Migraciones levanta un albergue temporal en los muelles de Ceuta pese al rechazo de la Autoridad Portuaria
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha autorizado a la Secretaría de Estado de Migraciones a utilizar de forma temporal 16.000 metros cuadrados de suelo público en el puerto de Ceuta para instalar infraestructuras destinadas a la atención humanitaria de personas migrantes.
La decisión no cuenta con el apoyo de la Autoridad Portuaria, dirigida por el gobierno de la ciudad, que el día anterior había cambiado su posición inicial, según apunta el Ejecutivo.
La medida, recogida en una orden firmada este sábado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, permite la ocupación de terrenos situados en la zona denominada Ampliación de Poniente, Fase I, dentro del recinto portuario, hasta el próximo 31 de diciembre de 2026.
El departamento ministerial fundamenta la decisión en el artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y alega “razones de interés general” vinculadas a un asunto de Seguridad Nacional.
Según la resolución, la cesión del espacio responde a la necesidad de contar con “medios e instalaciones adecuados para el ejercicio de funciones públicas vinculadas a la atención humanitaria y a la gestión de la situación de crisis existente”.
Las instalaciones previstas tendrán carácter provisional e incluirán carpas y otras estructuras destinadas a albergar zonas de descanso, enfermería y dispensario, áreas para atención e intervención social, servicios sanitarios, dependencias administrativas para el personal encargado de la gestión del dispositivo y una caseta de seguridad.
La orden recoge igualmente una valoración elaborada por Puertos del Estado en la que se advierte de que la implantación de estas infraestructuras podría incrementar determinados riesgos relacionados con la protección de infraestructuras críticas e instalaciones sensibles, además de afectar potencialmente a la operativa portuaria.
No obstante, el organismo considera que concurren razones de interés general suficientes para autorizar la ocupación, siempre que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y preservar el normal funcionamiento del puerto.
La decisión supone la intervención directa del Gobierno, que se enfrenta a la oposición de parte de la población ceutí, así como a la negativa constante de las administraciones controladas por el PP a colaborar en la búsqueda de otras soluciones que no sean la expulsión inmediata de las personas migrantes, a pesar de su dudosa legalidad. Sin posibilidad de trasladar a las personas migrantes a la península, la ubicación de los espacios de atención está agravando la tensión y la sensación de desamparo.
Con todo, las administraciones que se sientan perjudicadas pueden interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o recurrir ante la Audiencia Nacional mediante un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.
Traslado de cerca de 300 menores migrantes
El mismo sábado que se conoció la decisión del Gobierno central, cerca de 300 niñas migrantes que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva registrada en julio fueron trasladadas desde el polideportivo del colegio Reina Sofía hasta una nave situada en el polígono de El Tarajal.
El movimiento se desarrolló bajo un amplio dispositivo policial desplegado desde primeras horas de la mañana. Las jóvenes fueron conducidas en autobuses de la empresa municipal Amgevicesa hasta las instalaciones habilitadas en El Tarajal, donde permanecerán alojadas mientras se resuelve su situación administrativa y asistencial.
Al tiempo, continúan las manifestaciones de la población habitual de la ciudad y las noticias de altercados en puntos conflictivos del enclave fronterizo, incluido el apedreamiento de vehículos militares y el acaso a migrantes.
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Redactor jefe de Noticias Obreras
