Entidades sociales y eclesiales de Huelva denuncian la dejadez institucional tras un nuevo incendio en un asentamiento de trabajadores migrantes
Entidades sociales y eclesiales han suscrito un manifiesto en el que acusan a las instituciones de dejación de responsabilidades y falta de sensibilidad, tras un nuevo incendio que ha calcinado parte del asentamiento de Lucena del Puerto (Huelva).
El pasado sábado, a primera hora, el fuego calcinó cerca de 120 infraviviendas del asentamiento de chabolas conocido como “El Sevillano” en Lucena del Puerto (Huelva). Aunque no hay que lamentar víctimas mortales, unas cien personas migrantes empleadas, a menudo, en las labores de los campos cercanos tendrán que pasar las próximas noches al raso.
Para los colectivos denunciantes, entre los que figuran, la Asociación Multicultural de Mazagón, Ecologistas en Acción, La Carpa, Jornaleras de Huelva en Lucha, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Huelva, el Secretariado de Migraciones de Huelva o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, “este incendio es una prueba más de la desidia institucional ante una situación que se prolonga desde hace décadas”.
Diversas personas vinculadas a las asociaciones locales y la HOAC diocesana se trasladaron al poblado para ofrecer agua, ropa de abrigo y mantas y tienen previsto acudir hoy con alimentos ya elaborados al haber perdido los enseres con que cocinaban.
Entidades sociales y eclesiales en defensa de los derechos humanos y en solidaridad con las personas migrantes han denunciado la inacción del Ayuntamiento de Lucena del Puerto, cuyo alcalde se ha negado a habilitar instalaciones municipales para el realojo de emergencia de las personas afectadas. Según informan, la única propuesta ofrecida por el consistorio ha sido que estas personas “ocupen chabolas vacías”.
En la provincia de Huelva existen más de 40 asentamientos como este, donde malviven entre 2.000 y 4.000 personas dependiendo de la estación del año.
A pesar de las reiteradas denuncias de las organizaciones sociales sobre las condiciones infrahumanas en estos asentamientos, las Administraciones Públicas siguen sin actuar de manera efectiva.
Los ayuntamientos niegan el derecho a empadronamiento de estas personas, mientras que la Junta de Andalucía lleva meses mencionando un plan para “la erradicación de asentamientos” que todavía no ha hecho público, al margen de declaraciones puntuales.
Resulta particularmente grave la situación de las mujeres jornaleras que han perdido sus hogares en este nuevo incendio, dado que la mayoría han trabajado bajo las sucesivas órdenes de gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO) que regula la llamada “migración circular”.
Las mujeres trabajadoras afectadas por el incendio han trabajado varios años al amparo de esta legislación, pero al no haber recibido los salarios prometidos, han optado por permanecer en España, quedando así en situación irregular. Sin otras alternativas, acaban en los asentamientos de la vergüenza.
Las entidades acusan a las instituciones y el sector empresarial de dejación de sus responsabilidad y falta de sensibilidad hacia las personas migrantes que sostienen la economía de la región.
“Estas personas jornaleras son fundamentales para el éxito de unas campañas agrícolas que genera millones de euros anualmente y que se considera “el motor económico” de Huelva y Andalucía”, aseguran en un comunicado.
Además, alertan de la continuada y sistemática “vulneración de derechos humanos y laborales” al consentir la existencia de asentamientos chabolistas desde hace al menos 25 años habitados por personas trabajadoras en condiciones “insalubres, “sin agua, sin electricidad, ni recogida de basura”, perpetuando así “un ciclo de exclusión social incompatible con un estado de derecho”.
Las asociaciones firmantes reclaman la puesta a disposición de “alojamientos de emergencia”, dado que corresponde a las administraciones competentes velar por el acceso a un recurso habitacional a personas en situación de emergencia humanitaria y a largo plazo a una vivienda digna.
En segundo lugar, piden la “erradicación del chabolismo” a través de la implementación de un plan riguroso para acabar con los asentamientos y ofrecer alternativas habitacionales adecuadas para las trabajadoras y trabajadores que sostienen el sector agrícola.
Por último, reclaman un compromiso institucional entre las administraciones para acabar con “el racismo institucional y priorizar políticas que respeten los derechos humanos y laborales de estas personas”.
Por su parte, las organizaciones sociales y eclesiales han expresado su compromiso en la “lucha por la dignidad y los derechos de las personas jornaleras migrantes”, insistiendo en que con su trabajo diario contribuyen al desarrollo económico de la región, mientras enfrentan condiciones de vida inaceptables impropias de un estado de derecho.
Redactor jefe de Noticias Obreras
