La batalla política por Ceuta vuelve a eclipsar el drama humano en la frontera
La gestión de la crisis de Ceuta provocó un encarnizado enfrentamiento político, como adelanto del próximo ciclo electoral, en el que la catástrofe humanitaria en la frontera se ha transformado en un pulso a la soberanía nacional y un desafío a la capacidad del actual Gobierno.
Aunque Sánchez trató de defender la actuación de su Administración, la oposición aprovechó su errática y timorata gestión para ahondar en su descalificación total y abonar, de paso, la idea de absoluta soledad de un Gobierno en manos de un país vecino nada fiable.
Pero también cercado por unas Comunidades Autónomas controladas por la oposición que impiden el traslado a la península de las personas migrantes que huyen de Marruecos y necesitan la protección del derecho humanitario.
Hasta las formaciones que en otras ocasiones han apoyado las propuestas gubernamentales, le afearon su empeño en mantener la política de apaciguamiento con el régimen de Mohamed VI. “Yo acuso” entonó el independentista catalán Gabriel Rufían, para culpar al rey de Marruecos y sus ahora aliados EEUU e Israel de los sucedido en Ceuta.
El presidente trató de contrarrestar las narrativas de sus adversarios apelando al respeto a los derechos humanos y la legalidad con su gabinete se ha comportado ante la emergencia, convertida en un desafío geoestratégico y un reto para su credibilidad.
“Hoy, en esta Cámara, hemos escuchado a muchos que quieren reventar nuestras relaciones de vecindad. Esa es su propuesta: escalar sin reservas un conflicto. Yo no puedo hacerlo, no debo hacerlo. No lo voy a hacer”, dijo Sánchez que llegó a interpelar al PP y Vox sobre qué habrían hecho: “¿Habrían ordenado a la policía disparar a la población civil?”
Sánchez aseguró que su Gobierno no renunciará a la soberanía de Ceuta y Melilla y apostó por combinar el control de fronteras con vías legales de migración y políticas de cooperación internacional.
“Ceuta no necesita discursos matonistas de patio de colegio, sino sentido común, templanza y un gobierno valiente”, clamó y llegó a enumerar las medidas tomadas para aliviar la tensión en una ciudad fronteriza que sigue colapsada.
Además, prometió hacer público los informes de la inteligencia militar española sobre el cruce masivo de la frontera, ante la filtración de documentos policiales solicitados en secreto por la justicia española. Es más, llegó a anunciar que endurecerá las relaciones con Marruecos en el caso de demostrarse la implicación directa de sus mandatarios.
Las buenas intenciones solo sirvieron para convencer a sus compañeros de bancada, al tiempo que desde la oposición aireaban todo tipo de teorías sin evidencias sólidas y señalaban sus pasos en falso.
En medio, 141 personas fallecidas en su intento de llegar a nado a suelo español y miles de personas tanto del país vecino, dirigido con mano de hierro y dividido socialmente por un modelo económico que premia a los afines y empobrece al resto, como del África subsahariano, a las que solo les queda perder la esperanza de pisar algún día Europa.
“Dimita por incompetente o por cómplice. Usted pagará ante la justicia”, le soltó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que incluso pudo replicarle que lo que no habría hecho en este caso habría sido irse de vacaciones, además de “cesar al ministro del Interior por incompetente.” y mandar al rey a Ceuta.
Eso sí, aclaró que no estaba a favor “de disparar a nadie” y que “la Guardia Civil no lo ha hecho nunca”.
Abascal, por su parte, volvió a dar ejemplo de su inflamada verborrea al llamar al presidente “traidor a España”, además de “a los policías”. Ya embalado le presentó como “muy valiente con el rey de España y muy sumiso con el de Marruecos”.
El dirigente ultra repitió, ya de cara a la galería y a sus potenciales votantes, su unívoca visión de los acontecimientos: “No fue una crisis migratoria, fue una invasión”.
La oposición se agarra a las torpes contradicciones, el descontrol administrativo y la lentitud de las medidas adoptadas, sin posder contar con el apoyo de las autoridades locales y europeas, para erosionar todavía más al gobierno.
La miope apuesta europea por delegar la gestión fronteriza a países de dudoso aprecio por los Derechos Humanos, al igual que la persecución cruenta a las personas migrantes pobres en EEUU, apuntala la idea de que la dignidad humana es negociable y que los derechos fundamentales dependen de consideraciones geográficas y coyunturas políticas.
El horizonte de la seguridad y prosperidad compartida se aleja mientras cunden las posiciones belicistas y hasta cruentas, sin reparar en las consecuencias de confiar en soluciones expeditas que por lo general no terminan de resolver lo que prometen.
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