El Gobierno presenta el anteproyecto del Estatuto del Becario, sin apoyos parlamentarios suficientes
El Consejo de Ministros aprobará mañana el anteproyecto del “Estatuto del Becario” sobre las prácticas formativas no laborales, cuya aprobación está más en el aire que nunca tras la decisión de la derecha catalana de dejar de apoyar al Gobierno de coalición.
La norma impulsada por el Ministerio de Trabajo, tras el acuerdo de junio de 2023 con los sindicatos CCOO y UG, con la oposición de la patronal y los rectores universitarios, se enfrenta ahora a un futuro incierto.
El PSOE había mostrado sus reservas iniciales, calificando el borrador como “verde” por sus deficiencias técnicas. No obstante, el empeño de Sumar y el aval técnico de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos han permitido superar el primer obstáculo. El siguiente parece más difícil de orillar.
La norma podría verse frenada si PP, VOX y Junts votan contra ella. Más aún, tras la sonora renuncia del independentismo catalán de derechas, cuyos votos sirvieron para tumbar la reducción de la jornada laboral, a seguir prestando su apoyo a las iniciativas del Ejecutivo.
Trabajo y sindicatos proponen un nuevo marco de garantías y derechos que evite abusos y empleos “encubiertos” y aumente las garantías para los estudiantes y permita el acceso a la protección social.
La patronal optó por no dar su apoyo al mal llamado “Estatuto del Becario”, al considerar que eleva los costes para las empresas, mientras que los rectores universitarios justificaron su oposición por el temor a que sean las universidades las que acaben por financiar las cotizaciones a la Seguridad Social y las otras compensaciones monetarias contempladas en la iniciativa legislativa.
La “Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral en el Ámbito de la Empresa” trata de garantizar el carácter formativo de las prácticas obligadas para obtener la titulación acreditada por universidades, centros de Formación Profesional e incluso por el plan de Garantía Juvenil.
Aunque, la nueva regulación mantiene la ausencia de remuneración obligatoria, al hacer que la compensación dineraria tenga carácter voluntario, obliga a dar de alta al personal de práctica a la Seguridad Social, eso sí, con una cotización reducida.
Las compensaciones deberían establecerse mediante convenio o acuerdo de cooperación con las empresas, “por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención”.
Con datos de marzo de 2024, casi medio millón de estudiantes ya cotizaban a la Seguridad Social por sus prácticas, aunque muchos seguían sin recibir compensación económica.
El Estatuto contempla además medidas como la limitación de las prácticas extracurriculares a un máximo de 480 horas, la prohibición de que sustituyan puestos de trabajo estructurales, y la obligación de que las empresas cubran los gastos derivados de la actividad formativa, como transporte, manutención o alojamiento, salvo en los casos en que el becario ya perciba una compensación económica.
También se reconoce el derecho a vacaciones y se refuerza la tutela educativa, exigiendo que las prácticas estén debidamente acreditadas y supervisadas.
Uno de los elementos más destacados del texto es la introducción de un régimen sancionador que contempla multas de hasta 225.000 euros para las entidades que incumplan la normativa.
Redactor jefe de Noticias Obreras
