Denuncia la escasez y cicatería del Fondo de Compensación a las víctimas del amianto
Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre las indemnizaciones concedidas a través del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto revelan el corto alcance y la escasa utilidad de este instrumento que debía resarcir a las víctimas de unas prácticas empresariales lesivas y unas decisiones políticas más que cuestionables.
Las cifras, actualizadas a 6 de julio, muestran que únicamente 97 personas han sido indemnizadas desde la entrada en vigor del Fondo el pasado 18 de septiembre de 2025. Las asociaciones de víctimas consideran que estos datos evidencian que el Real Decreto 483/2025, de 17 de junio, que regula el funcionamiento del Fondo, no respeta el espíritu de la Ley 21/2022, de 19 de octubre, creada precisamente para garantizar la reparación de todas las personas afectadas por la exposición al amianto.
Según denuncia la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) y los sindicatos CCOO y UGT , el desarrollo reglamentario ha introducido limitaciones que están dejando fuera a una gran parte de las víctimas, alejándose del objetivo inicial de la ley.
Recuerdan que la norma aprobada en 2022 nació con la voluntad de resarcir sin excepciones a quienes padecen enfermedades derivadas de la exposición al amianto y de garantizar indemnizaciones equiparables a las obtenidas habitualmente por vía judicial.
Estas organizaciones llaman la atención sobre el hecho de que no se haya aceptado ninguna solicitud de indemnización en Cataluña, siendo “uno de los epicentros de la epidemia de amianto en el Estado español, por haber tenido importantes centros industriales de manipulación de este material como la antigua planta central de Uralita”.
“No entendemos que el Gobierno español desoiga el clamor que surge desde todas las partes del Estado”, apuntan, a la vez que recuerdan que el pasado 19 de junio la Generalitat de Cataluña además de aprobar una ley para la erradicación del amianto, pidió perdón al conjunto de sus víctimas.
Hasta tachan de “inconcebible” que el mismo grupo político que pide en Cataluña, y en el resto del Estado, resarcir adecuadamente a las víctimas limite y dificulte el acceso a las personas y familias afectadas al Fondo.
Por ello, reclaman una modificación urgente del Real Decreto 483/2025 para adecuarlo plenamente a la Ley 21/2022 y garantizar que todas las víctimas puedan acceder a una compensación justa.
Las asociaciones insisten en que, después de décadas de lucha por el reconocimiento de los daños causados por el amianto, el Fondo de Compensación no puede convertirse en un mecanismo que deje atrás precisamente a quienes pretendía proteger.
Para ellas, la reparación integral de todas las víctimas sigue siendo una deuda pendiente que el Estado debe afrontar sin más demora.
Mientras aumenta la presión contra el funcionamiento actual del mecanismo para indemnizar a las víctimas de este mineral cancerígeno, la Unión Europea ha remitido un dictamen motivado al Gobierno español, segundo paso de un procedimiento de infracción, ante la deficiente transposición de la directiva europea destinada a mejorar la protección de los trabajadores expuestos al amianto
La medida afecta también a Chipre, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia, países que, según la Comisión, todavía no han comunicado todas las medidas necesarias para garantizar la incorporación de la normativa europea.
La advertencia de Bruselas pone de relieve la gravedad de un problema que continúa teniendo un enorme impacto sanitario en toda Europa. Según recuerda la propia Comisión Europea, el amianto es responsable de aproximadamente el 75% de los cánceres de origen laboral registrados en la Unión Europea, lo que convierte a esta sustancia en uno de los mayores riesgos para la salud de los trabajadores.
La directiva comunitaria busca reforzar los mecanismos de prevención en aquellos sectores donde todavía existe exposición al amianto, especialmente en tareas de rehabilitación, mantenimiento o demolición de edificios construidos antes de su prohibición.
Entre las principales novedades que los Estados miembros deben incorporar a sus ordenamientos jurídicos figura la reducción del límite máximo de exposición profesional. La normativa europea rebaja ese umbral de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico de aire, una décima parte del nivel permitido hasta ahora.
La medida responde a los avances científicos acumulados en los últimos años, que han confirmado que incluso exposiciones muy bajas pueden provocar enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón o mesotelioma.
El expediente se inició en enero de 2026, cuando la Comisión envió cartas de emplazamiento a una decena de Estados miembros por incumplimiento de la directiva. Desde entonces, cuatro países han logrado subsanar las deficiencias detectadas, pero España continúa entre los gobiernos que no han completado el proceso.
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