Hacer efectivo el derecho al trabajo y a unos medios de vida dignos del pueblo gitano (II)
Como estudiara John Ogbu para los afroamericanos en EEUU, los miembros de una minoría étnica autóctona a menudo se encuentran con un “techo limitado de empleo”, no solo por la escasez de formación reglada y de cualificación profesional, sino también por la ausencia de red de influencias (“enchufismo”) y por la estereotipia negativa proyectada sobre ellos por los empleadores (“aun con igual titulación, no tienen las mismas oportunidades laborales”).
A lo que hay que añadir los obstáculos en el ejercicio de sus empleos tradicionales que padece el pueblo gitano. Todo ello tiende a abocarlos a trabajos en una posición más vulnerable, ingresos bajos y un mayor riesgo de exclusión.
Como ya señalara la Unión Romaní en 1994, “es el trabajo quien marca los modos de vida, quien pone barreras entre la realidad y la ficción, quien sienta las bases para conseguir objetivos personales. La marginalidad en el trabajo es el primer paso hacia la marginación social de toda la familia”.
Por ello, se requieren “políticas públicas dirigidas a la inclusión social de la población gitana”, que han de combinar “medidas universales con enfoque inclusivo o mainstream con medidas específicas o target”; es decir, se precisan políticas que propicien el trabajo suficiente y en buenas condiciones para toda la población y, a la vez, programas destinados a incrementar la empleabilidad de la población gitana en situación más desfavorecida (Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano).
Además, es fundamental que el ingreso mínimo vital (IMV) se haga efectivo siempre que sea necesario. El IMV nació en 2020 como una prestación destinada a garantizar unos ingresos mínimos para las familias en situación de extrema pobreza. Pero “el proceso de solicitud y aprobación ha demostrado ser excesivamente lento y burocrático”.
Según datos recientes, “muchas familias, incluidas numerosas del Pueblo Gitano, han tenido que esperar meses, e incluso más de un año, para recibir una respuesta a sus solicitudes” o “han visto rechaza su solicitud por errores administrativos menores”.
En algunas comunidades autónomas, como Andalucía, esto es especialmente sangrante.
Para garantizar que el IMV cumpla con su objetivo de combatir la pobreza extrema, la exclusión social y atender a las familias más vulnerables, es imprescindible implementar medidas concretas que agilicen su gestión y eliminen las barreras actuales. El asegurar que ninguna familia quede atrás en la lucha contra la pobreza y la exclusión social debe constituir una prioridad.
Miembro de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, Asociación Presencia Gitana y del Grupo de Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
