Un nuevo incendio en un asentamiento de Huelva se cobra la vida de un trabajador temporero ghanés
Un trabajador ghanés que llevaba más de 20 años en España ha muerto en el incendio registrado en la madrugada del 26 de enero, en su precaria vivienda en el asentamiento de Santa Catalina en Lucena del Puerto (Huelva).
Se da la circunstancia de que días antes la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) había presentado su Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur en el que denunciaba las pésimas condiciones de vida de los trabajadores temporeros migrantes en los campos de Almería y Huelva. En el se concluía que “estos incendios son recurrentes debido a las condiciones de vida en las chabolas, construidas con materiales inflamables y la falta de medidas preventivas de seguridad, por lo que, ante la pregunta de las condiciones de vida en las chabolas hay un gran consenso al referirse al peligro de un incendio”.
Con este fallecimiento son ya cuatro las muertes provocadas por incendios en asentamientos similares desde 2019. “La vulnerabilidad en la que viven estas personas hace que pueda ocurrir cualquier cosa”, declaraba una integrante de Huelva Acoge, Emma González a la prensa. La subdelegada del Gobierno en Huelva, Mª José Rico, informó de que el origen del incendio podía deberse a una hoguera encendida con el fin de caldear la estancia durante la noche.
Alfonso Romera, presidente de la Asociación La Carpa, reconocía a medios locales que esta es “una muerte terrible” que le lleva a sentir “enfadado” porque no se están tomando las medidas necesarias para evitar los incendios. Según explicaba, el hombre fallecido llevaba 12 años trabajando en Lucena del Puerto y tenía sus papeles en regla, aunque no había podido acceder a una vivienda digna. Un tío suyo había ido a visitarlo, quedando “muy afectado” por la pérdida.
La secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha reconocido que tanto a las administraciones y a la sociedad “debería darnos vergüenza” la presencia de asentamientos informales en los que se resguardan miles de personas que trabajan en el campo de la provincia.
En Santa Catalina residen en la actualidad unas 20 o 25 personas, debido a que la mayoría se han trasladado a Jaén para la recogida de la aceituna. En plena campaña de los frutos rojos en todos los asentamientos de Lucena pueden concentrarse entre 1.000 y 2.000 personas. Según los datos recogidos en el informe de APDHA, en toda la provincia pueden llegar a vivir unas 5.000 personas en “infraviviendas construidas con materiales desechados como plástico, cartón o palets”.
La APDHA acusa a las administraciones públicas de desentenderse de su deber de garantizar condiciones de vida dignas a los temporeros. “Tras esta nueva muerte se esconde un sistema de explotación criminal que condena a la semiesclavitud a miles de personas”, se lee en un comunicado.
Trabajadores migrantes imprescindibles para la industria agroalimentaria, que genera enormes beneficios económicos, se ven obligados a habitar en asentamientos sin las mínimas condiciones habitabilidad ni mucho menos de seguridad.
Durante las lluvias torrenciales de mediados de enero, varias personas que residían en asentamientos de Lucena del Puerto fueron evacuadas debido a las inundaciones. El Ayuntamiento delegó en asociaciones locales la atención a los afectados, en lugar de asumir su responsabilidad, según denuncia la asociación pro derechos humanos.
El informe sobre derechos humanos recién presentado alertaba de la peligrosa combinación de materiales inflamables, instalaciones eléctricas precarias y la saturación de las infraestructuras por las lluvias, que crean un entorno de alto riesgo para los temporeros.
Además, criticaba la falta de acción de las administraciones públicas, recordando que la Constitución y el marco legal vigente establecen que la protección de las personas en situación de vulnerabilidad extrema es una obligación estatal, no una labor a delegar en asociaciones o particulares.
La asociación andaluza exige a las administraciones locales y a la Junta de Andalucía medidas inmediatas para garantizar soluciones habitacionales dignas que prevengan tragedias como las ocurridas en Lucena del Puerto. “Es inaceptable que la responsabilidad recaiga en la buena voluntad de vecinos y asociaciones locales. Esto es una obligación pública”, declaró la entidad.
“Es imprescindible que se ponga fin a las vulneraciones sistemáticas que sufren estas personas, cuya contribución es clave para la economía de la región”, concluye APDHA.
Redactor jefe de Noticias Obreras
