“Infierno fiscal” … ¿dónde están los demonios?

Un “infierno” con menos fuego

La coincidencia de la campaña de la Renta ha supuesto la reactivación del arsenal conservador contra la presión fiscal en España, aduciendo, textualmente, que existe un “infierno fiscal”. El tema, como decimos, es recurrente, y se centra, de forma nítida, en reivindicar una vez más algo parecido a la curva de Laffer. Una tesis académicamente cuestionada en multitud de ocasiones, pero siempre invocada como arma electoral: la bajada de impuestos con el objetivo de obtener mayores recaudaciones. Esto sirve, a su vez, para describir la situación fiscal de España como anómala, desde el momento en que la metáfora utilizada es, como se decía, que estamos en un “infierno” tributario: una excesiva presión en unas coordenadas generales que se siguen presentando como catastrofistas.

Ahora bien, en un contexto de enorme incertidumbre, agravado por los impactos que ya está teniendo la guerra de Irán, las bases de la economía española denotan una clara fortaleza si, además, se comparan con el resto de la Eurozona. Esto es reconocido por todas las instituciones que se dedican a realizar análisis económicos. Y es así tanto en el crecimiento económico acumulado –con la métrica del PIB– como con otros indicadores adicionales (desempeño turístico, exportaciones de servicios no turísticos, reducción de la desigualdad, creación de puestos de trabajo, afiliaciones a la Seguridad Social, mejoras en la deuda y el déficit públicos, entre otros; sobre todo esto: Carles Manera, “El inexistente apocalipsis. La positiva capacidad de la economía española”, Sistema, núm. 275, 2026, con 17 indicadores al respecto). Bucear en los datos constituye el mejor antídoto para contrarrestar las afirmaciones tendentes al precipicio, con el recorte de los impuestos como única divisa que las derechas tienen para enfrentarse políticamente a las positivas variables macroeconómicas.

Una cifra concreta, sintética, es ilustrativa. El gráfico 1 indica, a valores constantes, la evolución del PIB per cápita en España, según mediciones de Eurostat. La curva es inequívoca: entre 2021 y 2025, el PIB per cápita mantiene una tendencia creciente, que constata la fuerte recuperación experimentada tras la pandemia. La aplicación de una política económica en la que el gasto público fue preferencial justifica esa evolución. En tal sentido, la inversión pública creció un 9% en 2025 –aunque el peso de las infraestructuras retrocedió–, y el esfuerzo inversor entre 2019 y 2024 fue del 1,7% sobre PIB en equipos de transportes (por detrás de Alemania y Francia, y por encima de Estados Unidos, Italia y Reino Unido); y del 3,6% en maquinarias y equipos no TIC (superan este dato Italia y Alemania; mientras es superior al de Estados Unidos, Francia y Reino Unido), según el reciente estudio dirigido por Francisco Pérez, Matilde Mas y Juan Fdez. de Guevara, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación BBVA (El stock de capital en España y sus comunidades autónomas, marzo de 2026). Estos signos revelan la capacidad de resiliencia de la economía española, y deberían alejar cualquier comentario epidérmico –sin el más mínimo rigor– y tendencioso sobre su desempeño.

El gráfico 2 incorpora, además, las recientes previsiones de crecimiento para 2026 y 2027 del Banco de España, tomadas con todas las prevenciones dado el escenario en el que nos estamos moviendo. Estos pronósticos auguran el mayor crecimiento de la economía española en comparación con la media comunitaria.

Gráfico 1. Evolución del PIB per cápita en España. € constantes, 2020-100

Gráfico 2. Previsiones de crecimiento del PIB, con impactos de la guerra. UE-España, 2025-2027

Sobre estas bases (con datos reales en el gráfico 1 y con predicciones en el gráfico 2), pasemos a ver qué sucede con los tributos, y si es cierto que España representa un país con un “infierno fiscal” tan flamígero como se indica desde la economía más conservadora.

Gráfico 3. Presión fiscal como porcentaje del PIB, UE-España, 1995-2025

Cuadro 1. Presión fiscal como porcentaje del PIB, UE-España (Fuente: Eurostat)

El gráfico 3 y el cuadro 1 recogen la trayectoria de la presión fiscal medida como porcentaje sobre PIB comparando España con la Unión Europea, en un período largo de tiempo. Desde 1995, la presión fiscal en España ha subido prácticamente cinco puntos porcentuales, mientras que en la media comunitaria lo ha hecho en un punto. Sin embargo, las estaciones de partida son bien distintas: en 1995, la Unión Europea aventajaba en más de ocho puntos a España en presión fiscal, es decir, un margen relativamente profundo. La convergencia tributaria se ha ido produciendo, si bien cabe señalar lo siguiente:

• La presión fiscal española está, en 2025, cuatro puntos por debajo de la media de la Unión. Si lo de España es un “infierno fiscal”, lo de la Unión Europea debe ser el Averno más absoluto y siniestro.
• La recaudación de tributos en la Agencia Tributaria ha pasado de 194 mil millones de euros en 2020 a unos 325 mil millones de euros en 2025, es decir, un incremento del orden del 50% en cinco años, como se expresa en el gráfico 4.

Gráfico 4. Recaudación tributaria en España, 2020-2025. (miles de millones de €)

• Este importante aumento de la recaudación se explica, sustancialmente, por dos factores claves: el mantenimiento de la ocupación desde 2020 –con acciones de gasto público determinantes: ERTE’s, subvenciones, ayudas a las empresas, Ingreso Mínimo Vital– que ha sustentado las recuperaciones posteriores. Estas son bien visibles desde 2022: más gente contratada –22 millones de personas registradas en la Seguridad Social, según el dato de marzo de 2026– infiere mayores ingresos en IRPF; y más consumo supone, a su vez, más entradas por IVA. Más beneficios empresariales contemplan igualmente aumentos en las figuras fiscales correspondientes. En definitiva, este empuje recaudatorio se debe, de manera esencial, al crecimiento de la economía española.
• En efecto, observemos el cuadro 1 y el gráfico 3 y comparémoslos con el gráfico 4. Dos elementos llaman la atención: primero, la presión fiscal se mantiene estable en porcentaje, entorno al 37% sobre PIB entre 2020 y 2025; segundo, el aumento de la recaudación se ha expandido en un 50%, como ya hemos subrayado. La conclusión es: no hay más presión fiscal, a pesar de que existen, como se ha indicado, cuatro puntos de margen si se quisiera homologar el dato español con el comunitario. Lo que sí hay son más bases imponibles generadas por el incremento de la ocupación y su traslado al consumo. Ese empuje en la recaudación no obedece a que los impuestos sean más onerosos, ni que se esté “crujiendo” –en expresión coloquial utilizada por los voceros conservadores– a la sociedad española con más tasas y tributos, sino a que la actividad económica espolea los ingresos de la Hacienda. Y eso es posible por la política económica implementada.
• Estos ingresos, rememoremos un aspecto clave, impactan igualmente de forma positiva en las haciendas autonómicas, en función del modelo de financiación vigente, que supone cuotas superiores al 50% en IRPF e IVA en las recaudaciones tributarias. Teniendo en cuenta que servicios esenciales como la sanidad y la educación están transferidos a las regiones, y que esas prestaciones dependen de la capacidad de ingresos de las respectivas haciendas, cualquier recorte en las figuras impositivas tiene, como consecuencia, una menor asignación de recursos a esas actividades clave para el bienestar de la población.

El destino de los impuestos… ¿dónde están los demonios?

En España, el grueso del gasto público es gasto social. Por ejemplo, en 2021 el 54,82% del gasto público total presupuestado correspondía a partidas propias del Estado del Bienestar (pensiones –con más del 39%, la parte del león–, prestación por desempleo, sanidad, empuje del empleo, servicios y promoción sociales, acceso a la vivienda, y otras prestaciones económicas; el dato es extensible a los siguientes ejercicios, con ligeras oscilaciones). Pero eso no es todo, puesto que el 16,89% del total fueron transferencias a otras administraciones públicas (principalmente comunidades autónomas que, remarcamos, tienen las competencias en sanidad y educación). Si se tienen en cuenta todas las administraciones públicas (Estado Central, Organismos de la Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Administraciones de la Seguridad Social), tenemos que más del 60% del total del gasto público es gasto puramente social.

Estas partidas están vinculadas, sobre todo, a la capacidad recaudadora, si bien una parte de los ingresos de la Hacienda puede corresponder, a su vez, al incremento de deuda pública. Por tanto, la contundencia de los datos faculta afirmar: en España, reducir impuestos implica restar capacidad al Estado –en su totalidad– para efectuar un gasto que –subrayamos de nuevo– es en buena parte social. Y eso ocurriría precisamente en un momento de escasez de recursos, dificultades económicas, racionamientos y cambios estructurales de los que saldrían más perjudicados los hogares de rentas más bajas, precisamente quienes más dependen de la labor social del gasto público. Esto es lo que urge explicar, con cifras, pero con un relato propio, basado no en soflamas viscerales, sino en realidades tangibles.

En el debate sobre los impuestos, una de las cuestiones que siempre pulula entre buena parte de la población es: impuestos ¿para qué? Existe una enorme desconfianza sobre el destino benefactor de la recaudación tributaria. Pero, de manera a veces inconsciente y ante avatares diferentes –una catástrofe natural, las consecuencias de una guerra–, se suele demandar a los poderes públicos para que actúen, presupuestariamente. Para que hagan algo con celeridad que palie o que contenga el fenómeno negativo que se ha presentado. Es entonces cuando, con toda su plasticidad, se aprecia la virtualidad de la política tributaria, y el desastre que puede significar su recorte o minimización. Veamos un ejemplo más directo e ilustrativo, recogido en el gráfico 5: reside en identificar cómo se desglosa en las partidas de gasto un euro que se recauda. Porque, y esto es crucial, debe tenerse en cuenta que 1 euro que se asigna presupuestariamente –sea dónde sea– es 1 euro que previamente se prevé que sea ingresado. Si esto no se produce –por evasión fiscal o por rebaja injustificada de impuestos–, los servicios resultantes se terminarán resintiendo. Esta tautología muchas veces no se entiende correctamente, y pareciere que el dinero surge de la nada o que todo es gratis. O que, y esto es todavía más grotesco, se puede ingresar menos al tiempo que se puede mantener el mismo gasto: algo que la economía es incapaz de hacer, ni siquiera con pretendidos “milagros” económicos.

Gráfico 5. ¿Cómo se asignan los impuestos?

Los datos son meridianos. Pensiones, protección social, educación y sanidad nuclean el 61% de la asignación tributaria. Y aquí es donde surgen los demonios. Las promesas que se dirijan a augurar efectos benefactores en la reducción de impuestos, argumentando ese “infierno fiscal”, supondrán un engaño más a la población, toda vez que no derivarán hacia mejoras en el bienestar social –al contraerse la capacidad inversora–; y tampoco controlarán a la baja la evolución de los precios. Quienes propongan eso deben advertir que esas bajadas de impuestos van a traducirse, indefectiblemente, en severas penalizaciones para el gasto social. Huyamos de ese humo pretendidamente milagroso: en esa neblina donde campan los demonios en un infierno inexistente, pero que pueden provocar con sus obstinaciones: los negacionistas, los polarizadores, los que laminan la economía pública y los servicios que proporciona.

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Texto original publicado en Economistas Frente a la Crisis.

Carles Manera

Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, en el departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. Miembro de Economistas Frente a la Crisis