Más de la mitad de los hogares con derecho al ingreso mínimo no lo solicitan
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado su cuarto informe sobre el ingreso mínimo vital (IMV), revelando que el 55% de los hogares que podrían beneficiarse de esta prestación no la han solicitado.
Esta cifra pone de manifiesto las limitaciones del diseño actual del IMV, que sigue sin corregir los problemas estructurales desde su creación en 2020.
Entre los principales obstáculos señalados por AIReF se encuentran la complejidad burocrática, la brecha digital y la falta de coordinación con las prestaciones autonómicas. En comunidades como Islas Baleares o Catalunya, el porcentaje de hogares que no acceden al la renta mínima supera el 65%, lo que evidencia una fragmentación institucional que dificulta el acceso a derechos básicos.
Complemento de ayuda para la infancia: aún más inaccesible
El informe también destaca que el 72% de los hogares que podrían recibir el complemento de ayuda para la infancia (CAPI) no lo solicitan. La entidad propone automatizar su concesión desde el momento de inscripción del menor en el registro civil, para reducir la tasa de no acceso y evitar reintegros por cobros indebidos.
Por primera vez, AIReF analiza el efecto del IMV sobre el empleo. Sus cálculos indican que recibir esta prestación reduce la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales y disminuye el número de días trabajados en un 12%. Es decir, los y las perceptores de esta prestación trabajan algo así como medio menos al mes de lo que lo harían de no contar con ese ingreso.
Esto le parece suficiente a esta Autoridad para pedir la “reformulación completa del diseño del incentivo al empleo”, a pesar de que la literatura académica sobre las ayudas económicas de último recurso llevan años insistiendo en que favorece el rechazo a empleos precarios, mejora la formación y las posibilidades de recualificación e incluso puede mejorar el rendimiento de la persona empleada.
Un diseño que no cumple sus objetivos
Desde su puesta en marcha, el IMV ha alcanzado a 658.828 hogares y ha supuesto un desembolso de más de 8.000 millones de euros. Sin embargo, tanto AIReF como el Tribunal de Cuentas coinciden en que la prestación no está vinculada de forma efectiva a las estrategias estatales contra la pobreza y la exclusión social, y que su diseño sigue presentando deficiencias graves. La entidad recomienda una reforma profunda de esta renta, que garantice su universalidad, simplifique el acceso y lo articule con políticas integrales de inclusión social.
Redactor jefe de Noticias Obreras
