La precariedad laboral endémica está contribuyendo al malestar social y al desasosiego
Bajo la “bonanza” económica, se extiende por la sociedad española un “malestar estructural” alentado por la precariedad laboral, la crisis de la vivienda, la desigualdad y fragmentación social, según el último gran estudio de la Fundación FOESSA, vinculada a Cáritas, que se presenta hoy
El IX Informe FOESSA, con sus más de 700 páginas y la colaboración de decenas de especialistas, como un espejo, nos devuelve el reflejo de nuestro modelo social. Si en la investigación anterior de 2019 la imagen era la de una “sociedad desvinculada”, ahora el diagnóstico es el de “la sociedad del desasosiego”.
La radiografía de la España actual muestra las consecuencias de las transformaciones en curso, las políticas públicas puestas en marcha y las dinámicas sociales e institucionales que vienen produciéndose desde hace décadas. Cada capítulo, y son seis, constituye “una pieza fundamental de un puzle complejo”, que plantea “los desafíos y las posibilidades de transformación de nuestra sociedad”, apunta la presentación.
Erosión de las clases medias y pérdida de la identidad obrera
Los cimientos de la sociedad han cambiado, empezando por la estructura de clase, “con una erosión significativa de las clases medias y la práctica desaparición de la identidad obrera tradicional”.
De este modo, “la proliferación de identidades múltiples” dificulta los “proyectos comunes y solidaridades colectivas”, afirma el estudio, que identifica igualmente la transformación demográfica y el ensanchamiento de las desigualdades, como corrientes de fondo que están configurando el nuevo modelo social. La precariedad laboral se ha convertido en uno de los motores de transformación más destacados, dado su carácter estructural y endémico.
Casi la mitad (47,5%) de la población trabajadora en España vive en la precariedad, afectando a 11,5 millones de personas, con los datos del primer trimestre de 2024.
Dos tercios están ocupados (7,6 millones), más de una quinta parte están desempleadas (2,7 millones que trabajaron previamente), y una de cada diez son autónomos sin trabajadores a su cargo (1,2 millones). Las ocupaciones elementales y el sector de servicios, restauración, protección y ventas concentran las peores condiciones de trabajo.
La inseguridad en el empleo causada por la elevada temporalidad y la inestabilidad; la insuficiencia de los ingresos por salarios que no crecen al ritmo de la carestía de la vida y la carencia de derechos de protección social están detrás de la normalización de la precariedad laboral.
La creación de empleo choca con factores estructurales
Por más que la creación de empleo parece robusta (el “terreno” general), para una gran parte de la población —especialmente jóvenes, mujeres y migrantes—, el empleo ya no es una base firme, sino que se caracteriza por bajos salarios, contratos inestables o jornadas incompletas.
A pesar de que la reforma laboral de 2022 representó un cambio, consiguiendo reducir sustancialmente la tasa de temporalidad y facilitando la convergencia con la media de la UE, la reducción se ha concentrado en el sector privado, mientras que el sector público mantiene tasas de temporalidad significativamente elevadas y crecientes.
Parte de la inestabilidad tradicional de los contratos temporales se habría trasladado a los nuevos contratos indefinidos ya que los despidos siguen siendo un riesgo.
La parcialidad involuntaria está contribuyendo a la precarización de las relaciones laborales. La mitad de las personas que trabajan a tiempo parcial lo hacen por no haber conseguido un empleo a tiempo completo. No por casualidad, es una modalidad altamente feminizada que conlleva un menor salario por hora.
La desigualdad laboral se sigue ensanchando generando empleos con alta remuneración y especialización y ocupaciones de bajos salarios y escasa cualificación, permitiendo al estudio hablar de un “mercado laboral polarizado”.
Con la expansión económica han aumentado los empleos con menor potencial integrador o exclusógenos, como la venta ambulante, jornaleros, empleadas de hogar no cualificadas o recolectores de residuos. La incidencia de hogares cuya persona sustentadora principal tiene un “empleo de exclusión” aumentó en 2024 al 2,7%.
El mercado laboral ha perdido su capacidad protectora. Tener empleo ya no garantiza la cobertura de las necesidades básicas ni la autonomía financiera, como demuestran los datos: uno de cada diez personas ocupadas se encontraba en situación de exclusión, en 2024, mientras que el 21,3%) de las personas en situación de exclusión social severa (mayores de 16 años) estaban trabajando en 2024, y el 38,2% de las personas en exclusión moderada también lo estaban.
Erosión de las clases medias
La pobreza está alcanzando a las llamadas clases medias trabajadoras. La incidencia del empleo de salarios bajos (salario por hora inferior a dos tercios de la mediana) sigue siendo elevada. En 2022, la incidencia era del 18,8%. Alcanzó picos durante la Gran Recesión (24,3% en 2014) y la pandemia (24,2% en 2020).
El empleo de salarios bajos es un determinante fundamental de las desigualdades de renta e influye significativamente en la incidencia de la pobreza. Los trabajadores con salarios bajos tienen una mayor probabilidad de transición al desempleo y una movilidad ascendente limitada; apenas una tercera parte logra subir a salarios medios después de cuatro años.
La persistencia de esta desigualdad salarial no ha sido corregida efectivamente por las instituciones del mercado de trabajo hasta hace poco. Eso sí, el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) ha afectado positivamente la parte baja de la distribución salarial.
Este suelo inestable no permite construir un futuro seguro (como la vivienda o la estabilidad familiar) y, en lugar de proteger, expone a los trabajadores a hundirse en la exclusión social, incluso cuando están ocupados.
Redactor jefe de Noticias Obreras
