La crisis de la vivienda y la emergencia climática van unidas
La crisis de acceso a la vivienda cuenta también con la simpatía del movimiento ecologista. Organizaciones como Ecologistas en Acción y Greenpeace apoyan las protestas por el derecho a la vivienda. Consideran que la emergencia habitacional y la crisis climática responden a un mismo modelo económico basado en la especulación y la búsqueda del beneficio privado por encima de los derechos básicos.
Ecologistas en Acción anunció esta semana su adhesión a las movilizaciones impulsadas por colectivos vecinales y plataformas por la vivienda. En un comunicado difundido en redes sociales, la organización afirmó que “la emergencia climática y la crisis de vivienda forman parte de una misma lucha: defender derechos básicos frente a un sistema que prioriza los beneficios de una minoría”.
La entidad subrayó además que las recientes acciones contra el rentismo constituyen solo “el comienzo” de una campaña más amplia de organización y movilización social.
La incorporación del ecologismo a las reivindicaciones por la vivienda refleja una creciente convergencia entre ambas agendas.
Para estas organizaciones, el problema no se limita al encarecimiento de la compra y el alquiler, sino que incluye también la calidad deficiente del parque residencial, su elevado consumo energético y las dificultades para adaptar los edificios a las exigencias de la transición ecológica.
Greenpeace ha advertido de que “la vivienda se está convirtiendo en el problema de esta generación” debido a la creciente utilización de pisos y casas como activos de inversión.
Según la organización ecologista, la especulación inmobiliaria ha provocado un fuerte incremento de los precios mientras los salarios evolucionan a un ritmo muy inferior. En los últimos diez años, comprar una vivienda cuesta un 47% más y alquilarla un 58% más, frente a una subida salarial del 17%.
La organización también pone el foco en el envejecimiento del parque inmobiliario español. Según sus datos, el 95% de las viviendas fueron construidas antes de 2008, bajo normativas que hoy resultarían insuficientes para garantizar estándares adecuados de eficiencia energética y confort.
Pobreza energética
A su juicio, la ausencia de políticas decididas de rehabilitación ha contribuido a cronificar problemas de aislamiento térmico y pobreza energética.
Las consecuencias sociales y ambientales de esta situación son, según Greenpeace, cada vez más visibles.
El 17,6% de los hogares españoles pasa frío en invierno por no poder asumir los costes energéticos, una proporción que duplica la media europea, mientras que el 33,6% sufre episodios de calor extremo en verano. Al mismo tiempo, los hogares son responsables del 30% del consumo energético total y generan el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para las organizaciones ecologistas, estos datos evidencian que la vivienda constituye un elemento central tanto de la justicia social como de la acción climática. “Nos venden y alquilan a precio de oro viviendas donde las familias se arruinan y ponen en riesgo su salud”, denuncia Greenpeace, que reclama un cambio profundo en las políticas públicas del sector.
Entre las medidas planteadas destacan el reconocimiento efectivo de la vivienda digna como un derecho y no como un privilegio, el impulso de mecanismos para frenar la especulación inmobiliaria y la movilización de financiación pública suficiente para garantizar el acceso a hogares asequibles y de calidad.
Asimismo, las organizaciones ecologistas reclaman un ambicioso programa de rehabilitación energética que permita reducir el consumo de energía, mejorar el confort térmico y combatir simultáneamente la pobreza energética y las emisiones contaminantes.
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