El Parlamento Europeo aprueba una directiva para que la transición ecológica y digital se rija por derechos laborales
La Eurocámara respaldó la resolución que manda a la Comisión Europea impulsar una directiva sobre una transición justa en el mundo del trabajo con 420 votos a favor (64,9%), 207 en contra (32%) y 20 abstenciones (3,1%). El sindicalismo y los obispos de la Unión Europea apoyaron la iniciativa, subrayando su vínculo entre acción climática, trabajo decente y justicia social.
El Pleno del Parlamento Europeo aprobó en la sesión de este martes la resolución que insta a la Comisión Europea a presentar una Directiva sobre una transición justa en el mundo laboral: garantía de la creación de empleo y revitalización de las economías locales. El resultado dibuja un mandato político claro: una mayoría cualificada de la Eurocámara quiere que la doble transición deje de ser solo una agenda climática e industrial y se convierta también en un marco europeo de derechos laborales.
El respaldo reunió a eurodiputados de los principales grupos progresistas, liberales y una parte significativa del bloque conservador, mientras que los votos en contra se concentraron en los sectores conservadores y de ultraderecha, que votaron de forma mayoritariamente homogénea. Entre ellos se encontraron eurodiputados y eurodiputadas españolas de Vox, que rechazaron la ampliación de un marco europeo de derechos laborales vinculado a la transición ecológica y digital.
La iniciativa se enmarcó en el procedimiento de iniciativa legislativa parlamentaria (2025/2131-INL) y se apoyó en el diagnóstico de que la doble transición (ecológica y digital) está transformando de manera desigual los mercados de trabajo y los territorios de la Unión. El propio documento advierte de que “los efectos de la doble transición en el empleo son asimétricos en toda la Unión” y que existe un “problema de localización” entre las regiones que pierden puestos de trabajo y aquellas en las que se concentran los nuevos empleos, un desequilibrio que, de no corregirse, puede agravar las disparidades sociales y territoriales.
La ponente, Jana Toom (del grupo liberal y europeísta Renew), declaró haber incorporado, durante la elaboración del informe hasta su aprobación en comisión y en el Pleno, contribuciones de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Esa huella se percibe en la lectura del texto, que propone un marco europeo de derechos laborales mínimos para gobernar el cambio productivo y las transiciones que de él se derivan.
Democracia en el trabajo y anticipación del cambio
En ese sentido, el texto aprobado subraya que la transición solo será viable si “contribuye a la justicia social para todos, prestando especial atención a los más vulnerables, a fin de garantizar que nadie se quede atrás”.
El Parlamento plantea la transición como un proceso que debe desarrollarse con la participación de las personas trabajadoras y “sus representantes, el diálogo social y la negociación colectiva” dentro del diseño, y no como una política tecnocrática gestionada a posteriori.
La intención es evitar que las reestructuraciones y los cierres se produzcan sin una planificación previa que permita reorientar la actividad, prevenir despidos y movilizar recursos formativos y de protección social.
La resolución recuerda que la negociación colectiva “es fundamental para garantizar unos salarios justos, justicia social y democracia en el trabajo” y pide a los Estados miembros con una cobertura inferior al 80 % que elaboren planes nacionales para reforzarla, especialmente a escala sectorial y regional.
Más allá del empleo –que no es poco– la resolución entra en terrenos poco habituales en los debates sobre política industrial. En materia de digitalización, exige que esta se lleve a cabo “de un modo centrado en el ser humano, evitando una vigilancia excesiva de los trabajadores y garantizando el derecho a la desconexión”, así como reglas justas sobre el tiempo de trabajo.
En este marco, resulta especialmente relevante el reconocimiento del “derecho individual a la formación para los trabajadores en horario laboral”, una medida pensada para superar las barreras de tiempo y coste que hoy limitan el acceso al reciclaje profesional. La resolución defiende que este derecho es clave para asegurar una oferta “previsible y estable de trabajadores cualificados” y para que la reconversión económica no recaiga sobre quienes menos margen tienen para formarse fuera de su jornada.
También alerta de que las transformaciones y reestructuraciones pueden generar “riesgos psicosociales como el estrés, la incertidumbre y la amenaza de pérdida del empleo” y reclama que los planes de transición de las empresas integren programas de apoyo a la salud mental y al bienestar psicosocial, con servicios de asesoramiento y medidas de conciliación.
Territorio y apoyo a las pymes
Otro de los ejes del informe es la dimensión territorial de la transición. El Parlamento subraya “la importancia del derecho de las personas a permanecer en sus regiones o localidades” y la necesidad de políticas específicas para zonas rurales, periféricas o dependientes de industrias intensivas en carbono.
La resolución defiende que la movilidad no debe ser una obligación impuesta por la falta de oportunidades, sino una opción, y que la revitalización de las economías locales es clave para frenar la despoblación y la pérdida de tejido productivo.
En esa línea, se apuesta por estrategias nacionales de transición justa con planes regionales y sectoriales, elaborados con la participación de administraciones locales, interlocutores sociales, economía social y sociedad civil, así como por inversiones en infraestructuras, servicios públicos y proyectos de innovación que refuercen el atractivo económico de los territorios más vulnerables.
El texto reconoce que las pequeñas y medianas empresas son la principal fuente de empleo local duradero y pide simplificar su acceso a los fondos europeos mediante ventanillas únicas digitales, asistencia técnica y mecanismos de agrupación. Al mismo tiempo, subraya que la financiación y las ayudas estatales deben alinearse con “el respeto de los derechos y normas laborales de la Unión” y con la promoción de la negociación colectiva, introduciendo así el principio de condicionalidad social en las políticas de apoyo a la inversión.
La resolución también lamenta la lentitud en la ejecución del actual Fondo de Transición Justa y reclama un instrumento ampliado y reforzado para el periodo posterior a 2027, con mayor presupuesto y un enfoque que combine creación de empleo, formación de calidad y protección de los trabajadores en los procesos de reconversión.
Mayoría amplia, fractura en los conservadores y rechazo unísono de la ultraderecha
El patrón de la votación en el Pleno ya se intuía en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, donde el informe salió adelante con una mayoría transversal y un bloque de rechazo concentrado en los sectores más conservadores.
Más que un eje izquierda-derecha clásico, la votación dibujó una línea de fractura entre quienes defienden ampliar el “suelo social” europeo en la gestión del cambio económico y quienes advierten de un riesgo de sobrerregulación que pueda lastrar la competitividad.
En la votación nominal, apoyaron la resolución eurodiputados y eurodiputadas de los grupos Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), no inscritos (NI), Partido Popular Europeo (PPE), Renew (liberales europeístas), Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), La Izquierda (GUE/NGL) y los Verdes/Alianza Libre Europea (ALE) (420 votos). Votaron en contra representantes de ECR, NI, PPE, Renew y los grupos de extrema derecha: Europa de las Naciones Soberanas (ESN) y Patriotas por Europa (PfE) (207 votos), mientras que se registraron abstenciones en ECR, ESN, NI, PPE y Renew (20 votos).
El sindicalismo europeo ve un “mandato claro” a la Comisión
Para la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la votación confirmó que la Eurocámara ha asumido una lectura estructural de la crisis industrial y laboral. Su secretario confederal, Ludovic Voet, señaló que “no hay ganadores en los cierres caóticos de fábricas y despidos que Europa sufre actualmente”, una dinámica que, a su juicio, implica que “Europa está perdiendo capacidad industrial” –que se sustenta en pérdida de cerca de un millón de empleos industriales entre 2019 y 2023– y que a las personas trabajadoras “les resulta más difícil encontrar empleos de la misma calidad”.
Voet defendió que una transición que “beneficia a todos, tanto a trabajadores como a empresas” pasa por anticipar y gestionar el cambio como una exigencia política mayoritaria, y reclamó que el amplio respaldo parlamentario se traduzca en legislación dentro de la futura Ley de Empleos de Calidad, subrayando que “el mandato es claro y los trabajadores de toda Europa no pueden esperar más”.
Los obispos europeos, a favor
Antes de la decisión parlamentaria, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) reclamó apoyar una directiva que vincule de forma explícita la acción climática con el trabajo decente y la justicia social, subrayando que la respuesta de la UE al cambio climático no puede desligarse de la protección de las personas trabajadoras y sus comunidades.
Los obispos europeos advirtieron de que la transición, aunque “necesaria y urgente”, plantea “profundas cuestiones sociales, económicas y éticas”, especialmente en los territorios industriales más vulnerables, y defendieron que solo será sostenible si se apoya en el diálogo social, la cohesión territorial y el empleo de calidad como bases de un proceso compartido y esperanzador.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
