Piden mejorar la financiación de la dependencia y avanzar en la profesionalización de los servicios
Diversas entidades consideran que el sistema de atención a la dependencia en España, que el Ministerio de Derecho Sociales plantea reformar, necesita mayor financiación pública y avances sustanciales en la profesionalización del servicio
El borrador del anteproyecto de reforma de la Ley de Dependencia, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y al que ha tenido acceso Europa Press, contemple la mejora de la coordinación sociosanitaria y atención centrada en la persona, la ampliación de servicios a cuidados y apoyos en viviendas, préstamo gratuito de equipamiento, así como la agilización de los trámites y la respuesta a las solicitudes.
Nuestro país ha construido un sistema de atención a las personas dependientes de forma acelerada, en relativamente poco tiempo. Desde 2020, el presupuesto destinado a la dependencia se ha incrementado notablemente, gracias a la contribución adicional del Gobierno central de 2.100 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 251%.
El último informe del Observatorio de la Dependencia de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) señala la necesidad de mejorar la calidad de las prestaciones y del empleo en el sector. El sindicato CCOO, por su parte, reclama priorizar servicios profesionales en la reforma de la Ley de Dependencia.
El número de beneficiarios de las prestaciones se ha incrementado un 6,9% en 2024, con el 94% de las solicitudes presentadas aprobadas. No obstante, cerca de 135.400 personas no han recibido respuesta a sus demandas.
En términos internacionales, España destina el 0,9% del PIB a cuidados de larga duración, una cifra baja con respecto a los países nórdicos, con un gasto entre el 2,7% y el 4%.
El sector emplea actualmente a 700.000 personas, un 12% más que en 2023, con una marcada feminización (81%) y un creciente porcentaje de trabajadores de origen extranjero, principalmente latinoamericanos.
Pero si algo caracteriza el modelo español de cuidados a las personas dependientes es el papel de cuidadores no profesionales. El sindicato CCOO ha advertido de que el 41,5% de las personas dependientes atendidas en el Sistema de Dependencia reciben una prestación económica para el cuidado familiar, pese a que la normativa establece que esta debería ser “excepcional”.
En total, 618.000 personas se benefician de esta ayuda, y el 72% de las cuidadoras son mujeres, en su mayoría hijas, madres o cónyuges. Sorprendentemente, más del 7% de estas cuidadoras superan los 80 años de edad, lo que pone de manifiesto una carga significativa en familias envejecidas.
Las personas del entorno desde 2013 también pueden recibir este tipo de prestaciones. De hecho, el 9% de las personas cuidadoras no tienen relación familiar directa con los dependientes.
Las prestaciones económicas vinculadas a servicios representan el 14,8% de los beneficiarios del sistema, aproximadamente 200.000 personas. Esta prestación exige un “doble copago” a las familias: primero, al ajustar la cuantía inicial según la renta del beneficiario; y segundo, al cubrir la diferencia entre la ayuda reconocida y el coste del servicio privado contratado, como una plaza en una residencia.
“El doble copago genera exclusión en muchas familias que no pueden asumir estos costes, debilitando la capacidad de protección del sistema público de dependencia”, asegura el sindicato.
La organización de trabajadores considera este modelo inadecuado para garantizar una atención de calidad comparable a la que ofrecen los servicios profesionales.
En contraste, los servicios profesionales de gestión pública directa o concertada protegen a 640.000 personas dependientes, lo que equivale al 43% del total. Estos servicios, como ayuda a domicilio, residencias y centros de día, son sostenidos por más de 525.000 trabajadoras y trabajadores especializados que garantizan una atención de calidad.
Para el sindicato, la prioridad de la reforma de la Ley de Dependencia debe ser el refuerzo de los servicios profesionales de atención a la dependencia, asegurando una financiación pública suficiente para evitar la exclusión y precariedad en la atención.
“Invertir en servicios profesionales no solo protege a las personas dependientes, sino que fortalece la sostenibilidad del sistema a largo plazo”, subraya el sindicato.
FEDEA coincide igualmente en la urgencia de mejorar la calidad en las prestaciones y mejorar las condiciones laborales, así como equiparar las inversiones en dependencia a las de otras naciones avanzadas, asegurando un sistema más sostenible y equitativo para sus beneficiarios y trabajadores.
Redactor jefe de Noticias Obreras
