Exigen medidas urgentes de alojamiento ante las últimas dos muertes de asentamientos de temporeros en Huelva
Ante la muerte de dos temporeros en incendios registrados este mes en asentamientos de Huelva, la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho ha vuelto a pedir alojamientos dignos para las personas trabajadoras migrantes del campo.
Este sábado 26 de septiembre, el incendio en el asentamiento del polígono San Jorge, en Palos de la Frontera se cobró la vida de un trabajador mauritano de 39 años y devoró unas 20 viviendas.
Menos de dos semanas antes el 15 de septiembre, falleció otro trabajador de 38 años y nacionalidad maliense, en el poblado de La Sevillana, en Lucena del Puerto. El fuego, cuyas causas no han sido determinadas, afectó a alrededor de 80 chabolas y dejó a numerosas personas sin alojamiento.
Desde 2019, ya son siete las personas fallecidas en los asentamientos de temporeros de la provincia, sin que las autoridades y administraciones públicas reaccionen, más allá de las correspondientes declaraciones de condolencias.
La Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, integrada por una treintena 29 organizaciones sociales (Asociación Multicultural de Mazagón, Asociación maliense de Mazagón, Coordinadora de Barrios; Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía e Intermon Oxfam, entre otras), ha difundido un mensaje, con el respaldo de Red Acoge y Alianza por la Solidaridad, en el que señala “la total responsabilidad política” ante estos hechos y su “repetición”.
De hecho, responsabiliza de la “cronificación” del chabolismo en las zonas de agricultura intensiva de Andalucía a “la falta de respuestas institucionales”, “el racismo inmobiliario” y” la ausencia de políticas públicas”.
Las administraciones, advierte la plataforma, están más interesadas en “desalojar y destruir asentamientos de chabolas para invisibilizar todo lo posible la precariedad y la pobreza que rodean al agronegocio”, que en ofrecer “vivienda digna alternativa” a las personas migrantes trabajadoras del campo.
Padrón por Derecho cuestiona las declaraciones realizadas por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, quien habría justificado la falta de respuesta institucional debido a que las personas damnificadas habían sido acogidas por familiares.
Desde las entidades sociales afirman que existen afectados que siguen pernoctando al aire libre. Otro de los aspectos denunciados por la plataforma es la situación del empadronamiento de las personas que residen en asentamientos e infraviviendas.
La Coordinadora acusa a varios ayuntamientos de la zona agrícola onubense de negar o dificultar este trámite administrativo, una práctica que, a su juicio, limita el acceso a servicios y derechos básicos.
También vincula la persistencia de los asentamientos con la falta de vivienda asequible para la mano de obra agrícola y con la insuficiencia de los sucesivos planes de erradicación del chabolismo desarrollados en la provincia durante las últimas décadas.
Entre las medidas que reclama la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho figuran la apertura de una investigación sobre el origen de los incendios, la puesta en marcha de planes de emergencia para atender a las personas afectadas, la instalación de módulos habitacionales provisionales con servicios básicos y el desarrollo de un programa de vivienda estable para trabajadores del campo. Insisten igualmente en garantizar el empadronamiento de todas las personas residentes en asentamientos e infraviviendas.
La plataforma pide que “no se silencien ni se dejen en el olvido” las muertes que achaca a “la falta de responsabilidad de la administración pública y la opulencia de la patronal agrícola, que las necesita para lucrarse pero no las dota de las condiciones para vivir y trabajar dignamente”.
Por eso, recoge el nombre y circunstancias de los fallecidos en las infraviviendas del campo onubense: Toufik Alasar, ciudadano marroquí de 24 años, fallecido en 2019 al incendiarse su chabola en un asentamiento de Palos de la Frontera; Ato, de 50 años y originario de Ghana, y Guida, de 35 años y nacionalidad marroquí, que murieron en 2021 en Lucena del Puerto; Mohamed Alam, fallecido en un asentamiento de Lepe en 2022; y Kullo Konay, ghanés de 40 años, que perdió la vida en 2025 en su chabola de Lucena del Puerto.
Todos ellos murieron atrapados por las llamas mientras descansaban en infraviviendas construidas con materiales altamente inflamables, una realidad que, según denuncia la plataforma, sigue evidenciando las precarias condiciones en las que viven numerosos trabajadores migrantes de la campaña agrícola.
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