Aprobada la ayuda de 25 millones para la infancia en Ceuta aunque no hay avances en los traslados a las Comunidades Autónomas
El Gobierno y las Comunidades Autónomas han aprobado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta.
Aunque la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, destacó la “importancia” de trasladar a los menores migrantes del sistema de acogida al resto de España, para aliviar así la presión sobre los dispositivos ceutíes, las Comunidades Autónomas se resisten a ser parte de la solución.
La reunión, a la que no acudieron Aragón, Extremadura y Castilla y León, tenía un único punto en su orden del día: la ayuda para Ceuta, que ha sido aprobada por unanimidad de todas las autonomías presentes.
Al encuentro han acudido presencialmente Cataluña, Navarra, Canarias y Madrid, mientras que Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Galicia, La Rioja, Murcia y País Vasco lo han hecho telemáticamente.
Los vicepresidentes de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Extremadura y Aragón –Carlos Pollán, Óscar Arturo Fernández Calle y Alejandro Nolasco, de Vox– anunciaron el día de antes su ausencia de la Conferencia Sectorial, así como su intención de impugnar judicialmente cada expediente de menores migrantes procedentes de Ceuta que no concluya con su retorno a Marruecos.
De hecho, así lo hicieron constar los tres altos responsables autonómicos mediante el envío concertado de escritos al Ministerio de Juventud e Infancia, en los que solicitaban que constara en el acta de la reunión su veto a cualquier reparto” desde la ciudad autónoma “hacia cualquier parte del territorio nacional”, dada la situación de “saturación” en la que se encuentran los territorios en cuyos gobiernos participan, según su particular versión.
Ya en 2024, la formación de Santiago Abascal decidió abandonar los gobiernos autonómicos de los que formaba parte ante la decisión del PP de aceptar el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias.
Sin avances para los traslados a la península
La conferencia sectorial no fue más allá de la aprobación del presupuesto sin avanzar sobre el traslado a la península de los menores acogidos por el sistema de protección.
El Ministerio de Juventud e Infancia cifró en 1.500 los menores acogidos, aunque las organizaciones que trabajan sobre el terreno elevan esa cantidad a cerca de 3.000. Según la ministra Sira Rego, entre ellos hay numerosos menores de 13 años y unas 700 niñas.
Ante las críticas por la demora en la aprobación de las ayudas, Rego defendió la actuación de su departamento y recordó que la tramitación de este tipo de partidas requiere la intervención de distintos órganos administrativos.
“Los tiempos no los puedo recortar. Tengo que pasar por un Consejo de Ministros, por una Conferencia Sectorial, etcétera”, señaló.
Durante la reunión también se planteó la posibilidad de trasladar a la península a unas 500 niñas actualmente acogidas en Ceuta para su atención en recursos gestionados por entidades de protección a la infancia. La tutela, no obstante, seguiría correspondiendo a la ciudad autónoma.
La ministra señaló que la prioridad es la reunificación familiar aunque matizó que no suele ser viable en la mayoría de los casos.
“La primera opción siempre es la reagrupación familiar, pero en la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno. Ahí, como sociedad, lo que nos corresponde es acoger y cuidar de esos niños”, afirmó.
La ministra explicó que el procedimiento se encuentra todavía en la fase de identificación y filiación de los menores llegados durante las últimas semanas. “Estamos terminando esa fase porque la situación de desborde ha sido tan grande que estamos aún con esto. Luego empezarán las entrevistas caso a caso”, señaló.
Según detalló, ya se están tramitando los primeros expedientes, que posteriormente serán remitidos a Marruecos para intentar determinar la situación familiar de cada menor y estudiar una eventual reunificación. Sin embargo, Rego reconoció las dificultades existentes para avanzar en ese proceso debido a la falta de respuesta de las autoridades marroquíes.
Pendientes de la respuesta marroquí
“Ahora mismo hay 600 expedientes que tiene Marruecos para acreditar la situación familiar de menores que llegaron antes del 30 de julio que están sin responder”, precisó la ministra, quien evitó mostrarse optimista sobre una pronta resolución de estos casos.
A la espera de la decisión del Ejecutivo ceutí, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, Ana Dávila, rechazó “cualquier tipo de reparto” de menores migrantes no acompañados y defendió su retorno con las familias.
De paso, consideró insuficientes los 25 millones de euros comprometidos por el Gobierno, al entender que esa cantidad solo permitiría atender a los menores “durante los próximos dos meses”.
Canarias también cuestionó la suficiencia de los fondos aprobados. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, reclamó una mayor financiación estatal al considerar que, “por experiencia propia”, la partida prevista apenas cubriría las necesidades de Ceuta durante unos tres meses. Además, defendió que los menores puedan ser reubicados incluso en otros países de la Unión Europea.
Sobre esta posibilidad, Rego recordó que muchas de las personas que llegan a España tienen otros destinos finales dentro de Europa y subrayó que la gestión de la migración debe abordarse desde un principio de solidaridad compartida entre los Estados miembros.
Por su parte, el consejero de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña, Raúl Moreno, evitó aclarar si Cataluña está dispuesta a acoger a parte de estos menores.
“En este momento no estamos en ese punto”, afirmó. Moreno argumentó que el sistema catalán de protección atiende ya a más de 2.000 menores y a más de 4.000 jóvenes de entre 18 y 23 años, por lo que cualquier nueva medida deberá analizarse en función de la capacidad disponible. Aun así, defendió que la respuesta a la situación de Ceuta debe ser compartida por el conjunto de las comunidades autónomas.
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