El curso escolar llega a su fin en la Educación Pública con la vista en un otoño que se prevé conflictivo
Ratios insostenibles, infraestructuras precarias, infrafinanciación crónica y medidas insuficientes para atender al alumnado con necesidades especiales atraviesan la Educación Pública que ha salido a las calles para exigir mejoras en varias comunidades autónomas. La huelga indefinida en el País Valencià, los más de treinta días de paros territoriales y generales en Catalunya y la preparación de una huelga unitaria en Madrid dibujan un mapa de conflictividad que anticipa un 2026 2027 especialmente tenso
El presente curso 2025-2026 que enfila ya su recta final acaba con un reguero de protestas repartido por todo el país que muestran que la movilización se ha territorializado sostenido por plantillas de docentes que exigen cambios estructurales.
Con el nuevo estatuto docente en el horizonte y con conflictos abiertos en varias comunidades, el malestar educativo está tomando forma como movimiento que reclama una transformación profunda del sistema público.
Este fin de semana, familias y docentes han confluido en las calles de Madrid y Barcelona, regiones gobernadas por los principales partidos del país.
En Madrid, la secretaria general de Educación de CCOO Madrid, Aida San Millán, ha descrito la movilización como la “antesala” de la huelga indefinida prevista para octubre
Ha denunciado que “el profesorado madrileño es el peor pagado de toda España” y que la región lleva doce años sin ampliar su plantilla. La marcha, convocada por CCOO junto a UGT y la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CONFAPA), ha contado con el respaldo de la plataforma Aprender sin Calor, cuyo portavoz ha denunciado que “es imposible que los niños puedan estar en clase” ante las altas temperaturas.
Desde las familias, el portavoz de Confapa, Fernando Mardones, ha criticado la ausencia de recursos para garantizar un comedor universal y gratuito, la falta de protocolos eficaces contra el acoso escolar y la insuficiente atención a la diversidad.
La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha restado legitimidad a la protesta, asegurando que solo busca “desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo” en España.
De momento, el próximo 24 de junio, se celebrará una asamblea unitaria, concebida como un espacio de coordinación entre infinidad de organizaciones y colectivos para acordar un diagnóstico común que sirva para impulsar un calendario de protestas para el inicio del próximo curso.
En Barcelona, la movilización ha sido impulsada por los sindicatos que se desmarcaron de los pactos previos con la Generalitat: USTEC STEs (Unió de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya), Intersindical CSC (Confederació Sindical Catalana), CGT (Confederación General del Trabajo), COS (Coordinadora Obrera Sindical) y CNT (Confederación Nacional del Trabajo).
Las organizaciones convocantes denuncian que las medidas pactadas no abordan el problema de fondo: ratios elevadas, falta de profesorado, precariedad en los centros y un modelo de financiación que consideran insuficiente para garantizar la igualdad de oportunidades. Entre los lemas más coreados que se pudieron escuchar apelaciones a la Generalitat pero también al asto militar, como “Gastos militares, en escuelas y hospitales, “Illa, si esto dura, os pasará factura”, “Govern, escucha, esto es una revuelta” o “Menos discursos y más recursos”.
Las protestas simultáneas en Madrid y Barcelona, sumadas al precedente valenciano, confirman que el malestar educativo ya no es un fenómeno aislado. Se trata de un movimiento amplio, territorializado y sostenido por una base docente que exige cambios estructurales.
En el País Valencià, la huelga indefinida iniciada el 11 de mayo y recientemente aplazada por el periodo estival ha situado a las asambleas en la vanguardia. Felip Vicedo, de la Coordinació d’assemblees docents, subraya que el profesorado ha sentido que controlaba la huelga, lo que explica la enorme participación.
Con más de 30.200 votos, solo la reducción de la carga burocrática obtuvo un respaldo amplio; el resto de reivindicaciones —ratios, salarios, condiciones laborales— queda pendiente para el próximo curso.
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