Iglesia por el Trabajo Decente de Castellón pide una regularización de migrantes justa y ágil

La mesa redonda organizada por la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente de la diócesis de Segorbe-Castellón sobre la regularización extraordinaria recogió un llamamiento al Gobierno y a las partes implicadas a dedicar los medios necesarios para dar respuesta a esta medida de “responsabilidad política, ética y social”.
En el encuentro, con el lema “Una medida de responsabilidad política, ética y social”, las entidades convocantes resaltaron el respaldo firme que ha dado la Iglesia española al proceso de regularización extraordinaria de migrantes de 2026, abierto a mediados de abril y que finalizará el 30 de junio.
La publicación del decreto que abría la puerta a este proceso de regularización extraordinaria no es una casualidad. En la pandemia se fue fraguando un movimiento social en red liderado por las organizaciones de migrantes que aglutinó a más de 900 organizaciones sociales, consiguiendo aportar en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular con el respaldo de más de 700.000 firmas.
Dos años después se aprobó la toma en consideración de la ILP con los votos a favor de todos los grupos políticos excepto uno. Y desde entonces, la difícil aritmética parlamentaria la ha mantenido secuestrada en la cámara.
Entidades católicas confluyeron con otras muchas organizaciones no confesionales en un auténtico proceso sinodal con el objetivo de dignificar la vida de personas que viven entre nosotros.
Primeramente se pudo escuchar la propia voz de personas migrantes que compartieron las dificultades que en su día a día viven por la situación de irregularidad, y los obstáculos en el proceso de regularizarse, transmitiéndonos su sufrimiento, pero también su inquebrantable esperanza.
La técnica de empleo de Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón, Olimpia Aznar, desde su experiencia en el acompañamiento de personas migrantes, fue ilustrando el sufrimiento de las personas que viven en situación de irregularidad, en procesos administrativos que duran entre dos y ocho años.
Los obstáculos que sufren estas personas para tener derecho a tener derechos son constantes, lo que a menudo las coloca en una posición muy vulnerable frente a la explotación laboral.
La irregularidad y en no reconocimiento de la ciudadanía, en gran medida, las abocada a la exclusión social, cuando no a ser objeto de la violencia social –en redes sociales se vierten a diario mensajes de odio con total impunidad, se convierten en el chivo expiatorio de muchos problemas sociales…– y también la violencia institucional cuando no se ponen todos los medios posibles para facilitar los trámites administrativos, o se aprueban políticas europeas contrarias a la movilidad humana.
En palabras de Olimpia: “Esta es la hora de mostrar de forma nítida, comprensible, arriesgada, en quién creemos y cuál es el Reino que invocamos cada día”.
Por su parte, el secretario de CCOO en Castellón, Albert Fernández, incidió en un tema del que apenas se habla, como es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor el día siguiente a la finalización del plazo de la regularización extraordinaria. Se trata de una normativa que degrada los Derechos Humanos y la solidaridad, priorizando la seguridad fronteriza, tratando de evitar los movimientos secundarios, deportando a las personas en situación irregular y externalizando el control migratorio.
Una Europa que trata de blindarse
Animó a denunciar estas acciones de la Unión Europea. También indicó que aproximadamente el 15% del PIB español procede de la economía sumergida y en la Comunidad Valenciana alrededor del 35%.
Detrás de estas cifras están mayoritariamente los extranjeros en situación irregular en periodos de actividad productiva álgidos. En especial, durante la recogida de la naranja y en trabajos derivados de la campaña turística veraniega.
Sin olvidar que los trabajos de cuidados en gran medida son atendidos por migrantes en situación irregular. Trabajar sin contrato es trabajar sin derechos y supone una mayor vulnerabilidad para los trabajadores.
El dirigente sindical destacó que la patronal española también se posicionó en su día a favor de la regularización, dada la necesidad de cubrir las vacantes laborales, por integrar trabajadores en la economía formal y dar seguridad jurídica a los empleadores.
Finalmente animó, desde la información, a confrontar argumentos y a desmentir los bulos que se han ido generando, porque este proceso de regularización extraordinaria es “de justicia y es una deuda que tenemos para con estas personas”.
La militante de la HOAC y miembro del Secretariado Diocesano para la Pastoral del Trabajo de Segorbe-Castellón, Anna Arayo, puso en valor la aportación de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) que trata de incorporar los valores evangélicos a la vida de hoy.
Estos criterios pueden ser motivo de confluencia en la sociedad, desde una sintonía creyente o bien desde una corriente humanista, al poner en valor los Derechos Humanos y la dignidad inalienable de cada persona, independientemente del color de su piel o del lugar de nacimiento.
Conseguir la regularización abre la oportunidad de acceder al trabajo decente. El reconocimiento de los derechos es la condición que permite a las personas desarrollar sus proyectos individuales y familiares.
El derecho al trabajo decente
Trabajar sin papeles para sobrevivir, mientras se resuelven procesos administrativos que duran años, aboca a la incertidumbre, a la falta de estabilidad personal y familiar, expone a abusos, dificulta el acceso a necesidades vitales, como la vivienda, y condena a vivir en la invisibilidad.
El pensamiento social del Pueblo de Dios incita a construir una cadena cálida de acogida, apoyo, colaboración, y un ambiente social favorable que acompañe a estas personas a dar los pasos necesarios para conseguir dignificar sus vidas, porque el derecho a un trabajo decente es un derecho de todas las personas.
En este sentido, Arayo invitó con énfasis a la relectura del capítulo 2 de la encíclica Fratelli Tutti, en la que Francisco, frente a la cultura de la indiferencia, hace un alegato a abordar desde la hospitalidad estas situaciones que tenemos tan cerca y a asumir la responsabilidad personal y colectiva.
El hecho de la propia regularización aparece como un motivo más para replantearnos en profundidad qué significa hoy creer en la hermandad de la familia humana, qué implica para la solidaridad la nada ambigua frase de Jesús: “Fui extranjero y me acogisteis”.
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Redacción de Noticias Obreras.



