El Constitucional tendrá que estudiar por primera vez la eficacia jurídica de los dictámenes de la ONU tras admitir un recurso sobre torturas
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha valorado “muy positivamente la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de amparo presentado frente a la sentencia del Tribunal Supremo en relación con la eficacia de los dictámenes de los órganos internacionales de derechos humanos”.
La organización considera que este paso abre un escenario inédito para reforzar la protección de las víctimas y la articulación entre el Derecho interno y el sistema internacional de garantías.
APDHA subraya que “el hecho de que esta admisión haya sido acordada por el Pleno del Tribunal Constitucional, y no por una de sus salas, constituye un indicador inequívoco de la especial trascendencia constitucional del asunto, al afectar directamente a la articulación entre el derecho interno y el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
El caso tiene su origen en la demanda de un ciudadano del Estado español que fue resuelto en 2019 por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, creado por la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para supervisar su cumplimiento.
En su comunicado, la asociación recuerda que en aquel procedimiento “se declararon vulneraciones de derechos fundamentales —relacionadas con la prohibición de malos tratos— y se instó al Estado español a proporcionar una reparación plena y efectiva, incluyendo indemnización por daños materiales y morales, rehabilitación y la adopción de medidas dirigidas a evitar la repetición de los hechos”.
La víctima, señalan desde la asociación, “se encontraba bien antes de la detención y a la salida tenía la nariz rota”, y en comisaría “se negaron a avisar a los servicios médicos por lo que tuvo que requerirlos desde su móvil”. El Estado, añade la organización, “no pudo dar ningún tipo de explicación sobre lo sucedido y se limitó a negar los hechos”.
Pese a ello, el Tribunal Supremo concluyó que los dictámenes de los comités de Naciones Unidas no podían fundamentar responsabilidad patrimonial del Estado.
APDHA denuncia que el Supremo “no solo negó su carácter indemnizable, sino que privó a estos pronunciamientos de toda eficacia jurídica sustantiva, reduciéndolos en la práctica a meras recomendaciones sin capacidad para incidir en la decisión de los tribunales ni en la garantía de reparación de las víctimas”, a diferencia del tratamiento que reciben las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Comité contra la Tortura recuerda al Estado
su obligación de actuar de buena fe y
de garantizar una reparación completa
La organización recuerda que esta interpretación ha sido sostenida por el propio Estado en el procedimiento de seguimiento internacional, donde el Comité contra la Tortura “ha constatado expresamente la falta de implementación de su decisión, manteniendo abierto el diálogo con España y recordando su obligación de actuar de buena fe y de garantizar una reparación completa, incluida la compensación económica, así como medidas efectivas de no repetición”.
APDHA considera que la admisión del recurso de amparo “adquiere una relevancia extraordinaria”, ya que abre la vía para que el Tribunal Constitucional se pronuncie por primera vez de forma expresa sobre el alcance jurídico de los dictámenes de los comités de la ONU. Hasta ahora, recuerdan, el tribunal había apuntado que estos dictámenes “no carecen de valor”, pero sin entrar en el núcleo del problema.
La organización sitúa este debate en un contexto internacional delicado, en el que “algunas potencias muestran un progresivo distanciamiento respecto del Derecho Internacional”, y llama a que Estados como España refuercen su compromiso con los mecanismos internacionales de protección.
En el plano interno, APDHA destaca que el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introduce la posibilidad de revisar sentencias firmes cuando un comité de Naciones Unidas declare vulneraciones de derechos, lo que “acerca su tratamiento al de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
La asociación sostiene que este momento debe aprovecharse para impulsar cambios estructurales. En su comunicado afirma que “resulta necesario avanzar hacia el reconocimiento expreso en el ordenamiento jurídico español del carácter vinculante de los dictámenes de los comités de Naciones Unidas, así como establecer mecanismos automáticos de ejecución y reparación para las víctimas”.
También considera “imprescindible reforzar los mecanismos internos de prevención, control y rendición de cuentas frente a las vulneraciones de derechos humanos”.
APDHA concluye expresando su confianza en que el Tribunal Constitucional “esté a la altura de este desafío histórico y contribuya a fortalecer el sistema de garantías, tanto en el ámbito interno como en su conexión con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
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