El Consejo Económico y Social considera un avance la reducción de la jornada laboral
El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno, ha reconocido “la importancia de que se produzcan avances en la reducción de la jornada laboral”, aunque reclama flexibilidad en su aplicación y mayor fundamentación económica
Este órgano consultivo que presta asesoramiento al Gobierno y evalúa los proyectos legislativos en materia sociolaboral compuesto por su presidente, Antón Costas, por 20 consejeros patronales, 20 sindicales y otros 20 de ámbitos como las organizaciones profesionales agrarias, pesqueras y de la economía social, ha aprobado este miércoles, con solo dos votos en contra, de los sindicatos CIG y ELA, y una abstención, el dictamen sobre el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada hasta las 37,5 horas semanales, el derecho a la desconexión digital y el registro horario digital.
El informe reconoce “la relevancia social, económica y empresarial” de la reducción de jornada y considera “fundamental seguir adaptando las condiciones laborales a los cambios sociales, económicos y tecnológicos, garantizando en todo momento un equilibrio entre los derechos de las personas trabajadoras y las necesidades organizativas y productivas del tejido empresarial”.
El CES considera positiva la reducción del tiempo de trabajo e incluso no se oponen frontalmente a que se regule en este sentido, lo que parece un logro ante las diferencias de los agentes sociales. De hecho, admite que “persisten diferencias significativas entre las organizaciones representadas en este órgano consultivo respecto del instrumento normativo para alcanzar estos objetivos”.
La patronal había defendido la negociación colectiva como ámbito para acordar la duración de la jornada, mientras que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos apuestan por la acción legislativa, que es lo que se ahora debe tramitar el Parlamento.
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Flexibilidad para lograr una aplicación efectiva
El dictamen aboga por contemplar “un régimen transitorio suficiente que permitiera a los ámbitos sin convenio colectivo en vigor la adaptación de los sistemas organizativos de las empresas y, en los casos donde sí existe convenio de aplicación, un periodo también suficiente que haga efectiva la adaptación a través de la negociación colectiva”. Todo ello en aras de una aplicación sin demoras indefinidas de la futura norma, sobre cuya legitimidad no parece haber dudas al haberse incorporado el antecedente del Tribunal Constitucional que avaló la reducción a las 40 horas a la semana.
El informe del órgano consultivo critica, eso sí, con contundencia, la falta de tiempo que ha tenido para evaluar el anteproyecto de ley: “Habría sido deseable que la tramitación del presente anteproyecto, previa a su llegada a las Cortes, se hubiera enviado al CES con el plazo ordinario”.
Sobre la justificación económica dice que “está basada en un análisis de los impactos económicos esperados insuficientemente fundamentado e incompleto”.
Desde su punto de vista, hubiera sido oportuno “un estudio en profundidad que determinara, con el máximo rigor, en primer lugar, los previsibles efectos económicos y redistributivos a corto plazo de la medida, tanto desde el punto de vista macroeconómico como específicamente en los distintos sectores, ramas de actividad y empresas afectados por la reforma, dada la heterogeneidad del tejido empresarial español”.
Menos ambiguo se muestra el CES al hablar del registro de jornada digital e interoperable que contempla el anteproyecto. Al menos, valora que toda la regulación de registro de jornada se refunda en un solo artículo, con el anteproyecto planteado, por lo que tiene de “clarificador”.
En cambio, precisa, que “debiera regularse este extremo de forma que se garantice su coherencia y compatibilidad con las exigencias impuestas por la Ley Orgánica de protección de datos personales y el Reglamento general de protección de datos europeo”, precisa, al tiempo que plantea que se tenga en cuenta “la realidad productiva diferencial, entre otros, de los sectores agrario y pesquero, donde la aplicación de medios digitales para el registro de jornada puede resultar especialmente complicado”.
El sindicato UGT ha resaltado que este dictamen es el resultado de un “esfuerzo colectivo”, con el objetivo de avanzar en la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras y, al mismo tiempo, contribuir a una mayor competitividad de las empresas.
A pesar de que algunos puntos de las conclusiones reflejan las discordancias, la organización de trabajadores valora el consenso alcanzado en torno a “los principios generales de esta reforma”. La organización de trabajadores considera el dictamen “un paso adelante en la tramitación de la ley” que debe servir para “lograr un amplio consenso en el Parlamento, incorporando al conjunto de las fuerzas políticas democráticas”, e incluso a la patronal.
Redactor jefe de Noticias Obreras
