Crece el empleo de las personas con discapacidad aunque la integración real sigue lejos

La mejora de los datos de afiliación y empleo de las personas con discapacidad en España no ha logrado cerrar las profundas brechas que persisten en el acceso al mercado laboral. El 58,09% de las personas con discapacidad desempleadas se encuentra en paro de larga duración y casi el 70% de los contratos que consiguen son temporales, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
De acuerdo con el Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad 2026 del SEPE, la tasa de actividad (ocupadas y en búsqueda de empleo) de las personas con discapacidad se sitúa en el 35,4%, 43,1 puntos por debajo de la registrada entre la población sin discapacidad, que alcanza el 78,5%. La diferencia también se refleja en la tasa de empleo, del 28,9% frente al 69,7%, y en la tasa de paro, que se eleva al 18,5% entre las personas con discapacidad frente al 11,2% del resto de la población.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, indican que en España había 1.941.500 personas con discapacidad en edad laboral, equivalentes al 6,13% de la población en edad de trabajar. De ellas, 687.500 eran personas activas, 560.400 estaban ocupadas y 127.100 se encontraban en situación de desempleo.
A pesar de estas dificultades, la afiliación de trabajadores con discapacidad a la Seguridad Social continúa creciendo. En 2025 se contabilizaron 345.854 personas afiliadas, un 2,91% más que el año anterior y un 52,58% más que hace una década. Sin embargo, este colectivo apenas representa el 1,6% del total de personas afiliadas, una cifra que, a juicio del sindicato, evidencia su escasa presencia en el mercado de trabajo.
Ante esta situación el sindicato USO reclama la inclusión laboral “real” basada en la calidad del empleo y la igualdad de oportunidades. “La discapacidad no debe ser una condena a la precariedad. El reto no es únicamente que las personas con discapacidad tengan un empleo, sino garantizar que puedan acceder a empleos estables, dignos, cualificados y con derechos, en igualdad de condiciones”, afirma Marisa Madrid, secretaria de Comunicación e Igualdad de la organización.
Madrid sostiene que la inclusión laboral “debe dejar de medirse únicamente por el número de contratos” y reclama incorporar indicadores relacionados con la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y las condiciones laborales.
Temporalidad y parcialidad
La contratación de personas con discapacidad aumentó un 1,52% durante 2025, hasta alcanzar los 275.890 contratos. No obstante, el mercado laboral sigue mostrando elevados niveles de precariedad. El 69,95% de los contratos fueron temporales, mientras que solo el 30,05% tuvieron carácter indefinido.
Junto a ello, más de un tercio de los contratos, concretamente el 35,39%, fueron a tiempo parcial, una modalidad con mayor incidencia entre las mujeres.
La actividad laboral del colectivo se concentra además en el sector servicios, que acumula 290.125 afiliaciones y el 82,88% de todos los contratos registrados. Asimismo, el 92,24% de la contratación se realizó bajo el Régimen General de la Seguridad Social, frente al 7,67% correspondiente al trabajo autónomo.
Brechas de género y baja cualificación
Las desigualdades también presentan una marcada dimensión de género. Los hombres representan el 57,6% de las personas con discapacidad afiliadas, frente al 42,4% de mujeres, una diferencia de 15,19 puntos porcentuales.
Por otra parte, el perfil formativo de las personas contratadas continúa concentrándose en los niveles educativos más bajos. El 67,27% de los contratos correspondió a personas con Educación Secundaria Obligatoria o estudios inferiores, mientras que el 27,08% se dirigió a personas con Bachillerato o Formación Profesional y apenas el 5,65% a titulados universitarios.
Esta realidad se traduce también en la distribución ocupacional. Más de la mitad de las contrataciones se concentra en empleos elementales y del sector servicios. Cinco ocupaciones, vinculadas principalmente a tareas de limpieza, peonaje, hostelería y conserjería, reúnen el 30,56% de toda la contratación de personas con discapacidad.
El desempleo de larga duración, principal obstáculo
Aunque el desempleo entre las personas con discapacidad descendió un 3,1% en 2025, hasta las 131.219 personas registradas, el paro de larga duración continúa siendo uno de los principales problemas para este colectivo.
Según los datos del SEPE, el 58,09% de las personas desempleadas con discapacidad lleva más de un año buscando empleo y el 43,93% supera los dos años en situación de desempleo. Las mujeres representan el 56,5% del paro de larga duración y las personas mayores de 45 años concentran el 63,72% de los casos.
Ante esta situación, USO reclama políticas de empleo integrales con perspectiva de género y de derechos humanos que garanticen no solo el acceso al empleo, sino también la estabilidad laboral, la igualdad salarial y las oportunidades de promoción profesional.
“Porque la discapacidad no puede determinar las oportunidades, el salario, el tipo de contrato o la ocupación a la que puede acceder una persona”, concluye el sindicato, que insiste en que la verdadera inclusión laboral pasa por asegurar derechos laborales efectivos y empleo de calidad para las personas con discapacidad.

Redactor jefe de Noticias Obreras



