La protección ante el desempleo no llega a todas las empleadas de hogar ni a todos los autónomos
El sindicato CCOO, a través de su secretario de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, ha emplazado este miércoles al Gobierno a resolver las graves deficiencias del actual sistema de protección por desempleo, en especial, la escasa cobertura a las empleadas de hogar y autónomos que cesan en su actividad, además de a actualizar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y mejorar las políticas activas de empleo.
Por más que las prestaciones ante el desempleo hayan mejorado considerablemente, fruto del diálogo social, y la mejora de los niveles de empleo, todavía hay mucho camino por recorrer para atender la situación en la que se encuentran millones de personas en España que buscan un empleo que no encuentran.
Así lo ha especificado el responsable sindical Carlos Bravo en la presentación del nuevo informe anual que ofrece un análisis en profundidad de la protección por desempleo durante el año 2024, pero también el primer trimestre de 2025, para incluir el efecto del acuerdo para la mejora del subsidio firmado en marzo del año pasado y que entró en vigor en su totalidad en noviembre de ese mismo año.
“Es un paso adelante que reconoce la realidad de muchas personas sin empleo, pero no podemos conformarnos: aún hay cerca de medio millón de parados sin protección, y el 26% de las mujeres desempleadas no cobra ninguna prestación”, ha asegurado Bravo.
Aumenta la cobertura por desempleo
En marzo de 2025 el número de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo con experiencia laboral, incluidos los eventuales agrarios, llegó al 76%, la mayor cobertura desde el año 2010.
El máximo de protección al desempleo se registró en marzo de 2010, tras la crisis de 2008, pero con la reforma de la protección de 2012 fue descendiendo hasta que los sucesivos cambios y el descenso del paro han permitido aumentar la cobertura.
Con todo, de las 2.337.698 personas, con experiencia laboral, inscritas como desempleadas en los Servicios Públicos de empleo, en marzo de 2025, el 21,3%, cerca de medio millón de personas, no percibe prestaciones por desempleo.
El 26,1% de las mujeres con experiencia laboral previa no recibe prestaciones, porcentaje que en los hombres apenas supera el 14,3%.
Bravo ha recalcado que hubo 351.033 solicitudes de subsidios por desempleo en el primer trimestre del año tras la última reforma del nivel asistencial por desempleo, que está permitiendo el acceso de manera “más clara” y con una mejora en las cuantías, tras la última reforma.
Dentro de las prestaciones por desempleo, el subsidio para mayores de 52 años está siendo el subsidio con “mayor intensidad”, ya que accede a ella el 53% de las personas que perciben subsidios por desempleo asistencial. De ellos, un 18% vienen de haber agotado una prestación contributiva.
En el primer trimestre del año, un 48% de las personas eran beneficiarios de prestaciones contributivas, mientras que un 52% percibían una prestación asistencial, que son de menor cuantía.
El 12% de las personas acceden a prestaciones de menos de cuatro meses como máximo y un 25% accede a prestaciones al máximo de prestaciones que son dos años. El periodo medio reconocido son 14,62 meses y es similar en los hombres y las mujeres, los menores de 30 años tienen un menor periodo reconocido, con 8,30 meses, entre otras cosas, porque han cotizado menos y no han alcanzado el máximo.
Por otro lado, los trabajadores extranjeros son el 12,23% del total de beneficiarios de prestaciones por desempleo y mayormente son perceptores de prestaciones contributivas. Asimismo, hay 19.348 trabajadores eventuales agrarios que no tenían derecho a subsidio por desempleo antes de la última reforma que han podido acceder a esta prestación desde noviembre de 2024.
Deficiencias en la protección a empleadas de hogar y autónomos
El sindicato reclama medidas correctoras para extender la protección por desempleo, pero también el acceso al empleo de colectivos con mayores dificultades.
En primer lugar, por la falta de intensidad en la protección a las empleadas de hogar, a las que no se les reconoce este derecho, ni habían cotizado con anterioridad a octubre de 2022, sencillamente porque la legislación española, declarada discriminatoria por el Tribunal de Justicia de la unión Europea, se lo impedía.
Desde el sindicato trabajarán “en términos de reclamación del cambio legislativo y en términos de reclamaciones judiciales”, si es necesario para resolver estas dos insuficiencias.
También reclama CCOO la mejora de la cobertura en el caso de que cese de la actividad el trabajo autónomo que ahora mismo exige demostrar la pérdida del 75% de la facturación y un nivel de endeudamiento del 150% al perder al cliente principal.
Los cambios acometidos no permiten al sindicato hablar de “prestación fallida” como venía haciendo, pero sí a denunciar que “está muy lejos de lo que debería ser”, según Bravo, que ha alertado además que desde la creación del observatorio del trabajo autónomo en febrero de 2024 no se ha convocado ninguna reunión.
El resultado es que apenas se solicita, dada la complejidad de acreditar las condiciones establecidas, lo que se traduce en que el 50% de estas solicitudes son denegadas.
El responsable sindical ha reivindicado igualmente la actualización del IPREM, que ha perdido 17 puntos porcentuales desde 2005 con respecto a la inflación, con lo que ha dejado fuera a beneficiarios de prestaciones, aunque no hayan visto mejorar su nivel de rentas.
También ha informado de que desde el establecimiento del ingreso mínimo vital (IMV) en 2020 se han aprobado cerca de un millón de expedientes, cuyos titulares son mayoritariamente mujeres (67%), lo que ha beneficiado a cerca de tres millones de personas. De ellas, un 57% son personas adultas y un 54% mujeres.
Sin embargo, desde CCOO denuncia que en comunidades como Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Murcia, la Rioja o Melilla se está dejando de proteger a un 28% de las personas que estaban cubiertas por las rentas mínimas que están siendo sustituidas por la prestación estatal.
“En lugar de reforzar la red de protección, se ha debilitado. El IMV fue concebido como un pilar nuevo del Estado social, no como un reemplazo de lo que ya existía”, ha apuntado Bravo.
Más políticas activas de empleo, mejor atención
La organización de trabajadoras reclama más recursos humanos y materiales para desarrollar las políticas activas de empleo, enfocadas a colectivos como parados de larga duración, y mejora la atención de los Servicios Públicos de Empleo, que requieren personal altamente especializado.
“Sigue habiendo falta de políticas activas que permitan reinsertar en el empleo a mayores de 50 años, porque “sin esto, las medidas de jubilación anticipada o flexible quedan desdibujadas”, ha señalado la autora del informe e integrante de la secretaría de políticas públicas, Hortensia García.
Bravo ha indicado también que en la actualidad, las cotizaciones de las personas trabajadoras financian tanto prestaciones contributivas como políticas activas de empleo y prestaciones asistenciales, que deberían estar cubiertas por impuestos generales.
“El sistema genera superávit casi todos los años. Ese dinero no debe servir para aliviar presupuestos generales, sino para mejorar las condiciones de quienes peor lo pasan”, ha denunciado, y se ha dirigido al Gobierno para que “concluya las reformas iniciadas y ponga en marcha un nuevo proceso de diálogo social para garantizar que el sistema de protección por desempleo sea justo, accesible y sin discriminaciones”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
