El director de Migraciones de la Conferencia Episcopal cuestiona las garantías del plan para deportar a Ruanda
Fernando Redondo Pavón advierte de que trasladar a personas con el asilo denegado fuera de la Unión Europea puede dejarlas sin protección efectiva. Cinco gobiernos negocian con Ruanda los primeros traslados, previstos para 2027
¿Qué posibilidades tendrá de recurrir una persona a la que se ordene trasladar a Ruanda tras denegarle el asilo en Europa? ¿Qué concepción de la persona y de los derechos humanos hay detrás de esta propuesta?. Estas son algunas de las cuestiones que plantea Fernando Redondo Pavón, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, en un artículo publicado en Noticias Obreras. Redondo expresa su “estupor” ante el proyecto y advierte de que enviar a esas personas a otro país puede servir para eludir la responsabilidad de proteger sus derechos.
Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos presentaron el 16 de noviembre en Viena el proyecto de un “centro de retorno” en Ruanda. La iniciativa, que tiene el visto bueno de la Comisión Europea, se dirige a personas sin derecho de residencia en la Unión Europea, con una orden de expulsión ejecutable y cuyo traslado al país de origen no pueda realizarse, entre ellas personas con el asilo denegado. Según el Gobierno neerlandés, en la primera fase solo se prevé enviar a hombres solos. Las condiciones del acuerdo siguen en negociación.
Los gobiernos promotores prevén una instalación abierta y temporal. Su propuesta contempla que las personas trasladadas puedan obtener un permiso de residencia y acceder al empleo, la sanidad y la educación en Ruanda. También anuncian un mecanismo independiente de supervisión. Para Redondo, entre los riesgos del proyecto están la desprotección jurídica, la falta de garantías suficientes para recurrir decisiones y la posibilidad de que el traslado agrave la vulnerabilidad de personas que ya llevan tiempo viviendo en Europa.
El precedente británico
El proyecto se apoya en el nuevo Reglamento europeo de retornos, que permite a los Estados miembros pactar este tipo de centros con países que respeten los estándares internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución. Ese principio protege frente al envío, también por vía indirecta, a lugares donde una persona pueda sufrir persecución o malos tratos. Human Rights Watch cuestiona que Ruanda cumpla esas condiciones y señala que los cinco gobiernos presentaron el proyecto sin hacer pública una evaluación de derechos humanos.
Redondo recuerda el precedente del Reino Unido. En 2023, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan del Gobierno de trasladar a Ruanda a personas cuyas solicitudes de asilo debían examinarse allí. El tribunal apreció un riesgo real de que acabaran devueltas a países donde podían sufrir persecución o malos tratos. En el proyecto actual, los procedimientos de asilo se resolverían en Europa antes de que se efectuara cualquier traslado. El caso británico vuelve a poner sobre la mesa qué garantías puede ofrecer Ruanda a quienes sean enviados allí.
Decenas de organizaciones humanitarias, sociales y sindicales, entre ellas el Servicio Jesuita a Refugiados en Europa, han pedido a los cinco gobiernos que abandonen el proyecto. Advierten de que los traslados forzosos pueden romper vínculos familiares, laborales y comunitarios construidos durante años y dejar a las personas en un país donde carecen de redes de apoyo. También cuestionan que el mecanismo de supervisión anunciado pueda intervenir de manera efectiva ante una vulneración de derechos.
“La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera”
“Ninguna decisión administrativa puede convertirla en alguien menos digno de respeto y protección”, escribe Redondo sobre las personas que han visto rechazada su solicitud de asilo. El responsable de Migraciones sitúa su crítica en la doctrina social de la Iglesia y recupera las palabras de León XIV en el puerto grancanario de Arguineguín, durante su viaje a España en junio. “La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera”.
Redondo pide ampliar las vías legales y seguras para migrar, garantizar procedimientos justos de protección internacional y cooperar con los países de origen, tránsito y destino para afrontar las causas de los desplazamientos.
También llama a las comunidades cristianas a implicarse en esa defensa ante el riesgo de que enviar a las personas fuera de Europa se convierta en una respuesta habitual. “La dignidad de las personas no se puede deportar ni externalizar”, concluye.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)



