El Gobierno prolonga Almaraz hasta 2030 y reabre el pulso sobre el calendario nuclear
La autorización añade 31 meses de funcionamiento a la unidad I y 19 a la unidad II. El Ejecutivo justifica la decisión por la volatilidad del gas, mientras CCOO reclama alternativas industriales y laborales para el territorio y Greenpeace denuncia una cesión a las eléctricas
El Gobierno ha autorizado la continuidad de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, hasta el 8 de junio de 2030. La decisión, publicada este viernes 14 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prolonga alrededor de 31 meses el permiso de explotación de la unidad I, cuyo cierre estaba previsto para noviembre de 2027, y unos 19 meses el de la unidad II, que debía cesar su actividad en octubre de 2028.
La Orden TED/864/2026, firmada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responde a la solicitud presentada en octubre de 2025 por Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) y cuenta con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), emitido el pasado 16 de julio. La autorización queda condicionada al cumplimiento de los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica establecidos por este organismo.
El Ejecutivo insiste en que se trata de una extensión “limitada y acotada” que no modifica el calendario de cierre del conjunto del parque nuclear español, previsto para 2035, ni compromete los objetivos europeos de energías renovables.
El precio del gas, argumento principal
La orden atribuye la decisión al cambio del contexto energético provocado por la crisis en Oriente Medio, que ha incrementado los precios y la volatilidad de los combustibles fósiles, especialmente del gas natural. La continuidad temporal de Almaraz contribuirá, según el Ministerio, a moderar la exposición del sistema eléctrico y de los consumidores a posibles picos de precios mientras avanzan las energías renovables y el almacenamiento.
Los cálculos gubernamentales estiman que la prórroga reducirá en 2030 un 7% la generación eléctrica procedente de ciclos combinados de gas respecto al escenario contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Su impacto sobre las renovables sería, según la misma estimación, una disminución del 1,4%.
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) considera, por su parte, que el aumento de los residuos radiactivos será “poco significativo”, no obligará a ampliar las instalaciones de almacenamiento existentes o proyectadas y no supondrá costes adicionales para los consumidores ni para los Presupuestos Generales del Estado.
El permiso incluye distintas exigencias de seguridad y obliga a la empresa a garantizar las dotaciones de plantilla vinculadas a estas funciones entre 2028 y 2030. Al menos un año antes del cierre, deberá justificar también las condiciones en las que permanecerá la instalación desde el cese de la explotación hasta la autorización de su desmantelamiento.
Una prórroga sin garantías concretas para la comarca
La orden ministerial incorpora una referencia explícita al futuro del territorio. El tiempo añadido “deberá facilitar la mayor implicación de las empresas propietarias en alternativas industriales y de empleo” y ser utilizado para avanzar mediante el diálogo social hacia una transición justa.
Sin embargo, el texto no concreta inversiones, compromisos empresariales, mecanismos de participación ni garantías laborales para después de junio de 2030.
CCOO defiende el cumplimiento del calendario del PNIEC, pero advierte de que no puede utilizarse para frenar el despliegue de las energías renovables ni sembrar dudas sobre el cierre nuclear previsto hasta 2035. El sindicato pide al Gobierno “evitar mensajes confusos” y reafirmar su compromiso con las renovables y el almacenamiento.
Su secretario general, Unai Sordo, ha subrayado en X que transformar el modelo energético representa “la gran oportunidad de mejorar nuestro tejido productivo y autonomía estratégica”. Para aprovecharla, ha reclamado “escenarios de certeza y rumbos coherentes”, junto con la incorporación de energías renovables y transiciones justas en los territorios afectados.
La organización de trabajadoras y trabajadores exige además al Ejecutivo, a la Junta de Extremadura y a las empresas propietarias que aprovechen el nuevo plazo para atraer inversiones, preferentemente industriales, capaces de mantener y aumentar el empleo en la comarca. “En Almaraz esta situación no se está cumpliendo”, advierte el sindicato, que reclama espacios de participación efectiva para las personas trabajadoras y el territorio.
Greenpeace denuncia una cesión a las eléctricas
Greenpeace ha rechazado frontalmente la orden y la ha calificado como una “cesión vergonzosa a la presión del oligopolio eléctrico encabezado por Iberdrola, Endesa y Naturgy”. La organización ecologista sostiene que la decisión no responde a razones de seguridad técnica ni garantiza una factura eléctrica más baja, sino que protege los intereses económicos de las compañías.
La entidad cita un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos que calcula un sobrecoste de 3.831 millones de euros en la factura eléctrica hasta 2033 y una posible pérdida de hasta 26.130 millones en inversiones renovables y almacenamiento. También alerta de un “efecto acantilado” en 2030, cuando podrían coincidir los cierres de Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes, con la retirada simultánea de unos 4.000 megavatios.
Greenpeace teme que ese escenario termine utilizándose para justificar nuevas prórrogas y denuncia que Almaraz actúa como un “tapón” para el aprovechamiento de la energía solar extremeña. La organización ha anunciado que explorará “todas las vías” para tratar de revertir la decisión.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
