La protección social a las personas mayores mejora lentamente sin llegar a resolver las carencias
El sistema de atención a las personas mayores avanza, pero lo hace con demasiados peros. Esa es la conclusión que mejor resume el último Observatorio Social de las Personas Mayores 2026, elaborado por la Fundación 1º de Mayo y la Federación de Pensionistas de CCOO, que constata progresos en algunos indicadores, pero también desequilibrios estructurales que comprometen la sostenibilidad del modelo.
Según el estudio, la población mayor de 65 años ha pasado del 17% en 2002 al 20,7% en 2025, mientras que el grupo de 80 años o más ha crecido del 3,9% al 6,2%. En paralelo, la población extranjera ha aumentado del 4,2% al 14,1% del total, un crecimiento significativo pero insuficiente para frenar el envejecimiento estructural.
Aunque la inmigración sigue concentrándose en edades laborales y reproductivas, el incremento sostenido de la población mayor desde la pandemia ha reducido su capacidad de compensación. A ello se suma el desplome de la natalidad, que encadena dos décadas de descenso hasta situarse en mínimos históricos, con una tasa del 6,5% en 2024.
Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato, subraya la necesidad de revisar las políticas migratorias en el marco europeo: “Solo la migración nos permite equilibrar un proceso muy peligroso”.
Su reflexión enlaza con el debate sobre la regularización extraordinaria y su impacto en la estructura generacional, en un país que encadena saldo vegetativo negativo desde 2015.
El Observatorio confirma también que la esperanza de vida a los 65 años ha recuperado y superado los niveles previos a la pandemia, lo que indica que las personas mayores viven más y en mejores condiciones de salud.
Pero este avance contrasta con un sistema de cuidados que sigue tensionado. El SAAD ha atendido a más de tres millones de personas desde su creación y hoy 1,7 millones reciben una prestación efectiva.
Sin embargo, más de 232.000 personas continúan en lista de espera. Las diferencias territoriales son abismales —de 553 días de demora en Murcia a 92 en Ceuta— y responden, según el Observatorio, a decisiones de gestión y financiación de las comunidades autónomas.
El informe alerta además de la tendencia a priorizar prestaciones de bajo coste frente a servicios profesionales de mayor intensidad asistencial, un enfoque que compromete la calidad del cuidado.
Juan Sepúlveda, secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, advierte: “No se puede tener a una persona mayor atendida por una persona de la misma edad”. Reclama reforzar la aportación autonómica y profesionalizar un sector que ya emplea a 500.000 personas y necesitará duplicar su plantilla en pocos años.
El estudio dedica un apartado a la brecha de género en las pensiones, que se reduce pero sigue siendo elevada: 30,7% en las pensiones en vigor y 20,7% en las nuevas altas.
Alicia Martínez, coautora del informe, vincula esta evolución a la mejora de las trayectorias laborales femeninas, aunque recuerda que persisten los efectos acumulados de décadas de desigualdad y de la asunción mayoritaria de los cuidados por parte de las mujeres.
Aunque el sistema avanza, lo hace con sombras que no pueden ignorarse. El envejecimiento acelerado, la insuficiencia de los flujos migratorios, la fragilidad del modelo de cuidados y la persistencia de desigualdades de género obligan a repensar políticas públicas y prioridades.
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