La Alianza por el Clima pide que la próxima legislatura vincule la justicia social y la acción climática
La Alianza por el Clima ha presentado un decálogo para situar la justicia climática y social en el centro de la próxima legislatura. Bajo el lema “Casas para vivir, un planeta para habitar”, la plataforma reclama políticas que conecten la protección del clima con la garantía de derechos y unas condiciones de vida dignas.
En vísperas de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre en medio de la movilización por la vivienda y la huelga general del 11 de noviembre, la plataforma ha querido dar a conocer sus prioridades.
La Alianza, que reúne a las principales organizaciones ecologistas, sindicatos, entidades agrarias, así como organizaciones de cooperación y desarrollo como Oxfam Intermón, Cáritas, Manos Unidas o REDES-ONGD -también Movimiento Laudato si’-, sostiene que la crisis habitacional, la precariedad laboral, las desigualdades y la degradación ambiental “están profundamente relacionadas y requieren respuestas políticas conjuntas”.
Integrada por organizaciones ecologistas, sindicatos y entidades sociales, agrarias, de cooperación y de defensa de los derechos humanos, la plataforma plantea una transformación que reduzca las desigualdades y permita afrontar la emergencia climática.
Su propuesta parte de que el acceso a la vivienda, los salarios y las condiciones laborales dignas, los servicios públicos, la transición energética y la lucha contra el cambio climático “no pueden abordarse como problemas independientes”.
“Casas para vivir, planeta para habitar”
Bajo el lema “Casas para vivir, planeta para habitar”, la plataforma pide a las candidaturas compromisos sobre vivienda, energía, transporte, alimentación, empleo y financiación climática.
El documento plantea que “garantizar una vida digna” requiere también asegurar “el derecho a un futuro digno”. La Alianza sostiene que la emergencia climática afecta a derechos como la vida, la salud, la vivienda y el acceso al agua, y cita la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2025 que plantea la inacción de los Estados ante el cambio climático como posible acto internacionalmente ilícito.
En materia de vivienda, la organización reclama ampliar el parque público de vivienda social, frenar la especulación y asegurar que las casas puedan proteger a sus habitantes de olas de calor y lluvias torrenciales.
También pide financiar prioritariamente la rehabilitación de los hogares más vulnerables y adoptar medidas para evitar que la descarbonización de los edificios provoque expulsiones o procesos de gentrificación. Entre las medidas citadas están los alquileres indefinidos y una mayor protección frente a la especulación.
La Alianza propone reconocer el derecho a un suministro mínimo de energía renovable. Para ello, reclama protección efectiva frente a la pobreza energética y la prohibición de cortar el suministro a los hogares vulnerables.
También plantea impulsar las energías renovables de proximidad, incluidas las comunidades energéticas, y facilitar la climatización de las viviendas, la higiene y el estudio.
En pueblos y ciudades, el decálogo pide redistribuir el espacio público para dar más lugar a peatones, bicicletas y zonas verdes, reducir la contaminación del aire y el ruido, y mejorar el transporte público.
La propuesta pone el foco en los pequeños municipios, donde, según la plataforma, los recortes en las conexiones dificultan el acceso a servicios básicos como la atención sanitaria. También reclama centros educativos renaturalizados, entornos escolares seguros y acceso a agua potable en espacios públicos.
Fin de nuevas infraestructuras fósiles
Para reducir las emisiones, la Alianza pide una hoja de ruta con fechas claras para abandonar los combustibles fósiles y con participación ciudadana “real, permanente, sostenida y significativa”. El documento reclama que no se autoricen nuevas infraestructuras ni licencias de explotación fósil y que terminen las subvenciones y la financiación a esas energías, tanto en España como en el extranjero.
La transición, añade, debe incluir alternativas para las personas trabajadoras y los territorios que dependen de los combustibles fósiles. También propone tratar el cambio climático como una emergencia de salud pública, con reducción de emisiones y adaptación del sistema sanitario mediante vigilancia, alerta temprana, prevención y respuesta.
Ante incendios forestales, calor extremo, inundaciones y sequías, el decálogo reclama inversiones en prevención, recursos para preparar a las comunidades y un acuerdo vinculante entre administraciones que dé prioridad a la adaptación. La propuesta incluye apoyo al mundo rural y condiciones laborales dignas para los equipos de emergencia.
Agricultura familiar y reconversión industrial
En alimentación, la plataforma defiende acelerar la descarbonización de la producción agraria mediante el apoyo a la agroecología, el consumo local y los circuitos cortos. También reclama reducir el uso de pesticidas y fertilizantes químicos y la ganadería intensiva, proteger el agua, los suelos y la biodiversidad, y respaldar a la agricultura y ganadería familiar en su transición hacia modelos sostenibles.
El texto pide que las personas que producen alimentos tengan rentas y condiciones laborales justas, y propone una compra pública saludable y sostenible, junto con un presupuesto específico de la Política Agraria Común para respaldar ese modelo.
Para la industria y el transporte, la Alianza plantea objetivos sectoriales vinculantes, apoyo a la reconversión industrial y más transporte colectivo y ferrocarril accesible. También propone avanzar hacia un sistema energético 100 % renovable, reducir el consumo total de energía y materiales y evitar que el coste ambiental se traslade a otros territorios. El documento reclama que los productos sean duraderos y reparables, y que existan alternativas asequibles para que vivir de forma sostenible “no sea un privilegio”.
Más financiación climática y fiscalidad progresiva
En el ámbito internacional, el decálogo pide aumentar sustancialmente la financiación climática para el Sur global mediante subvenciones, no deuda, e incluir recursos para reparar las pérdidas y daños ya sufridos. La plataforma reclama, además, que la transición energética no reproduzca prácticas de extractivismo ni vulneraciones de derechos en la obtención y el procesamiento de materiales.
La décima propuesta sostiene que “quien contamine pague y repare, y que nadie se quede atrás”. La Alianza pide que las grandes empresas y los principales emisores asuman los costes de la transición y los daños causados, y propone una fiscalidad progresiva. Según el documento, la recaudación debería destinarse prioritariamente a mantener y mejorar los servicios públicos y la justicia social, con especial atención a los colectivos vulnerables.
El decálogo también reclama proteger los derechos de las generaciones futuras y que contribuyan más quienes más tienen y más contaminan. La plataforma pide a las candidaturas compromisos que permitan avanzar en las medidas climáticas ya en marcha y evitar retrocesos.
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