La financiación de la transición encalla en la COP31

Alianza por el Clima ha acogido positivamente el anuncio realizado por España durante la COP31 sobre el incremento de su financiación climática internacional, aunque considera que la medida es insuficiente para responder a la magnitud de los desafíos que plantea la emergencia climática.
La plataforma destaca que el compromiso adquiere relevancia en un contexto en el que ningún país del entorno europeo está presentando nuevos compromisos significativos en esta materia. Sin embargo, insiste en que no basta con anunciar nuevas cantidades si no se traducen en recursos públicos adicionales, previsibles y suficientes.
“España tiene la oportunidad de ejercer un liderazgo real en estas negociaciones, pero para ello debe traducir sus compromisos en recursos suficientes, accesibles y verificables”, señala la organización en una valoración difundida tras el anuncio.
Según Alianza por el Clima, los 45 millones de euros adicionales movilizados este año para el Fondo de Adaptación y para pérdidas y daños representan apenas un incremento del 3,4 % respecto al compromiso anual de 1.350 millones de euros de financiación climática internacional anunciado por el presidente del Gobierno en la COP26.
La organización sostiene que este aumento apenas compensa la inflación y no supone, en la práctica, un avance significativo hacia el objetivo de triplicar la financiación climática para 2035 acordado en Bakú. Según sus cálculos, manteniendo un ritmo de incremento de 45 millones de euros anuales, España tardaría alrededor de 90 años en alcanzar ese compromiso.
Además, cuestiona que esta aportación pueda considerarse una fuente estable de financiación pública mientras no se acompañe de mecanismos permanentes y garantizados.
La débil financiación de la transición justa en España contrasta con el aumento de la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, como denuncia Oxfam Intermón, en un estudio en el que señala que la riqueza de los milmillonarios españoles ha pasado de 74.400 millones de euros en 2012 a 352.400 millones en 2026, mientras que el patrimonio acumulado por las cien mayores fortunas equivale ya al 19,3 % del PIB.
La creciente concentración de riqueza limita la capacidad redistributiva del Estado y dificulta la financiación de políticas públicas que permitan afrontar retos como la pobreza, la desigualdad o la emergencia climática, según esta entidad.
Alianza por el Clima también lamenta la falta de información sobre los instrumentos mediante los que se canalizará la financiación anunciada. Desde hace meses, reclama acelerar la elaboración de la Estrategia de Financiación Climática Internacional y solicita una mayor participación de la sociedad civil en su diseño.
Entre sus demandas figura la incorporación de compromisos de financiación a medio y largo plazo, por ejemplo mediante una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, recuerda que la Ley 7/2021 de cambio climático contempla la identificación y eliminación progresiva de incentivos que resultan perjudiciales para el clima y la biodiversidad, una medida que considera pendiente de desarrollo.
La organización entiende que estos instrumentos son necesarios para garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España, entre ellos los acuerdos alcanzados en Bakú y los debates impulsados en la reciente cumbre celebrada en Sevilla.
Las organizaciones reclaman más ambición
Diversas entidades integradas en Alianza por el Clima han coincidido en reclamar un aumento de la financiación climática y una mayor coherencia en las políticas públicas.
Javier Andaluz Prieto, coordinador de Alianza por el Clima, considera que la financiación es una pieza clave para recuperar la confianza entre países y desbloquear las negociaciones internacionales.
A su juicio, las cantidades comprometidas siguen estando lejos tanto de los objetivos asumidos como de las necesidades identificadas por la comunidad científica.
Desde Greenpeace, Sara Pizzinato destacó que la adaptación al cambio climático “salva vidas” y valoró positivamente el incremento anunciado, aunque insistió en que España debe aumentar sus aportaciones de manera estable y evitando generar nueva deuda en los países más vulnerables.
Por su parte, Ángel Rubio, coordinador del Área de Acción Climática y Transición Ecológica Justa de UGT, subrayó que la financiación climática debe incorporar una perspectiva de transición justa que proteja el empleo y sitúe a las personas trabajadoras en el centro de las políticas de adaptación.
También Sofía Fernández, portavoz de Fridays for Future en la COP31, recordó que la financiación climática constituye una cuestión de justicia entre el Norte y el Sur global y defendió que los recursos sean públicos, continuados y no generen endeudamiento.
Desde SEO/BirdLife, Alejandro Quecedo vinculó la financiación climática con la eliminación de los subsidios perjudiciales para el clima y la biodiversidad, mientras que Irene Rubiera, de Ecologistas en Acción, reclamó destinar más recursos a la adaptación climática y cuestionó que continúen existiendo ayudas públicas a actividades contaminantes.
Las organizaciones coinciden en señalar que la financiación internacional será uno de los elementos decisivos para el avance de las negociaciones climáticas. Además de aumentar los recursos disponibles, reclaman que estos lleguen en forma de financiación pública, estable y accesible para los países más afectados por los impactos del calentamiento global.
Para Alianza por el Clima, la adaptación y la reparación de los daños derivados de la crisis climática no pueden desvincularse de la justicia social, la protección de las personas trabajadoras y la reducción de las desigualdades entre países.
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Redacción de Noticias Obreras.



