USO reclama políticas laborales ambiciosas, además de la reducción del tiempo de trabajo

USO reclama políticas laborales ambiciosas, además de la reducción del tiempo de trabajo
El secretario general de USO, Joaquín Pérez, considera que el 2025 tiene que ser un año decisivo para avanzar en derechos laborales y combatir desigualdades históricas”. Por eso plantea una serie de medidas que “deberán aplicarse con ambición y sin margen para la exclusión”

Una de las asignaturas laborales pendientes que debe afrontar el gobierno es la regulación de la indemnización por despido en coherencia con los dictámenes de los órganos europeos que deberá abordarse en la mesa de diálogo social.

Las propuestas, en este sentido, van desde recuperar la indemnización de 45 días de salario por año trabajado a establecer un mínimo adecuado para aquellos trabajadores con poca antigüedad.

El objetivo debe ser, según USO, evitar que se siga utilizando el contrato indefinido como un contrato temporal y calcular el daño real del despido en función de factores como antigüedad, edad y formación. Para Pérez, “el gran pinchazo de las dos últimas reformas laborales ha sido en especial este tema, el despido en España es fácil y barato”, por lo que también ha llegado la hora de “poner encima de la mesa el despido individual y colectivo, asignatura pendiente de la última reforma que supuestamente venía rectificar lo más lesivo de la de 2012”.

El fin de la extinción automática de contratos por discapacidad, aunque anunciado, todavía no se ha plasmado en la legislación. Queda pendiente de aprobación es la reforma del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores. Joaquín Pérez recuerda que “desde USO, llevamos demandando muchos años y que permitirá a mucha gente no ser excluido y en muchos casos expulsado del mercado laboral para siempre”.

La anulación como causa de despido automático del reconocimiento de la discapacidad, desde su punto de vista, “permitirá a las personas trabajadoras decidir entre adaptar su puesto o cambiarlo por otro, según las condiciones laborales disponibles”.

Pacto de Estado contra la siniestralidad

El sindicato insiste en alcanzar un acuerdo contra la siniestralidad laboral, una vez constatado que “no se ha anunciado ningún avance al respecto”, tras haberse puesto en marcha en 2024 el diálogo social para revisar y proponer una reforma de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

Sin embargo, se está produciendo un debate sobre el absentismo laboral y el lanzamiento de globos sonda de medidas orientadas a la reducción de las bajas laborales por la vía del recorte de derechos de las personas trabajadoras, sin evitar “el mensaje de criminalización y acusación de fraude generalizado en la incapacidad temporal a trabajadores y facultativos.

“Echamos en falta en este debate un análisis en el que se aborden los fallos en la prevención, la falta de reconocimiento del origen laboral de muchas de las incapacidades temporales que las mutuas consideran comunes o cómo afectan las condiciones de trabajo y la precariedad a las personas trabajadoras”, más aún cuando solo se habla de recorte del gasto a costa de la salud y ampliar las competencias de las mutuas para que lo lleven a cabo.

Este sindicato sigue reclamando que la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadores sea una prioridad para gobierno, administraciones y empresas. “No podemos normalizar que murieran, en 2023, 721 trabajadores y trabajadoras, dos al día, en accidentes en el trabajo o en el camino de ida y vuelta del mismo o que, de enero a octubre de 2024, hayamos alcanzado la escalofriante cifra de 664 muertes en accidente laboral”, apunta Pérez, quien demanda un Pacto de Estado en esta materia.

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Subida de los salarios

En su opinión, sigue siendo necesaria la subida de los salarios, empezando por los más bajos para paliar el impacto paliar el impacto de la inflación y garantizar condiciones laborales más dignas a alrededor de dos millones y medio de personas trabajadoras.

Después de todo los últimos informes sobre pobreza no dejan lugar a dudas, hay más trabajadores pobres y con bajos ingresos, la UE nos alerta de la vergonzosa tasa de pobreza infantil. En este sentido, Pérez plantea establecer el salario mínimo interprofesional en torno a los 1.190 euros mensuales.

Reducción de la jornada laboral

También reclama el secretario general de USO la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media que previsiblemente se aplicará de forma progresiva. Por mucho que ya se conozca el anteproyecto, el sindicato alberga muchas dudas sobre su aplicación y la forma en que se materializará la mejora de la conciliación y productividad.

La organización sindical ya ha presentado alegaciones al proyecto de ley de reducción de la duración máxima de la jornada de trabajo, para que no implique una disminución salarial ni de beneficios sociales. Pérez hace hincapié en las medidas de control por parte de Inspección de Trabajo, de modo que el registro horario resulte realmente eficiente, no pueda manipularse y garantice la protección del derecho a la desconexión digital, entre otras cuestiones.

Para Pérz, “esta medida beneficiaría de forma especial a los trabajadores con jornada parcial, que verían incrementado el salario realizando la misma jornada. Por supuesto, es fundamental el refuerzo de la inspección y el incremento de las sanciones por incumplimiento en esta materia”.

Planes de igualdad y LGTBI y reducción de la brecha salarial

En su opinión, el Real Decreto 1026/2024 marca un antes y un después en la igualdad y no discriminación del colectivo LGTBI. Las empresas con más de 50 trabajadores deberán negociar planes específicos antes de abril de 2025, con acciones concretas para garantizar un entorno inclusivo y respetuoso. El primer semestre de 2025 marcará un momento decisivo en el que se tendrán que ir aprobando estos planes en las empresas.

De igual manera, la trasposición de la Directiva UE 2023/970 traerá cambios significativos en los planes de igualdad en las empresas. Entre ellas, la obligación por parte de las empresas de publicar la brecha salarial en sus páginas webs; justificar diferencias salariales superiores al 5% y reforzar la transparencia retributiva desde el inicio del proceso de selección.