El Gobierno quiere blindar como secreto permanente el precio de los nuevos medicamentos financiados por la sanidad pública
Los grupos parlamentarios Socialista y Plurinacional SUMAR han presentado una enmienda que convertiría en secreto permanente el precio real de cada nuevo medicamento financiado por el sistema sanitario público.
La propuesta no se tramita dentro de una ley de medicamentos, sino incluida como disposición final en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, una vía que, según denuncia el centro de periodismo de vigilancia CIVIO, evita el debate en la Comisión de Sanidad y dificulta el escrutinio público.
La organización de transparencia explica que la iniciativa surge justo cuando el Tribunal Supremo debe pronunciarse por primera vez sobre si los precios de los fármacos sufragados con dinero público deben hacerse públicos.
El alto tribunal ha admitido a trámite dos recursos de casación interpuestos por la fundación Civio —el caso Zolgensma, en noviembre de 2025, y el caso Luxturna, en diciembre del mismo año— y estudia tres preguntas clave: si la confidencialidad prevalece sobre la Ley de Transparencia, si afecta al precio fijado por la Administración o solo a datos aportados por las empresas, y si el secreto debe mantenerse tras la negociación.
La enmienda, registrada como número 259, pretende responder de forma legislativa a esas tres cuestiones antes de que el Supremo dicte sentencia. La propia justificación del texto reconoce explícitamente que su objetivo es evitar “el riesgo de que una interpretación judicial restrictiva obligue a divulgar precios efectivos”, una referencia directa a las resoluciones ganadas por la fundación y a los recursos actualmente en curso.
Civio supo de la maniobra gracias al aviso de una persona por redes sociales, ya que la organización no estaba siguiendo esta tramitación legislativa sobre discapacidad. Tras detectarla, envió cartas a los diputados de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo —encargada de tramitarla— y a los miembros de la Comisión de Sanidad, que queda al margen de un debate que afecta de lleno a su ámbito competencial.
La enmienda plantea una modificación profunda. Mientras la legislación vigente protege la información que las farmacéuticas aportan durante la negociación (artículo 97.3 del Real Decreto legislativo 1/2015), la nueva redacción otorgaría confidencialidad no solo a esos datos, sino también a “los acuerdos de financiación” y a toda la “información derivada de los mismos o de su aplicación”, incluidos “los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos” celebrados por las administraciones públicas. La organización de transparencia denuncia que esta cláusula convertiría en opaco no solo el proceso negociador, sino las resoluciones administrativas y los contratos públicos, algo sin precedentes en la legislación española.
La organización recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público obliga a publicar los precios unitarios en todas las adjudicaciones, y advierte de que aceptar la confidencialidad en el ámbito farmacéutico abriría la puerta a que cualquier empresa alegara motivos comerciales para negar información similar en otros contratos públicos.
La propuesta incluye una cláusula que obliga a Sanidad a publicar “información accesible” y “datos agregados” sobre la financiación de los medicamentos, pero Civio considera que se trata de una fórmula vacía: si el precio real es confidencial por ley, lo publicado será únicamente lo que el Ministerio decida revelar sin permitir verificar el coste real de cada fármaco.
La organización subraya que los argumentos utilizados para justificar la enmienda —como la necesidad de proteger la “capacidad negociadora del Estado” o la influencia de la “cláusula de Nación Más Favorecida”— son idénticos a los que las farmacéuticas, como Novartis, han defendido en sede judicial. La fundación destaca incluso que la enmienda se hizo pública dos días después de que Novartis presentara ante el Tribunal Supremo su escrito de oposición al recurso por el caso Zolgensma, donde afirmaba que solo el legislador podía decidir si los precios debían seguir siendo confidenciales.
Además, recuerdan que la enmienda contradice artículos de la propia ley que modifica, donde se establece la “máxima transparencia” como principio rector y se declara “de dominio público” la información de compras hospitalarias, diferenciándola de los datos comerciales que sí deben ser protegidos.
Civio ha pedido formalmente a los miembros de ambas comisiones que rechacen la Enmienda 259, alertando de que se está reformando la política farmacéutica sin debate específico y con consecuencias estructurales sobre la transparencia del gasto público. La organización solicita que se deje al Tribunal Supremo resolver sin interferencias y que cualquier futura reforma vaya en dirección opuesta: hacia un modelo de transparencia sanitaria alineado con los compromisos internacionales y con el interés público.
“Si el Estado paga, la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto y en qué condiciones”, concluye.
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