La coalición IA ciudadana denuncia que el Parlamento Europea recorta garantías clave para los derechos digitales
El Parlamento Europeo aprobó este martes el denominado “AI Omnibus”, un paquete legislativo presentado como una simplificación del Reglamento de Inteligencia Artificial, que, según la coalición IA ciudadana, supone en la práctica un recorte sustancial de las garantías previstas para proteger los derechos de la ciudadanía frente a los sistemas automatizados.
La reforma introduce cambios relevantes en un marco normativo que había sido acordado tras años de negociación en la Unión Europea y que establecía obligaciones estrictas para los sistemas de inteligencia artificial (IA) considerados de alto riesgo.
Entre ellas, la exigencia de registro público, auditorías, mecanismos de impugnación para las personas afectadas y supervisión por parte de organismos independientes. Sin embargo, estas salvaguardas se ven ahora debilitadas o retrasadas antes incluso de su aplicación efectiva.
Uno de los principales cambios afecta a la transparencia. El nuevo texto permite que los proveedores de sistemas de IA clasifiquen de forma unilateral sus productos como no sujetos a alto riesgo sin la obligación de publicar información sobre su comercialización ni sobre los criterios utilizados para esa clasificación.
Según IA ciudadana, esta medida dificulta la verificación pública y limita la rendición de cuentas.
Así mismo, el paquete legislativo aplaza la entrada en vigor de garantías clave en sectores especialmente sensibles. Las obligaciones relativas a sistemas de IA utilizados en ámbitos como el empleo, la educación, los servicios sociales o la justicia se posponen hasta diciembre de 2027, mientras que en el caso de las administraciones públicas el plazo se extiende hasta agosto de 2030.
Durante este periodo, las personas afectadas por decisiones automatizadas no dispondrán de los mecanismos de protección previstos en el AI Act original (marco jurídico de la inteligencia artificial en la UE)
El texto también modifica el alcance de las evaluaciones de impacto sobre derechos fundamentales, que eran un pilar central de la regulación inicial. El “AI Omnibus” permite sustituirlas por evaluaciones de protección de datos, de carácter más limitado y sin la exigencia de incorporar procesos participativos con las comunidades afectadas.
Para la coalición ciudadana, este cambio reduce el análisis de los efectos sociales y democráticos de estas tecnologías.
En paralelo, se endurecen las condiciones de acceso a la información por parte de organismos especializados en derechos fundamentales, como instituciones de igualdad o de lucha contra la discriminación, que deberán canalizar sus solicitudes a través de las autoridades de vigilancia del mercado, lo que introduce, a juicio de la coalición, más burocracia y retrasos en la supervisión.
“La normativa no se simplifica; se debilita antes de haber podido aplicarse”, afirma Judith Membrives i Llorens, responsable de Incidencia y discurso político sobre IA y Derechos Humanos de Lafede – justícia global, en representación de IA ciudadana.
“Estamos hablando de sistemas que ya están decidiendo sobre acceso a servicios sociales, procesos migratorios o condiciones laborales. Retrasar las garantías y reducir la transparencia no beneficia a la ciudadanía, sino a quienes despliegan estos sistemas sin rendir cuentas”, añade.
El debate ha evidenciado divisiones entre los Estados miembros. España había defendido mantener el nivel de exigencia regulatoria, una posición resumida por el ministro de Transformación Digital, Óscar López, quien declaró que se negaba a “admitir que haya que desregular la IA para ser competitivo”. Sin embargo, esta postura no logró imponerse en la negociación final.
Ante este escenario, IA ciudadana reclama que la implementación del reglamento europeo recupere los niveles de transparencia y supervisión recortados por el ómnibus, que las evaluaciones de impacto incluyan mecanismos de participación real y que se refuercen los recursos de las autoridades encargadas de supervisar estos sistemas.
La coalición advierte además de que el uso del procedimiento ómnibus para reabrir acuerdos legislativos podría sentar un precedente que afecte a otras normativas clave, como el Reglamento General de Protección de Datos.
Apoya y cuida Noticias ObrerasTu aportación hace posible un periodismo comprometido con la dignidad del trabajo, la justicia social y la esperanza. Puedes colaborar también a través de Bizum al 13744. Cualquier aportación, por pequeña que sea, suma y nos ayuda a seguir construyendo, día a día, esta mirada compartida al servicio del bien común
Redactor jefe de Noticias Obreras
