El Supremo obliga a Interior a facilitar datos sobre la nacionalidad de las personas internadas en los CIE
El Tribunal Supremo ha dado la razón al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y ha anulado la decisión de la Dirección General de la Policía que impedía acceder a información sobre la nacionalidad de las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
La resolución, que llega tras más de tres años de litigio, supone un importante avance en materia de transparencia y control democrático de unas instituciones que desde hace años son objeto de críticas por su opacidad.
La sentencia establece que la Administración no puede restringir el acceso a información pública basándose en argumentos genéricos sobre un posible perjuicio para las relaciones exteriores de España. Según el Alto Tribunal, cualquier limitación al derecho de acceso debe estar respaldada por una justificación concreta, real y acreditada, y no por riesgos meramente hipotéticos.
El SJM, que lleva años denunciando en sus informes anuales considera un avance acabar con “la opacidad en torno a la información disponible y los procedimientos que operan en los CIE”.
Así, el acceso a los datos de nacionalidad permitirá analizar con mayor rigor aspectos esenciales del sistema de internamiento, como la relación entre la nacionalidad y la privación de libertad, la ejecución efectiva de las expulsiones o el impacto del control fronterizo.
El coordinador del Programa CIE del SJM, Iván Lendrino Tejerina, destaca que “es gracias al trabajo sostenido de personas voluntarias de los equipos de visita a CIE que podemos alzar la voz sobre las vulneraciones de derechos en estos centros y conocer el perfil de las personas internadas; con esta sentencia podremos acceder además a información útil para el acompañamiento y la incidencia”.
Por su parte, el abogado del SJM Javier Ignacio Moreno Gómez señala que “el derecho a la información pública no solo es un pilar fundamental del principio de transparencia y del derecho a una buena administración, sino que también, en tiempos de desinformación, tiene un carácter relevante, ya que la opacidad institucional no es neutral: alimenta la estigmatización, valida estereotipos nocivos y perpetúa el sesgo racista en el diseño de las políticas públicas que impactan directamente en las vidas de las personas migrantes y racializadas”.
Deportaciones y externalización de fronteras
La sentencia coincide con la reciente publicación del informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, que insiste en la necesidad de garantizar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en las políticas migratorias, especialmente en los contextos de detención y externalización de fronteras.
Entre los ejemplos analizados por el relator figura el traslado de personas migrantes por parte de Italia a centros de internamiento situados en Albania, un caso que, según el informe, pone de manifiesto la importancia de que este tipo de políticas estén sometidas a mecanismos efectivos de supervisión pública e independiente.
Desde el Servicio Jesuita a Migrantes consideran que la resolución del Tribunal Supremo representa “un avance hacia una mayor transparencia activa por parte de la Administración, de modo que la información relevante sobre el funcionamiento de los CIE pase a formar parte de la información pública accesible para toda la ciudadanía”.
La organización sostiene además que decisiones de este tipo fortalecen la calidad democrática al reconocer el papel de la sociedad civil en el seguimiento de la actuación de las administraciones públicas, la evaluación del impacto de las políticas públicas y la defensa de los derechos humanos.
El SJM reitera asimismo su rechazo a la privación de libertad de personas por motivos exclusivamente migratorios. En el comunicado afirma que esta práctica debe ser cuestionada “no sólo por sus impactos negativos profundos y duraderos sobre las personas que la sufren, sino también porque su eficacia como política de control de la migración está seriamente cuestionada por la evidencia”.
El acceso a la información de interés público, reconocido en la sentencia, mejorará la vigilancia e investigación sobre “un ámbito especialmente opaco de la Administración” y reforzará la labor de incidencia de la sociedad civil.
Desde el Servicio Jesuita a Migrantes subrayan que la sentencia cobra especial relevancia en el actual contexto europeo. En su comunicado, la entidad sostiene que la Unión Europea avanza hacia un endurecimiento de las políticas migratorias “en las que la privación de libertad de personas migrantes deja de ser un último recurso, excepcional y sujeto a la proporcionalidad de este tipo de medidas, para convertirse en una herramienta central para la gestión migratoria”.
La organización recuerda además que el Ministerio del Interior había rechazado de forma reiterada este tipo de solicitudes de información amparándose en argumentos relacionados con las relaciones exteriores, una justificación que el Supremo considera ahora insuficiente.
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