La “marea amarilla” de la Educación Infantil se extiende por el país
La primera huelga estatal en la Educación Infantil responde al malestar de las plantillas y familias, vehiculado a través de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), con apoyo de las organizaciones sindicales que han asumido el calendario de movilizaciones propuesto por las trabajadoras.
“No vamos a darle voz a ningún sindicato, de momento, porque esta es una lucha de las trabajadoras”, explica la portavoz de PLEI en Madrid, donde sigue la huelga indefinida que arrancó el 7 de abril.
Según explica, hace tres años comenzaron a organizar a las personas trabajadoras, la mayoría mujeres, de un sector precarizado, feminizado y profundamente fragmentado.
En este tiempo, han mantenido relación con los sindicatos para tratar de unificar posturas, aunque finalmente han optado por crear espacios donde las trabajadoras puedan organizarse sin depender de otras instancias.
Las plataformas tienen un funcionamiento asambleario y autónomo, con la intención de aunar a las profesionales de este ciclo educativo, que no cuenta con una regulación unificada ni con un único modelo de gestión, y superar las diferencias que imponen las negociaciones por convenios colectivos parciales.
Distribuidas en barrios, han logrado llegar al tejido social que, en parte, les están prestando su apoyo. No solo se ha abierto una caja de resistencia para apoyar a las trabajadoras más vulnerables, sino que se organizan festivales, mercadillos y otras actividades para recaudar fondos con los que sostener esta larga lucha.
También han explicado la situación a las familias que inevitablemente están saliendo perjudicadas, a pesar de unos servicios mínimos que la plataforma considera abusivos. Algunas que han sintonizado con las reivindicaciones, incluso, se están apañando como buenamente pueden para encargarse de sus hijos e hijas en algunos días de huelga.
Acuden con las educadoras a las concentraciones y protestas, repartidas por la Comunidad de Madrid, para reclamar a todas las administraciones competentes que asuman su responsabilidad de garantizar la calidad de la atención en esta etapa educativa.
El impulso ha trascendido los límites de la Comunidad hasta llegar a todo el territorio estatal y formar una verdadera “marea amarilla” imposible de ignorar. Han conseguido unificar un calendario de movilizaciones, al que los sindicatos se han ido sumando.
En contacto con las compañeras de Madrid, se gestó la plataforma en Castilla-La Mancha, el grupo motor comenzó a organizarse entre enero y febrero, recuerda María, educadora de una escuela infantil pública e integrante de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles de esta comunidad.
La plataforma llega a Castilla-La Mancha
“Aquí los ritmos han sido bastante más lentos”, admite. La diversidad del sector —escuelas autonómicas, municipales, privadas y externalizadas— dificultaba la coordinación. “Ha costado mucho trabajo ponernos todas de acuerdo y agruparnos”, explica.
A diferencia de Madrid, en Castilla-La Mancha las escuelas públicas son minoría: solo 38 en toda la región. Sin embargo, muchas de las personas que impulsaron la plataforma proceden precisamente de esos centros públicos, donde existe más músculo sindical.
“En lo privado no tienen apenas mecanismos de representación sindical ni de negociación ni nada”, explica María, que ve ventajas en la forma en que se han organizado. “Algunas reivindicaciones se han canalizado a través de la negociación de los trabajadores públicos, pero las trabajadoras del sector privado no tenían nada. Buscando que se aglutinara el movimiento en todo el sector, fue como se generó la plataforma”.
Después de todo, los problemas son comunes, independientemente de la titularidad, la forma de gestión y el territorio. “Aquí tampoco estamos bien”, confiesa esta trabajadora, militante de la HOAC de Ciudad Real. Por eso, añade, “había que lanzar ese mensaje también a nuestra consejería”
En esta región, el apoyo sindical ha llegado tras comenzar las movilizaciones y no siempre de la misma forma, dado que cada sindicato mira el conflicto en función de su representatividad y capacidad negociadora.
La plataforma insiste en que la reivindicación debía abarcar a todo el sector, no solo a las empleadas públicas. “La regulación de las escuelas infantiles tiene que servir para lo privado y para lo público, teniendo en cuenta que, como en casi todo, están las empresas y hay miedo a intervenir en el negocio”, denuncia María.
Ante la huelga estatal, cada comunidad ha establecido unos servicios mínimos. En Castilla-La Mancha, ha habido “una simulación de negociación con el comité de empresa. Llegó la administración e impuso los servicios mínimos”, denuncia María.
En el sector privado, la situación es aún más confusa: trabajadoras que no saben si tienen servicios mínimos, empresas que dan por hecho que nadie hará huelga y centros sin representación laboral. “Hay mucha gente muy perdida”, explica.
Con todo, la moral está alta. “Es la primera vez que veo a mis compañeras alzando la voz por lo mismo”, dice María. La movilización ha logrado algo que parecía imposible: unir a trabajadoras de modelos de gestión muy distintos en torno a una reivindicación común.
“Lo que se pide no es ningún disparate, se piden recursos para atender en condiciones a las criaturas”, señala.
La huelga del 7 de mayo espera respuesta del Gobierno central, pendiente de elaborar una regulación común para un ciclo que, las más de las veces, ha sido visto como meramente asistencial y no como una etapa fundamental de la educación. Pero también de las Comunidades y Ayuntamientos, con centros bajo su responsabilidad y potestad para determinar los criterios que deben cumplir las empresas.
Por el momento, no se conocen datos del seguimiento de la huelga, aunque los colectivos convocantes apelan a la marea amarilla que va a teñir las plazas y calles durante las concentraciones de la tarde para valorar el verdadero impacto de la movilización.
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