Los nuevos requisitos de asilo y refugio provocan la irregularidad sobrevenida
El nuevo reglamento de Extranjería provocará la irregularidad sobrevenida de la gran mayoría de las personas solicitantes de asilo y refugio y les obligará a pasar tiempo expuestas a deportaciones y explotación hasta que puedan pedir el permiso por arraigo.
El tiempo transcurrido desde la solicitud de asilo y refugio hasta su denegación, incluido el que tarda en resolverse el recurso judicial contra la decisión de la Administración, ya no se contabiliza para demostrar el tiempo de arraigo en nuestro país, según la nueva regulación.
Para la abogada experta en Extranjería y Derechos Humanos, Patricia Fernández, es un despropósito que se basa en “ficciones jurídicas” por no reconocer de hecho la permanencia de estas personas en nuestro país, y “deja sin control judicial la protección de derechos fundamentales al disuadir a los solicitantes de que recurran las denegaciones”, como es la protección internacional a personas amenazadas o en riesgo en sus países de origen.
En la actualidad, hay más de 275.000 personas pendientes de recibir la respuesta a su solicitud de asilo que mientras cuentan con la “tarjeta roja”, que les permite residir y trabajar en nuestro país.
Desde Migraciones e Interior alegan que quieren combatir el abuso en las solicitudes de asilo y refugio y así agilizar estos procedimientos, pero lo que van a conseguir, según Fernández, es favorecer la permanencia en nuestro país de modo irregular, para acumular arraigo, y poner en desventaja a las personas que huyen de sus países por conflictos o razones políticas frente a otros colectivos.
“Cuando había 3.000 solicitudes tardaban también años en responder y dado el aumento de personas refugiadas en el mundo no parece realista pensar que no le iba a afectar a España, puerta de entrada desde África Occidental y desde Latinoamérica”, matiza la abogada.
La Administración ha introducido una disposición transitoria que permitirá a quienes se les deniegue el estatuto de refugiado o asilado antes del 20 de mayo y lleven al menos seis meses en España que puedan acceder a la documentación necesaria.
Después, desde el 21 de mayo, a los que se les niegue la protección no solo perderán la documentación, sino que el tiempo que hayan estado previamente en nuestro país no será tenido en cuenta.
Muchas de estas personas tendrán que ser despedidas de sus trabajos, dejar correr meses parar volver a reunir una oferta de empleo y pedir la regularización por arraigo, cuya respuesta tardará otros meses más.
Recurso ante el Tribunal Supremo
Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes por un lado, la Coordinadora de Barrios, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Asociación de Extranjeristas en Red, por otro y Save The Children, han recurrido el nuevo Reglamento de Extranjería, al considerar que se está vaciando de contenido el derecho a la protección internacional. Además, apuntan, se está desanimando a las personas a recurrir las decisiones de la Administración. De hecho, esa parece ser la intención del Ministerio del Interior que ve abusos en las solicitudes de asilo y no es capaz tampoco de responder con agilidad
Además de lento, el sistema de protección internacional de España es muy restrictivo. El año pasado concedió el estatus especial a menos del 20% de sus solicitantes, con lo que es de esperar que una gran mayoría de las peticiones en curso sean denegadas.
La Administración ha introducido una disposición transitoria que permitirá a quienes se les deniegue el estatuto de refugiado o asilado antes del 20 de mayo y lleven al menos seis meses en situación irregular puedan acceder a la documentación necesaria.
Después, desde el 21 de mayo, a los que se les niegue la protección no solo perderán los papeles, sino que el tiempo que hayan estado previamente en nuestro país ya no será tenido en cuenta.
Muchas de ellas tendrán que ser despedidas de sus trabajos, dejar correr meses para volver a reunir una oferta de empleo y pedir la regularización por arraigo, cuya respuesta tardará otros meses más.
“Ahora que la migración se ha vuelto familiar, habrá menores que no puedan escolarizarse o ir al médico, mientras que los adultos se verán obligados a trabajar en la economía sumergida y serán más vulnerables a la explotación”, denuncia Fernández.
Por eso, Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes han recurrido el nuevo Reglamento de Extranjería ante el Tribunal Supremo. Consideran que el arraigo exigido para solicitar asilo y refugio vacía de contenido el derecho a la protección internacional desincentiva su solicitud y rebaja las garantías judiciales.
El reglamento debería permitir transitar hacia la integración sin necesidad de condenar a las personas a la irregularidad, lo que genera mucho daño a las familias y las expones a la vulnerabilidad. Para ello también hace falta que la Administración dote de recursos a la Oficina de Asilo y agilice los trámites.
Redactor jefe de Noticias Obreras
