Reclaman al Senado apoyar la exención fiscal de las indemnizaciones a las víctimas de amianto
La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica), junto con CCOO y UGT, ha reclamado a los grupos parlamentarios del Senado que respalden la enmienda presentada por el PNV al proyecto de ley de modificación de la legislación sobre discapacidad para extender al conjunto del Estado la exención fiscal en el IRPF de las indemnizaciones percibidas por las víctimas del amianto.
La propuesta será sometida a votación este miércoles, 9 de septiembre, en la Cámara Alta y, de prosperar, permitiría empezar a corregir una situación que las organizaciones consideran discriminatoria, ya que actualmente este beneficio fiscal solo se aplica en Euskadi y Navarra gracias a decisiones adoptadas por sus respectivas haciendas forales.
Las organizaciones recuerdan que la Ley 21/2022, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, no incorporó una exención tributaria para estas indemnizaciones, pese a que se trataba de una de las principales reivindicaciones defendidas durante la tramitación parlamentaria por las asociaciones de afectados y los sindicatos.
En un comunicado conjunto, Fedavica, CCOO y UGT reclamaron al conjunto de los grupos de la Cámara Alta, y especialmente a aquellos que respaldan al Gobierno, que apoyen la iniciativa para “acabar de una vez por todas con esta injusticia”.
Las entidades consideran que la aprobación de la exención fiscal constituiría una primera muestra de voluntad política para corregir lo que califican como un “maltrato institucional” hacia las víctimas del amianto, un colectivo que, a su juicio, continúa encontrando importantes obstáculos para acceder a las compensaciones previstas por la legislación.
Críticas al funcionamiento del fondo de compensación
Las organizaciones denunciaron que tanto la ley que creó el fondo como, especialmente, su reglamento de desarrollo presentan importantes deficiencias que impiden alcanzar el objetivo para el que fue concebido: evitar largos procedimientos judiciales a las personas afectadas por enfermedades derivadas de la exposición al amianto.
Como ejemplo de esas dificultades, señalaron el reducido número de solicitudes registradas desde la puesta en marcha efectiva del sistema de compensación y el escaso volumen de indemnizaciones reconocidas hasta la fecha.
Según los datos facilitados por las organizaciones, a fecha de 4 de septiembre de 2026 únicamente 106 víctimas habían sido indemnizadas, cuando faltaban apenas dos semanas para cumplirse un año de la entrada en vigor del reglamento que desarrolla la ley, aprobada el 18 de septiembre de 2025.
El importe total abonado asciende a 6.344.794,76 euros, una cantidad que contrasta con los 25 millones de euros consignados anualmente en los Presupuestos Generales del Estado para financiar el fondo.
A juicio de las organizaciones, estas cifras evidencian la escasa eficacia del mecanismo y su incapacidad, por el momento, para responder a las necesidades del colectivo afectado.
Obstáculos a la solicitudes
Fedavica, CCOO y UGT atribuyen esta situación a varios factores. Entre ellos, destacan los años de retraso acumulados en el desarrollo normativo del fondo, las cuantías de las indemnizaciones, consideradas insuficientes por los afectados, y los requisitos exigidos para presentar solicitudes.
En particular, critican que el acceso al sistema quede limitado a personas que ya tengan reconocida una incapacidad permanente derivada de contingencia profesional, una restricción que, según sostienen, deja fuera a numerosas víctimas de enfermedades relacionadas con el amianto.
Las organizaciones consideran que la ausencia de una exención fiscal estatal para las indemnizaciones ha contribuido a generar desconfianza y desánimo entre los potenciales beneficiarios, ademásd e alimentar una sensación de abandono entre las personas afectadas
Por si fuera poco, consideran que ha reducido notablemente la utilidad práctica de un instrumento creado para reparar los daños sufridos por quienes estuvieron expuestos a una sustancia cancerígena cuya prohibición, recuerdan, se produjo en España después de que existiera una amplia evidencia científica sobre sus graves efectos para la salud.
Las asociaciones y los sindicatos confían ahora en que la votación de este miércoles suponga un paso para mejorar la protección económica de las víctimas y abrir el camino a futuras modificaciones legales que permitan hacer más accesible y eficaz el fondo de compensación.
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