Alejar a las personas no nos libera de nuestra responsabilidad

Alejar a las personas no nos libera de nuestra responsabilidad
FOTO | Alejandro J. Rosa. Vía ACFI, Europa Press

JRS Europe y otras 45 organizaciones de derechos humanos, humanitarias, sociales y sindicales de 16 países rechazan los planes para establecer un centro de retorno en Ruanda. Su denuncia interpela también a las comunidades cristianas: la dignidad humana no depende de un permiso de residencia ni desaparece cuando una persona cruza una frontera

Hay decisiones políticas que nos piden detenernos y reflexionar. Hacer silencio ante las palabras que las presentan y preguntarnos qué significarán en la vida de quienes tendrán que soportarlas. Porque no es lo mismo hablar de un traslado que tener que abandonar el lugar donde uno ha intentado reconstruir su vida. No es lo mismo hablar de un centro de retorno que ser enviado a un país en el que nunca se ha vivido.

El pasado 16 de noviembre, Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos presentaron sus planes para establecer un denominado “centro de retorno” en Ruanda. El comunicado de 46 organizaciones de derechos humanos, humanitarias, sociales y sindicales de 16 países, entre las que se encuentra JRS Europa, presenta frontalmente su rechazo: las personas sin derecho a permanecer en la Unión Europea no deben ser trasladadas a países con los que no mantienen vínculos.

No estamos ante una cuestión menor. Hablamos de personas que, en muchos casos, llevan años viviendo y trabajando en Europa. Personas que podrían ser enviadas contra su voluntad a un lugar sin familiares, sin redes de apoyo y sin perspectivas de futuro, según advierten las organizaciones. Hablamos también de una responsabilidad que Europa no puede dar por resuelta alejando de su territorio a quienes necesitan que sus derechos sean protegidos.

Acoger no es alejar

El comunicado denuncia que algunos gobiernos presentan estos centros como espacios de “acogida” o como “oportunidades”. Las entidades consideran que esas expresiones ocultan la realidad de unos traslados forzosos que desatienden la voluntad y la capacidad de decisión de las personas afectadas.

Necesitamos cuidar las palabras. La acogida empieza por reconocer al otro como alguien con quien encontrarnos, no como alguien sobre quien disponer. Supone escuchar, respetar su historia y abrir posibilidades para que participe en las decisiones que afectan a su futuro.

Por eso duele que el lenguaje de la hospitalidad pueda utilizarse para nombrar prácticas de retorno. La acogida no se define desde la indiferencia y la comodidad de quien la proclama, sino principalmente desde la experiencia de quien la recibe. Y una oportunidad necesita libertad, vínculos y un horizonte creíble.

Desde la Doctrina Social de la Iglesia, la dignidad de la persona nos ofrece un criterio que no podemos negociar según las circunstancias. Una situación administrativa requiere una respuesta jurídica, pero nunca puede convertirse en la medida del valor de una vida.

Esta convicción tiene una resonancia particular en el mundo del trabajo. Las organizaciones recuerdan que los traslados podrían afectar a personas que han trabajado durante años en Europa. Es necesario reconocer esa trayectoria sin caer en otra reducción: nadie merece respeto únicamente porque su trabajo nos resulte útil. La dignidad permanece cuando falta el empleo, cuando llega la enfermedad o cuando una persona necesita ser cuidada.

No podemos enviar lejos nuestra responsabilidad

La denuncia de las organizaciones va al fondo del modelo. Sostienen que los riesgos de estos centros no son simples problemas de aplicación. Trasladar a las personas a terceros países puede situarlas fuera de la mirada pública y dificultar la exigencia de responsabilidades sobre su seguridad y sus derechos. A su juicio, ninguna elección de país seguro, ni garantía institucional elimina esos riesgos fundamentales.

El comunicado expresa también graves preocupaciones sobre Ruanda. Recoge informes sobre torturas, detenciones arbitrarias e impunidad, y recuerda que el Tribunal Supremo británico identificó en 2023 un riesgo real de devolución a lugares donde las personas pudieran sufrir persecución o daños graves. Las entidades cuestionan, además, cómo podría funcionar una supervisión capaz de detener efectivamente las vulneraciones.

No se trata de mirar a Ruanda desde la superioridad. Se trata de mirar con honestidad nuestras propias decisiones. El mismo comunicado advierte de que estos acuerdos trasladan responsabilidades a países con menos recursos y debilitan la promesa de una verdadera colaboración entre Europa y África basada en la igualdad.

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La responsabilidad no desaparece cuando dejamos de ver las consecuencias. Tampoco se cumple solo con establecer un mecanismo de vigilancia. Como recuerdan las organizaciones, observar una vulneración no basta si no existe capacidad para detenerla. Esa preocupación se hace evidente también en la ampliación propuesta del papel de Frontex en terceros países y en las insuficiencias que denuncian en su rendición de cuentas.

Una fe que se hace hospitalidad

Para quienes queremos vivir desde el Evangelio, estas decisiones son también una llamada al discernimiento. La hospitalidad no es un añadido amable a nuestra fe. Nos sitúa ante una pregunta esencial: qué lugar dejamos en nuestra vida personal y comunitaria a quien necesita protección.

La parábola del buen samaritano nos invita a no pasar de largo. A dejarnos afectar. A reconocer que la vida del otro tiene algo que decir sobre nuestras prioridades. Hoy, esa cercanía y hospitalidad necesitan expresarse también en la manera de pensar las fronteras, los procedimientos y las responsabilidades públicas.

El Evangelio no nos ahorra la complejidad de gobernar. Nos pide atravesarla sin perder de vista a las personas. Sin acostumbrarnos a que algunas vidas queden en una especie de “limbo” mientras las sociedades discuten dónde situarlas.

Desde ahí, acompañar y defender derechos forman parte de un mismo compromiso. La hospitalidad nos ayuda a comprender lo que está en juego, una exigencia de justicia que se haga carne en nuestras vidas.

Las organizaciones firmantes reclaman que los cinco gobiernos abandonen el proyecto de Ruanda, cumplan sus obligaciones internacionales y destinen recursos suficientes a soluciones duraderas que permitan a las personas convertirse en miembros plenos de la sociedad. No proponen simplemente detener una medida: piden orientar las decisiones hacia la pertenencia y la participación.

Construir esperanza, juntos

También nuestras comunidades están llamadas a responder. Podemos abrir espacios donde las personas migrantes sean realmente escuchadas y participen con una voz propia. Podemos sostener el acompañamiento, fortalecer los vínculos en nuestros barrios y pedir a los responsables públicos explicaciones sobre las consecuencias de sus decisiones.

No para sustituir las obligaciones de los Estados. Tampoco para pensar que un gesto cercano basta para reparar cualquier injusticia. Necesitamos unir el cuidado cotidiano con el compromiso por unas instituciones que protejan de verdad.

La esperanza se construye a veces de forma sencilla pero efectiva, cuando alguien deja de sentirse solo, cuando una comunidad abre sus puertas, cuando una organización defiende los derechos de los más vulnerables o cuando una decisión pública reconoce que ninguna persona es descartable.

Europa tiene ante sí un camino que va más allá de dónde ubicar un centro. Podemos intentar poner distancia ante las personas que llaman a nuestras puertas, o podemos asumir que convivir exige responsabilidad, recursos y voluntad de encuentro.

A mi modo de ver, todo nos lleva a esta pregunta: ¿Qué tipo de sociedad queremos construir juntos? Y ¿a dónde nos llevan estas posiciones?

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