La muerte de una educadora social desvela la ineficacia del modelo de externalización de la protección juvenil
El dolor por la vida violentamente arrebatada de una educadora social en un centro de menores con medidas judiciales de Extremadura no debería ocultar las deficiencias del sistema de protección juvenil y de la política de externalización.
Organizaciones de trabajadores han expresado su rechazo ante el luctuoso hecho y su consternación por el asesinato de la trabajadora al tiempo que ofrecen su apoyo y solidaridad a familiares y compañeros.
“Este trágico suceso pone de manifiesto, una vez más, la urgente necesidad de garantizar la seguridad de quienes desempeñan su labor en los centros de menores, enfrentándose a situaciones de alto riesgo sin las medidas de protección adecuadas”, denuncia el sindicato USO.
El sindicato CCOO habla de “graves deficiencias del sistema de protección juvenil y las políticas de licitación que priorizan el ahorro económico sobre la seguridad de las personas trabajadoras y de las y los menores”, al tiempo que recuerda que “la trabajadora falleció tras sufrir una agresión violenta por parte de tres menores tutelados con medidas judiciales, mientras se encontraba sola y sin apoyo en su turno de noche”.
Para USO, “las Administraciones deben asumir su responsabilidad y garantizar condiciones laborales seguras y dignas para el personal que trabaja en los centros de menores, para que no se vuelvan a repetir sucesos como el de Badajoz”. Esta organización exige el estricto cumplimiento de la normativa vigente para velar por la integridad de las personas empleadas en los centros.
CCOO incluso explica que “esta tragedia no es un accidente”, sino “el resultado de años de externalizar servicios sociales a empresas que ganan concursos prometiendo gastar menos, aunque eso signifique recortar en seguridad, formación y personal”.
En los últimos cinco años una parte muy importante de las licitaciones que se acaban adjudicando no permiten cumplir con lo dispuesto en el Convenio Colectivo del sector ni en la normativa de prevención y protección de las personas trabajadoras, adjudicándose a empresas que presentan ofertas económicas temerarias”, señala el sindicato.
En estas condiciones, apunta con toda intención, generan “ratios persona trabajadora/menores que impiden manejar situaciones de alta complejidad”.
La organización sindical pide una investigación tanto de las circunstancias de la agresión mortal como de las posibles irregularidades en la adjudicación del servicio y la supervisión del centro y que se depuren las responsabilidades que puedan existir.
Además, reclama auditorías inmediatas en todos los centros de menores del Estado, la reversión de las externalizaciones de los servicios sociales, protocolos específicos de actuación ante situaciones de denuncias previas, así como un análisis exhaustivo y riguroso del perfil de los menores que son asignados en régimen semiabierto.
Este sindicato anuncia que convocará concentraciones por todo el Estado en solidaridad con la familia de la víctima y personas allegadas, y en repulsa por la agresión mortal, y para exigir “trabajo digno y seguro para las personas trabajadoras del sector”.
USO ha solicitado la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud de Servicios Sociales para encontrar soluciones inmediatas que garanticen un entorno seguro para los profesionales del sector y ha solicitado a los colegios profesionales del tercer sector y al resto de sindicatos, la constitución de una plataforma común de actuaciones, para poder llevar a cabo acciones conjuntas en materia de prevención, así como manifestaciones y movilizaciones.
También exige “protocolos de seguridad adecuados”, el refuerzo de los recursos humanos y materiales y garantías para un entorno laboral seguro para evitar que tragedias como ésta vuelvan a repetirse.
Incluso insta a las Administraciones públicas a que se reconozca a las personas trabajadoras de los centros de menores como figura de autoridad pública, lo que en su opinión, supondría una mayor protección legal ante agresiones y amenazas, garantizando una mayor protección legal.
Las organizaciones de trabajadores vienen advirtiendo de que los trabajadores y educadores sociales se enfrentan a episodios de “estrés emocional, turnos en solitario y potenciales situaciones de conflicto”. Hasta el Consejo General del Trabajo Social se ha pronunciado, mostrando su “consternación y preocupación” por un suceso que pone en “evidencia las precarias condiciones” del sector.
Redactor jefe de Noticias Obreras
