Eurocámara, sindicatos y ecologistas piden mantener las garantías laborales y medioambientales
A las puertas de una nueva reflexión sobre la competitividad en la Unión Europea, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la propia Eurocámara han denunciado la desregulación y la degradación del empleo de calidad y con derechos. Las entidades ecologistas también advierten de la peligrosa rebaja de garantías para el medioambiente.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha reunido a los jefes de Estado y de Gobierno en un retiro informal en un castillo a las afueras de Bruselas, con la competitividad como asunto central.
Desde hace meses, se han anunciado múltiples propuestas legislativas para reducir la protección ambiental, social y de salud de la población europea. Nueve paquetes normativos ya han sido aprobados o están en trámite, una deriva que ha encendido las alarmas entre sindicatos, ecologistas y organizaciones sociales.
El movimiento sindical ha pedido a los líderes europeos que abandonen la lógica de los recortes y apuesten por una política industrial capaz de sostener empleos estables, bien remunerados y con servicios públicos fuertes.
En una carta remitida al Gobierno español, la CES —respaldada por UGT y CCOO— advierte de que la mano de obra europea ya está sufriendo la pérdida de puestos de trabajo en sectores clave y un deterioro directo de los servicios públicos tras años de austeridad.
Los sindicatos insisten en que el continente no será más competitivo si avanza hacia una rebaja de los estándares laborales, y alertan del peligro de iniciativas que permitirían a algunas empresas operar al margen de las normativas nacionales, generando competencia desleal y presionando a la baja salarios y condiciones de trabajo.
Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha reforzado ese diagnóstico al aprobar un informe que exige una estrategia integral contra la explotación laboral.
Con 332 votos a favor (socialdemócratas, verdes, la izquierda, liberales y la mayor parte de los Populares Europeos), 209 en contra (sobre todo, los grupos de derecha radical y disidentes del centro derecha) y 33 abstenciones, el pleno ha pedido a la Comisión Europea medidas para perseguir las violaciones de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos y promover empleos de calidad y con derechos.
Según el informe aprobado, atajar las prácticas ilegales en las cadenas de subcontratación no solo protege a los trabajadores, sino que también garantiza condiciones de competencia equitativas para las empresas que cumplen la normativa.
La Eurocámara no solo denuncia la expansión de la subcontratación abusiva y la intermediación fraudulenta en sectores enteros, sino que advierte de que estas prácticas están erosionando los derechos fundamentales de los trabajadores y distorsionando el propio mercado único.
Los eurodiputados subrayan que la proliferación de cadenas de subcontratación, cada vez más largas y opacas, expone a miles de personas a jornadas interminables, salarios insuficientes y mayores riesgos para la salud y la seguridad.
El Parlamento recuerda que las cifras de siniestralidad laboral siguen siendo alarmantes y señala, además, la creciente infiltración de redes criminales que utilizan empresas aparentemente legales para facilitar el fraude y la explotación, especialmente en actividades como la construcción o la logística.
Frente a esta deriva, piden reforzar la cooperación europea y garantizar que las sanciones por delitos laborales sean efectivas y realmente disuasorias.
Debilitando las leyes ambientales
Para Ecologistas en Acción, las instituciones europeas están debilitando leyes ambientales que tardaron años en consolidarse, favoreciendo a las grandes corporaciones en detrimento de la salud y la seguridad de la ciudadanía.
Su coordinadora, Erika González Briz, sostiene que Europa lleva “un año de recortes en las normas ambientales”, una tendencia que ejemplifica el viraje hacia modelos productivos que, bajo la bandera de la competitividad, sacrifican estándares esenciales para el bienestar colectivo.
Las organizaciones ambientales presentes en Bruselas alertan de que la presencia de grandes lobbies empresariales en el encuentro convocado por Costa condicionará el debate, empujando a los líderes europeos hacia posiciones que priorizan los intereses de las corporaciones más contaminantes.
La coalición europea Hands Off Nature, de la que forma parte Ecologistas en Acción, ha advertido de que esta deriva no responde a las preocupaciones reales de la población, centradas en el encarecimiento de la vida, la seguridad y la gravedad creciente de los impactos del cambio climático.
En poco más de una semana, la plataforma ha recogido 177.000 firmas para exigir que no se debiliten las leyes medioambientales. Su responsable internacional, Nuria Blázquez, denuncia que mientras la ciudadanía pide aire limpio, agua segura y espacios naturales sanos, los líderes europeos “están dando marcha atrás y cediendo a las presiones de los contaminantes”.
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