continuar siendo pobre. Se puede disponer de una vivienda y vivir bajo la amenaza permanente de perderla. También se puede trabajar sin descanso y carecer del tiempo necesario para cuidar de los hijos, atender la propia salud o participar en la vida social. La exclusión digital, la soledad no deseada, la precariedad de los cuidados y la inseguridad económica prolongada están configurando nuevas formas de empobrecimiento que no siempre resultan visibles. No todas constituyen pobreza en sentido estrictamente económico, pero todas pueden comprometer gravemente las posibilidades de vivir con dignidad.

La expresión “trabajadores pobres” debería producirnos una indignación mucho mayor de la que habitualmente suscita. Hemos convertido en categoría estadística una contradicción que cuestiona la propia organización del trabajo. San Juan Pablo II recordó en Laborem exercens que “el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo”. Ningún modelo productivo debería considerar aceptable que quienes contribuyen a generar riqueza permanezcan privados de las condiciones necesarias para sostener dignamente su existencia. Una economía que necesita trabajadores pobres para mantener determinados niveles de rentabilidad tiene un problema moral que ningún indicador de crecimiento puede ocultar.

Sin embargo, hemos aprendido a denominar flexibilidad a situaciones que pueden esconder incertidumbre permanente, adaptación a exigencias laborales que trasladan los riesgos al trabajador y competitividad a decisiones cuyos costes recaen sobre quienes disponen de menor capacidad de negociación. Las palabras no son necesariamente falsas, pero pueden convertirse en coartadas cuando excluyen las consecuencias humanas de aquello que describen. La cuestión decisiva sigue siendo quién soporta los sacrificios, quién recibe los beneficios y qué posibilidades reales tienen los trabajadores de defender sus derechos.

El IX Informe FOESSA sitúa a 9,4 millones de personas en situación de exclusión social en España, según los datos correspondientes a 2024. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, elaborada por el INE, señala que el 25,7% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Son indicadores distintos, pero ambos expresan la persistencia de desigualdades que ningún crecimiento económico permite ignorar. Podemos mejorar determinados parámetros y continuar dejando a millones de personas al margen de sus beneficios. Resulta insuficiente celebrar la recuperación económica cuando esta no consigue traducirse en condiciones de vida suficientemente dignas para quienes permanecen en la precariedad.

La vivienda constituye una de las manifestaciones más evidentes de esta contradicción. Hablamos de tensión del mercado residencial, de dificultades de emancipación o de problemas de accesibilidad económica. Detrás encontramos jóvenes que aplazan sus proyectos vitales, familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y trabajadores que viven bajo la amenaza de perder su hogar. Conviene recuperar aquí uno de los principios más exigentes de la Doctrina Social de la Iglesia: el destino universal de los bienes. La propiedad privada es un derecho legítimo, pero no absoluto ni desligado de su función social. Cuando acceder a una vivienda digna resulta inaccesible para demasiadas personas, estamos ante una cuestión de justicia que no puede resolverse apelando exclusivamente a las dinámicas del mercado.

Existen además pobrezas silenciosas que difícilmente ocupan los grandes debates económicos. La pobreza de tiempo afecta a quienes multiplican jornadas, soportan desplazamientos agotadores o asumen responsabilidades familiares sin apoyos suficientes. Los cuidados, imprescindibles para sostener la vida, continúan distribuyéndose de manera desigual y recibiendo un reconocimiento insuficiente. También se empobrece quien pierde autonomía, quien queda apartado de las relaciones sociales o quien descubre que cualquier contratiempo puede precipitarle hacia una situación de exclusión. La pobreza no consiste únicamente en disponer de menos recursos. También puede significar perder capacidad para decidir sobre la propia existencia.

La revolución tecnológica está incorporando nuevas dimensiones a este escenario. En Magnifica humanitas, León XIV advierte de los riesgos de medir el progreso exclusivamente desde la eficiencia y el rendimiento. La inteligencia artificial puede abrir posibilidades extraordinarias, pero también profundizar desigualdades cuando sus beneficios se concentran y sus costes recaen sobre los trabajadores más vulnerables. El pontífice reclama que las transformaciones tecnológicas respeten la dignidad del trabajo y no descarguen sobre las personas todo el peso de la adaptación. La innovación que aumenta la productividad mientras multiplica la inseguridad laboral no puede presentarse como un éxito social sin examinar sus consecuencias.

Hay una advertencia todavía más profunda en la enseñanza de León XIV. El valor de las personas no depende de su capacidad para producir, competir o adaptarse a las exigencias económicas. Sin embargo, hemos terminado trasladando demasiadas responsabilidades estructurales a quienes padecen sus consecuencias. Al desempleado se le exige mejorar su empleabilidad; al joven que no consigue emanciparse se le aconseja moderar sus expectativas; a quien no domina las herramientas digitales se le invita a actualizar sus conocimientos. La responsabilidad personal resulta necesaria, pero convertir los problemas colectivos en fracasos individuales es una manera de desplazar la responsabilidad y alimentar una sospecha injusta sobre quienes necesitan apoyo.

Esta realidad adquiere una fuerza extraordinaria al recuperar las palabras que León XIV dirigió a los movimientos populares en octubre de 2025. El Papa reivindicó la tierra, la vivienda y el trabajo como derechos fundamentales y se situó expresamente junto a quienes luchan por ellos. Pero su aportación más provocadora fue reclamar que las novedades de nuestro tiempo se contemplaran desde las periferias. Porque mientras los centros económicos y tecnológicos discuten sobre inteligencia artificial, automatización y nuevos modelos de negocio, millones de personas continúan reclamando aquello que debería estar garantizado desde hace décadas. No existe progreso verdaderamente humano cuando las necesidades más elementales permanecen sin respuesta.

Los movimientos populares recuerdan además algo que frecuentemente olvidamos: los pobres no son únicamente destinatarios de ayudas, sino sujetos de derechos y protagonistas de transformación social. Sus reivindicaciones nacen de experiencias concretas, de la defensa del trabajo, del acceso a la vivienda, de la protección de la tierra y de la necesidad de participar en las decisiones que afectan a sus vidas. León XIV los reconoce como constructores de soluciones y de solidaridad. Su aportación cuestiona una concepción paternalista de la pobreza que ofrece respuestas desde arriba, pero concede escaso protagonismo a quienes conocen mejor las dificultades. La justicia social no puede construirse sin escuchar a quienes soportan las consecuencias de su ausencia.

Francisco denunció en Evangelii gaudium esta misma contradicción con tres palabras que conservan toda su contundencia: “Esa economía mata”. Benedicto XVI había recordado en Caritas in veritate que “La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia”. La enseñanza social cristiana no permite separar la atención inmediata de la transformación de las estructuras. Alimentar a quien pasa hambre resulta imprescindible, pero también lo es preguntarse por qué carece de recursos para alimentarse. Acompañar a una familia amenazada por la pérdida de su vivienda constituye una exigencia de fraternidad, pero no dispensa de reclamar políticas capaces de garantizar derechos.

La experiencia de Cáritas, de la pastoral del trabajo, de la HOAC y de los movimientos populares demuestra que el acompañamiento y la transformación social no son caminos contrapuestos. La cercanía permite reconocer el sufrimiento concreto, mientras la organización y la participación hacen posible reclamar respuestas colectivas. Los salarios dignos, la protección social, la negociación colectiva, el reconocimiento de los cuidados y el acceso efectivo a la vivienda pertenecen al terreno de la justicia. La caridad que se limitara a hacer más soportables las consecuencias de la desigualdad, renunciando a cuestionar sus causas, terminaría perdiendo buena parte de su fuerza transformadora.

La Escritura ofrece una denuncia todavía más antigua y categórica. Isaías rechaza una religiosidad que pretende agradar a Dios mientras consiente la opresión. Santiago advierte que el salario retenido a los trabajadores clama hasta el Señor (Sant 5,4). No estamos ante consideraciones marginales. La defensa de los pobres pertenece al corazón de la revelación bíblica. Ninguna sofisticación económica puede convertir en aceptable aquello que contradice la dignidad humana. Y ningún desarrollo tecnológico puede justificar que determinados grupos sociales permanezcan indefinidamente privados de oportunidades.

La Jornada Mundial de los Pobres debería ayudarnos precisamente a retirar los disfraces con los que revestimos determinadas situaciones de exclusión. No se trata de rechazar el lenguaje técnico ni el rigor de los estudios sociales. Se trata de impedir que las palabras terminen sustituyendo a las responsabilidades. Detrás de la inseguridad alimentaria hay alguien que no puede comer adecuadamente. Detrás de la exclusión residencial hay una persona que necesita un hogar. Detrás de la pobreza energética hay familias que no pueden mantener condiciones adecuadas en sus viviendas. Y detrás de la precariedad laboral hay trabajadores cuya existencia permanece sometida a una inseguridad incompatible con sus aspiraciones legítimas.

León XIV nos recuerda que Dios es refugio del pobre y, al mismo tiempo, nos invita a escuchar la voz de quienes reclaman justicia desde las periferias. Ambos planteamientos son inseparables. La esperanza cristiana no consiste en pedir paciencia indefinida a quienes sufren, sino en reconocer su dignidad, defender su participación y contribuir a transformar las condiciones que perpetúan la exclusión. Los movimientos populares nos recuerdan que la pobreza no debe condenar a nadie al silencio y que la conquista de derechos requiere también organización, perseverancia y protagonismo de los propios afectados.

Las nuevas pobrezas tienen causas, mecanismos y responsabilidades que deben ser identificados. No todas pueden resolverse inmediatamente, pero muchas pueden prevenirse y combatirse mediante decisiones concretas. Lo que resulta moralmente inaceptable es presentarlas como una fatalidad mientras continuamos adaptando el lenguaje para hacerlas menos incómodas ante nuestra conciencia. Podemos multiplicar las categorías, suavizar las expresiones y convertir las dificultades humanas en indicadores aparentemente neutrales. Pero ninguna palabra transforma por sí sola las condiciones de vida de quienes sufren.

La pobreza seguirá siendo pobreza, la explotación seguirá siendo explotación y la injusticia seguirá reclamando justicia. Cambiar el nombre de las desigualdades no modifica sus consecuencias ni disminuye la responsabilidad de combatirlas.

La cuestión ya no es encontrar palabras nuevas para describir las pobrezas de nuestro tiempo. La cuestión es dejar de utilizar las palabras para aplazar las respuestas que reclaman.

Porque los pobres no necesitan que perfeccionemos indefinidamente el lenguaje con el que hablamos de ellos. Necesitan derechos efectivos, oportunidades reales y una sociedad dispuesta a reconocerlos como protagonistas de su propio futuro.

Y el Evangelio no nos invita a buscar explicaciones cada vez más sofisticadas para justificar lo que sucede. Nos exige llamar a la injusticia por su nombre y comprometernos a transformarla.

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Fernando Redondo

Impulsando el Evangelio.
Comprometido con la Pastoral Penitenciaria. Activista en la Pastoral del Trabajo de Toledo, defendiendo dignidad y derechos laborales