El mal dato de inflación confirmado lleva a los sindicatos a plantear subidas salariales y medidas estructurales contra la carestía de la vida
El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en octubre en el 4,9% interanual, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman el avance conocido a finales del mes pasado. Es el tercer mes consecutivo con una inflación superior al 4%.
La evolución de los precios refleja especialmente las dificultades para afrontar gastos básicos. El grupo de vivienda elevó su tasa interanual cuatro décimas, hasta el 7,6%, debido principalmente al encarecimiento del gas.
También destaca el aumento de los carburantes. En comparación con octubre de 2025, el gasóleo se encareció un 36,2% y la gasolina un 20,7%. Ante esta evolución, el Ministerio de Economía ha confirmado que mantendrá en diciembre la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel.
En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,6% respecto a septiembre, tres décimas más que el mes anterior. La subida estuvo impulsada por el vestido y calzado, que se encareció un 7,9% por el comienzo de la temporada otoño-invierno; los alimentos, con un incremento del 1,2%, y la vivienda, que subió un 1,3% por el encarecimiento de la electricidad y el gas.
La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, permaneció en el 3,1%, mientras que la inflación a impuestos constantes alcanzó el 5,6%, siete décimas por encima del índice general. En los diez primeros meses del año, el IPC acumula un incremento del 4,3%.
Abrir la negociación colectiva para evitar la pérdida de poder adquisitivo
Al conocerse el dato definitivo de la inflación en octubre, el sindicato CCOO ha vuelto a emplazar a las organizaciones empresariales a reabrir las mesas de negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ante la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras
El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Energéticas de CCOO, Javier Pacheco, ha pedido a la patronal que escuche el mensaje de las movilizaciones del 11 de noviembre: “Las patronales deben hacer una lectura correcta de las reivindicaciones que han protagonizado las grandes movilizaciones el 11N”.
A su juicio, es necesario incrementar suficientemente los salarios para desbloquear la negociación colectiva, a la que considera la “fuente principal de recursos de la sociedad española”.
CCOO reclama también una intervención más decidida de las administraciones para controlar la subida de los precios, especialmente los energéticos y los de la vivienda. El sindicato sostiene que las medidas adoptadas hasta ahora han contenido la inflación, pero no han conseguido amortiguar suficientemente el encarecimiento de los bienes y servicios.
El sindicato considera, además, que la crisis del reparto de la renta debe ocupar un lugar central en la agenda política de las elecciones generales del 29 de noviembre, por sus consecuencias sobre millones de personas.
También UGT ha llamado a la patronal a desbloquear el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) al entender que la pérdida de poder adquisitivo amenaza con prolongarse.
En materia de vivienda, UGT reclama a todas las administraciones, especialmente a las comunidades autónomas, un parque público y permanente de vivienda protegida y medidas eficaces para contener los alquileres. Valora la convalidación del real decreto-ley que protege a las personas vulnerables frente a los desahucios y limita al 2% la actualización de los alquileres, pero lamenta la derogación de la norma que permitía prorrogar los contratos de arrendamiento.
La Unión Sindical Obrera (USO) defiendo la incorporación de cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC real y medidas estructurales frente al encarecimiento de la vivienda y la energía.
El secretario general de USO, Joaquín Pérez, advierte de que “no podemos normalizar una inflación cercana al 5% con salarios que pierden poder de compra cada mes y alquileres inasumibles que superan los 1.176 euros de media”. A su juicio, “la economía no va bien si trabajar a jornada completa ya no garantiza llegar a fin de mes”.
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